La Moncloa avisa a los funcionarios de las consecuencias penales de organizar el refer¨¦ndum

Aunque la Generalitat insiste en que no pondr¨¢ en riesgo a los funcionarios para preparar el refer¨¦ndum de secesi¨®n, el Gobierno central ha optado por recordar a todos los trabajadores p¨²blicos los riesgos a los que se exponen. En un argumentario interno que maneja La Moncloa, y al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que la primera obligaci¨®n de los empleados p¨²blicos es la ¡°lealtad a la Constituci¨®n¡±; y que su incumplimiento puede implicar responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

El Ejecutivo del PP conf¨ªa en que los funcionarios no se arriesgar¨¢n a posibles sanciones o incluso a ser apartados de un puesto que han logrado por oposici¨®n. De momento la Generalitat ha optado por no poner a prueba a los trabajadores p¨²blicos y la licitaci¨®n de las urnas del refer¨¦ndum la han hecho altos cargos, no funcionarios. Sin embargo, ser¨¢ muy complicado mantener esa f¨®rmula en el tiempo. Por eso el Gobierno de Rajoy ha querido deslizar las recomendaciones a seguir en caso de que los funcionarios reciban ¨®rdenes de dudosa legalidad.

La Moncloa recomienda que el trabajador que reciba una orden que pueda ser contraria a la Constituci¨®n exija a su superior jer¨¢rquico que se la ponga por escrito. Este es uno de los asuntos que estuvo encima de la mesa en la reuni¨®n que a primeros de mayo mantuvo la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra.

La n¨²mero dos del Gobierno conoci¨® de primera mano el protocolo dise?ado por el sindicato, que aconseja a los empleados p¨²blicos que, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito inmediatamente, para poder advertir a la Administraci¨®n de sus dudas. En el caso de que el superior jer¨¢rquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda trasladar al superior su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. As¨ª se pretende evitar la responsabilidad del trabajador.

Las alarmas de los funcionarios catalanes se dispararon cuando se hicieron p¨²blicas las advertencias del diputado de Junts pel S¨ª Llu¨ªs Llach, advirtiendo de que los trabajadores p¨²blicos que se resistieran a acatar la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica ser¨ªan ¡°sancionados¡±. El Gobierno catal¨¢n matiz¨®, pero nunca desminti¨® esas palabras.