No hay derecho p¨²blico

Este verano y en Catalu?a no hay derecho p¨²blico: todo es derecho pol¨ªtico.

Me explico. El derecho p¨²blico ¡ªel administrativo, el fiscal¡ª configura las instituciones y regula las relaciones de la gente y de las empresas con los poderes p¨²blicos. Idealmente, el derecho p¨²blico es lento, sordo y no ve bien: gestionado por funcionarios vitalicios cuyos sueldos no dependen de su desempe?o, nos trata a todos por igual, muchas veces de forma fr¨ªa e ineficiente y, algunas, hasta feroz. Pero por igual, a todos del mismo modo y manera. Aqu¨ª no mandan ni el dinero ni, en particular, el color pol¨ªtico, las ideolog¨ªas de usted y yo. P¨®ngase en la cola, que ya le atenderemos, a usted, igual que al que tiene delante o detr¨¢s. La neutralidad del buen funcionario es la grandeza del derecho p¨²blico.

El derecho pol¨ªtico, en cambio, es esencialmente distinto, pues distingue en el acto entre amigos y enemigos, entre afectos y desafectos, entre nosotros y ellos. Y si las reglas de derecho no lo hacen, pues no filtran as¨ª a unos de los otros, el pol¨ªtico se pone en la puerta de la casa del derecho p¨²blico y decide cu¨¢ndo lo aplica, cu¨¢ndo no y siempre a favor de los afectos, de los amigos, de los nuestros: toda regla puede ser, primero, aplicada o no, y luego siempre puede ser entendida en el sentido m¨¢s favorable a los nuestros, en contra de los adversarios.

Les pongo un ejemplo: el poder legislativo catal¨¢n puede aprobar una disposici¨®n en cuya virtud se distinga entre el contenido pol¨ªtico de los mensajes para denegar subvenciones a los medios de informaci¨®n que no quieran doblegarse a publicar los mensajes del contenido apropiado. En un pa¨ªs cuya Constituci¨®n ampare la libertad de expresi¨®n, el poder legislativo catal¨¢n podr¨ªa subvencionar solo a los medios que publiquen en catal¨¢n, pero no podr¨ªa en ning¨²n caso negar ayudas a los que discreparan de los contenidos preferidos por el gobierno, pues la libertad de expresi¨®n se invent¨® para proteger a la gente del gobierno, no a este de aquella.

Otro: en el Parlament de Catalu?a, surge la proposici¨®n de suspender al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de Catalu?a ¡ªel equivalente catal¨¢n a lo que ser¨ªa un tribunal constitucional. ?Por qu¨¦? Ocurre que las resoluciones del Consejo no son siempre concordes con la opini¨®n pol¨ªtica del Parlament. Da igual que el desacuerdo surja de que el ¨®rgano que hay que suspender decida de acuerdo con el derecho p¨²blico catal¨¢n, que aqu¨ª manda el derecho pol¨ªtico, es decir, aquel que, en cada momento, los pol¨ªticos deciden que conviene m¨¢s. Prevalece el derecho pol¨ªtico.

El ¨²ltimo ejemplo es atroz: sabemos que el Parlament de Catalu?a es contenido, que nunca ha tenido la fuerza que deber¨ªa tener en un pa¨ªs de verdad. En nada estoy m¨¢s de acuerdo con la reivindicaci¨®n de la soberan¨ªa catalana que en este punto, que lo de aqu¨ª no es Westminster. Pero es lo que de momento tenemos y me merece un respeto grande. Que entonces el gobierno catal¨¢n y la mayor¨ªa parlamentaria resuelvan que nuestro Parlament no debata la legislaci¨®n sobre la ¡°desconexi¨®n¡±, que en este pa¨ªs el primero en tomarse a broma el Parlament sea su gobierno, da pena, da miedo, da asco. No hay derecho.

Pablo Salvador Coderch es catedr¨¢tico de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra (UPF).