Aguafiestas

Los lectores me disculpar¨¢n que, por una vez, ejerza el papel que sugiere el t¨ªtulo de este art¨ªculo. Lo considero justificado y hasta ¨²til, aunque s¨®lo fuese para compensar un poco la estomagante apoteosis de autocomplacencia que ha acompa?ado al cuadrag¨¦simo aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977. No, no se trata de minimizar esa fecha, ni menos a¨²n de cargarse la transici¨®n entera; pero s¨ª de explicar ¡ªsobre todo, a los m¨¢s j¨®venes¡ª que, lejos de ser la epifan¨ªa democr¨¢tica hoy descrita por muchos, aquellos comicios ¡ªy, por tanto, sus consecuencias pol¨ªticas¡ª estuvieron sujetos a serias limitaciones y graves condicionamientos. El primero de los cuales era su origen jur¨ªdico: la Ley para la Reforma Pol¨ªtica aprobada por unas Cortes sin legitimidad ni base democr¨¢tica, y ratificada mediante un refer¨¦ndum de factura dictatorial.

En un art¨ªculo apolog¨¦tico del 15-J-77 aparecido aqu¨ª el mismo d¨ªa de la efem¨¦ride, el profesor Francesc de Carreras evocaba ciertos textos suyos publicados cuatro d¨¦cadas atr¨¢s en el semanario barcelon¨¦s Arreu, y admit¨ªa: ¡°No recuerdo lo que escrib¨ª¡±. Es normal, pero para eso est¨¢n los archivos; y felizmente el m¨ªo conserva los tres n¨²meros de Arreu (9, 10 y 11) donde aparecieron los an¨¢lisis del constitucionalista.

Su planteamiento es impecable, el de cualquier dem¨®crata en aquellos momentos. Extremadamente compleja e incluso contradictoria, sutil, cauta y h¨¢bil, la Ley para la Reforma Pol¨ªtica ten¨ªa un potencial democratizador que, sin embargo, s¨®lo podr¨ªa desarrollarse si se cumpl¨ªan ciertas condiciones, entre ellas la ¡°libertad para todos los partidos pol¨ªticos¡± y su ¡°libre participaci¨®n¡± en las elecciones.

Es obvio que tan crucial requisito no se dio. Aquel 15-J decenas de partidos ¡ªaquellos que cuestionaban el orden socioecon¨®mico, o la forma de gobierno, o la unidad del Estado, o incluso la dinast¨ªa reinante¡ª no estaban legalizados ni pudieron competir en igualdad de condiciones. Eran los situados a la izquierda del PCE-PSUC m¨¢s algunos (Esquerra Republicana, el Partido Carlista...) a su derecha, unos y otros forzados por el Gobierno de Su¨¢rez a camuflarse bajo marcas de ocasi¨®n o en agrupaciones de electores. S¨®lo en Barcelona hubo cuatro candidaturas, que reun¨ªan a por lo menos 12 partidos ilegales.

En aquellas piezas period¨ªsticas escritas a finales de 1976, el doctor De Carreras se?alaba acertadamente otra sombra que oscureci¨® el 15-J: el Senado, ¡°poco representativo de las amplias corrientes del pa¨ªs¡± debido a su elecci¨®n mayoritaria y no proporcional, basada en el territorio y no en la poblaci¨®n y con el a?adido de 41 senadores de designaci¨®n real. Exceptuado este ¨²ltimo elemento, todav¨ªa seguimos m¨¢s o menos igual...

Si las elecciones de junio de 1977, pues, estuvieron muy lejos de la ejemplaridad democr¨¢tica (?hemos olvidado ya el uso abusivo que la UCD hizo de los recursos y los aparatos del Estado, montando sus candidaturas desde los gobiernos civiles?), la legislatura constituyente que surgi¨® de ellas iba a adolecer de debilidades consecuentes con su origen y con la perfecta continuidad, sin ruptura ni depuraci¨®n alguna, de las estructuras de poder franquistas.

Hoy son p¨²blicas y notorias las presiones e interferencias de la c¨²pula militar mientras los padres de la Constituci¨®n redactaban los t¨ªtulos Preliminar y Octavo de la Carta Magna. Pero, para no hablar siempre de lo mismo, dirijamos el foco hacia otro terreno bien sensible: los comportamientos de las fuerzas policiales. Seg¨²n el exhaustivo estudio de la hispanista francesa Sophie Baby, Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982) ¡ªque, curiosamente, no ha encontrado editor en castellano¡ª, entre enero de 1976 y octubre de 1977, las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado causaron un m¨ªnimo de 50 muertos, 18 de ellos abatidos por participar en una manifestaci¨®n. Eso, sin contar las simult¨¢neas acciones de una extrema derecha m¨¢s o menos parapolicial y llamativamente impune. Es dudoso que, en tales circunstancias, una precampa?a y una campa?a electoral puedan ser calificadas de democr¨¢ticas y libres.

Insisto: la intenci¨®n de este art¨ªculo no es deslegitimar el reencuentro de los espa?oles con las urnas tras 40 a?os de ayuno forzoso, ni la Constituci¨®n subsiguiente, ni el edificio institucional construido sobre ella. Conmemoremos en buena hora el 15-J-77; pero hag¨¢moslo sin idealizaciones retrospectivas ni autoenga?os, aplicando a aquellos acontecimientos el mismo esp¨ªritu cr¨ªtico e igual rigor anal¨ªtico que aplicamos a otros procesos hist¨®ricos.

Joan B. Culla i Clar¨¤ es historiador