El Ayuntamiento vulner¨® los derechos de una mando de la Polic¨ªa Municipal

La c¨²pula de la Polic¨ªa Municipal de Madrid (6.400 agentes) vulner¨® los derechos fundamentales de la subinspectora Rosa Mar¨ªa G. D. al trasladarla a un destino (la unidad de Moratalaz) pese a no estar en condiciones f¨ªsicas y psicol¨®gicas para desarrollar ese trabajo. As¨ª lo han confirmado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que han mantenido el fallo del Juzgado n¨²mero 19 de lo contencioso-administrativo. Los jueces condenan al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

Este es el tercer varapalo judicial que recibe la direcci¨®n pol¨ªtica de la Polic¨ªa Municipal tras los cambios en la c¨²pula. Los mandos acudieron a los juzgados al entender que los nombramientos hab¨ªan sido arbitrarios y que no se respetaban las escalas ni la formaci¨®n de los nombrados.

La primera en frenar las aspiraciones de la direcci¨®n pol¨ªtica fue la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 19, Mar¨ªa del Mar Coque S¨¢nchez, que anul¨® de manera cautelar el nombramiento de Rosa Mar¨ªa G. D.? como responsable de la unidad de Moratalaz. La magistrada se bas¨® en dos informes de aptitud psicof¨ªsica laboral del pasado 8 de enero y de 19 de enero: ¡°Si la Administraci¨®n est¨¢ dispuesta en asumir los riesgos que puede suponer que Rosa Mar¨ªa Garc¨ªa Dur¨¢n est¨¦ en un puesto operativo (trabajo en la v¨ªa p¨²blica) con porte de armas, lo cierto es que los intereses generales que debe valorar y ponderar esta juez en este momento procesal no pueden ser otros que los que representa la seguridad ciudadana¡±.

La misma juez fall¨® en contra del Ayuntamiento el pasado 27 de diciembre, al dejar sin efecto el nombramiento de la mando. Los servicios jur¨ªdicos del Consistorio recurrieron ante el TSJM, alegando que no se hab¨ªa vulnerado la salud ni la integridad f¨ªsica de la mando policial. Tambi¨¦n adujeron que la valoraci¨®n de la prueba realizada por parte de la magistrada fue err¨®nea.

El fallo del Tribunal Superior, cuyo ponente ha sido el magistrado Santiago de Andr¨¦s Fuentes, hace un duro reproche a la direcci¨®n pol¨ªtica de la Polic¨ªa Municipal: ¡°Pese a la claridad y rotundidad de los informes m¨¦dicos, emitidos por los servicios dependientes del propio Ayuntamiento apelante, se procede a adscribirla a un nuevo puesto de trabajo que, a la postre, no puede ejercerse por la misma en la situaci¨®n f¨ªsica y ps¨ªquica en que se encontraba, sin justificarse en modo alguno el concreto porqu¨¦ de la adscripci¨®n a ese concreto puesto de trabajo¡±.

¡°Innecesaria penosidad¡±

Los jueces reprochan que la medida carece de justificaci¨®n y que adem¨¢s agravaba ¡°objetivamente la situaci¨®n psicof¨ªsica¡± de la mando policial. ¡°Se le impuso una absolutamente innecesaria penosidad en su trabajo a sabiendas de la lesividad para la misma de dicha situaci¨®n y sin adoptar previamente medida precautoria de ninguna ¨ªndole¡±, afirma la sentencia. ¡°Las decisiones adoptadas estaban completamente alejadas de la finalidad que las mismas hab¨ªan de perseguir, so pena de la vulneraci¨®n de los derechos fundamentales a la integridad f¨ªsica y moral, consagrados en el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n¡±, a?ade.

El TSJM defiende el recurso de la mando policial y recuerda que el traslado a Moratalaz supon¨ªa un dem¨¦rito hacia el resto de compa?eros. Seg¨²n los jueces, se diluye su profesionalidad y contribuye a generar dudas sobre su capacidad profesional. Y todo ello, ¡°con las concomitancias que ello tiene a la hora de afectar a la salud ps¨ªquica de la propia funcionaria¡±.

Los magistrados reprochan al Ayuntamiento que en un principio se dijera que no hab¨ªa otro puesto de trabajo para Rosa Mar¨ªa G. D. y que posteriormente, tras dictarse el auto de medidas cautelares, se la trasladase a un destino acorde a su situaci¨®n personal: ¡°Resulta que parece ser que s¨ª exist¨ªa otro puesto de trabajo al que pod¨ªa ser adscrita la hoy apelada y que, en principio, y sin prejuzgar la cuesti¨®n, bien parece mucho m¨¢s adaptado¡±.