El TC declara inconstitucional parte de la Ley de Comunicaci¨®n Audiovisual de Catalunya

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra varios preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicaci¨®n Audiovisual de Catalunya (LCAC). La sentencia, alcanzada por unanimidad, declara inconstitucionales varios preceptos de la norma que, por referirse a aspectos "t¨¦cnicos" del espacio radioel¨¦ctrico, inciden en la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones. Asimismo, declara la inconstitucionalidad del r¨¦gimen de duraci¨®n, renovaci¨®n y transmisi¨®n de las licencias de comunicaci¨®n audiovisual, contrarias a la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado. El ponente de la resoluci¨®n ha sido el magistrado Antonio Narv¨¢ez.

La sentencia explica que los preceptos impugnados se sit¨²an en dos ¨¢mbitos competenciales: una parte se enmarca en la esfera del art¨ªculo 149.1.21 de la Constituci¨®n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva respecto de las telecomunicaciones; y la otra, en el ¨¢mbito del art¨ªculo 149.1.27, que recoge la competencia estatal para dictar las normas b¨¢sicas relativas al r¨¦gimen de los medios de comunicaci¨®n social, competencia que es compatible con las facultades de ejecuci¨®n y desarrollo de las comunidades.

Seg¨²n la doctrina, la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones incluye tanto la "ordenaci¨®n, gesti¨®n, planificaci¨®n y control del dominio p¨²blico radioel¨¦ctrico" como "la regulaci¨®n de los aspectos m¨¢s t¨¦cnicos de las comunicaciones electr¨®nicas"; esto es, lo que afecte a "la regulaci¨®n del soporte o instrumento del cual la radio y la televisi¨®n se sirven - las ondas radioel¨¦ctricas, hertzianas o electromagn¨¦ticas-".

Igualmente, el Estado tiene competencia exclusiva respecto del "r¨¦gimen general de comunicaciones", lo que comprende la "conformaci¨®n, regulaci¨®n o configuraci¨®n del propio sector de telecomunicaciones".

Competencia compartida

Encaja en este ¨¢mbito "el otorgamiento de concesiones para la gesti¨®n indirecta del servicio por su estrecha conexi¨®n con los medios de comunicaci¨®n social", seg¨²n la sentencia.

Es una competencia compartida, por lo que la regulaci¨®n b¨¢sica normativa corresponde al Estado y, una vez ejercida esta y determinada la planificaci¨®n del espacio radioel¨¦ctrico correspondiente, el procedimiento de adjudicaci¨®n de aquellas, la inspecci¨®n de los servicios y la imposici¨®n de sanciones derivadas de infracciones corresponden a las comunidades aut¨®nomas en el ¨¢mbito de sus respectivas demarcaciones territoriales.

La sentencia, siguiendo los criterios ya subrayados, se divide en dos bloques, el primero sobre la regulaci¨®n del espectro radioel¨¦ctrico, que ha sido definido como "bien de dominio p¨²blico". En relaci¨®n con los art¨ªculos 17 a 22 de la ley catalana el Tribunal declara inconstitucionales y nulos solo los incisos, t¨¦rminos o apartados que implican interferencia auton¨®mica en el ¨¢mbito de las telecomunicaciones, reservado al Estado.

En lo dem¨¢s, declara constitucionales los citados preceptos siempre y cuando se interprete que se refieren a la "plasmaci¨®n u ordenaci¨®n" de la "pol¨ªtica audiovisual" de la Generalitat, llevada a cabo despu¨¦s de la adjudicaci¨®n de las frecuencias de ¨¢mbito auton¨®mico por el Estado.

As¨ª, la Generalitat puede "regular, conformar o determinar su espacio audiovisual" y decidir "los canales digitales de ¨¢mbito auton¨®mico que ser¨¢n explotados por el servicio p¨²blico de comunicaci¨®n audiovisual televisiva o por empresas privadas en r¨¦gimen de licencia".

La sentencia desestima no obstante la impugnaci¨®n referida al art¨ªculo 54.h) de la norma catalana e impone el pago de una tasa para la realizaci¨®n de la prestaci¨®n del servicio de comunicaci¨®n audiovisual mediante el uso del espacio radioel¨¦ctrico.

Adem¨¢s, el TC anula las letras h) y k) del art. 111 y dos incisos del art. 127.2 de la ley audiovisual en cuanto inciden en "aspectos t¨¦cnicos" de la prestaci¨®n de servicios de comunicaci¨®n audiovisual, que corresponden en exclusiva al Estado.

Medios de comunicaci¨®n

Al segundo bloque pertenecen aquellos preceptos que se enmarcan en el ¨¢mbito de la competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Aut¨®nomas en materia de medios de comunicaci¨®n social. As¨ª, respecto al art¨ªculo 2 de la norma auton¨®mica el TC condiciona su constitucionalidad a que se interprete que se refiere a "los operadores o distribuidores establecidos en Catalunya y que operen desde y para el p¨²blico de esta CC.AA".

La impugnaci¨®n se dirige tambi¨¦n contra varios preceptos que establecen el r¨¦gimen administrativo al que se somete la prestaci¨®n de los servicios de comunicaci¨®n audiovisual. Se cuestiona, en primer lugar, el art¨ªculo 37 de la Ley auton¨®mica que sustituye el r¨¦gimen de concesi¨®n por otro de licencia para los servicios de comunicaci¨®n audiovisual prestados a trav¨¦s del espectro radioel¨¦ctrico, y que exige un r¨¦gimen de comunicaci¨®n previa para los que empleen otras tecnolog¨ªas.

Esta regulaci¨®n era contraria a la normativa estatal vigente en el momento en que se aprob¨® la LCAC. Sin embargo, es acorde con la nueva regulaci¨®n estatal, vigente en la actualidad, por lo que el Tribunal declara su constitucionalidad.

El r¨¦gimen de duraci¨®n de licencias previsto en los art¨ªculos 55 y 56 LCAC es declarado inconstitucional y nulo por el Tribunal por ser contradictorio con la regulaci¨®n estatal de elementos que son "determinantes de la configuraci¨®n del mercado o sector audiovisual".

As¨ª, la ley estatal establece un plazo de duraci¨®n de la licencia de quince a?os y, siempre que se cumplan determinadas condiciones, un r¨¦gimen de renovaci¨®n autom¨¢tico e indefinido. Por el contrario, la norma impugnada fija un plazo de renovaci¨®n inferior (diez a?os) y limita a dos las renovaciones posibles.

A la misma conclusi¨®n llega la sentencia en relaci¨®n con el art¨ªculo 56 de la norma impugnada, que declara inconstitucional y nulo. Este precepto establece un criterio de intransmisibilidad de la licencia contraria a la permisibilidad estatal, que contempla la posibilidad de "celebrar negocios jur¨ªdicos con las licencias de comunicaci¨®n otorgadas siempre que se haya obtenido autorizaci¨®n previa y se cumplan determinadas condiciones".

Por ¨²ltimo, el Tribunal desestima el recurso en lo que se refiere a la garant¨ªa del pluralismo (art¨ªculos 39 a 44 LCAC), as¨ª como a la prestaci¨®n de servicios de comunicaci¨®n audiovisual por entidades privadas sin ¨¢nimo de lucro y a su promoci¨®n por los poderes p¨²blicos (art¨ªculos 70 y 71 LCAC). En ambos casos, entiende que son acordes con la normativa b¨¢sica estatal.