Enrique Ortiz habr¨ªa ganado m¨¢s de 42 millones de euros con el ama?o del Plan General de Alicante

Un total de 42.100.911 euros. Es el beneficio que, seg¨²n el ayuntamiento de Alicante, se habr¨ªa embolsado el promotor inmobiliario Enrique Ortiz con el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) que los exalcaldes alicantinos del PP Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo dise?aron supuestamente a su medida. El constructor, procesado junto a ambos pol¨ªticos y otras siete personas en esta rama judicial del caso Brugal, no logr¨® esas plusval¨ªas millonarias porque el nuevo alcalde, el tambi¨¦n popular Miguel Valor, desisti¨® de la tramitaci¨®n del plan ante la Generalitat en febrero de 2015, tres meses despu¨¦s de que su antecesora dimitiera al verse acorralada por este caso de presunta corrupci¨®n.

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En su informe, presentado ante el juzgado de Instrucci¨®n 5 de Alicante, la jefa del servicio municipal de Gesti¨®n Urban¨ªstica analiza el valor de mercado de 31 parcelas catastrales propiedad de Ortiz en cinco sectores urban¨ªsticos: Lomas del Garbinet, Fondo de Piqueres, Saladar, Fontcalent y La Condomina. Un suelo que pas¨® de no urbanizable, seg¨²n el PGOU vigente, de 1987, a generar aprovechamientos urban¨ªsticos despu¨¦s de su recalificaci¨®n o su adscripci¨®n a unidades destinadas a parques naturales.

Esas 31 parcelas ten¨ªan un valor en el mercado de 8.407.677 euros, seg¨²n el precio medio del metro cuadrado de cultivo en el mercado. A principios de 2011, su nueva catalogaci¨®n derivada de la revisi¨®n del plan general aprobada por el consistorio, dispar¨® el valor total del suelo a 50.508.589 euros, una vez descontados los costes del propietario para convertir los terrenos en solares edificables.

El informe t¨¦cnico ha sido elaborado a petici¨®n del concejal de Urbanismo, Miguel ?ngel Pav¨®n, y remitido el pasado mes al juzgado por el ayuntamiento, que ejerce la acusaci¨®n particular en esta causa. Sus conclusiones desmienten la versi¨®n exculpatoria que siempre ha esgrimido la exalcaldesa y ex edil de Urbanismo, Sonia Castedo, seg¨²n la cual Ortiz no se hab¨ªa visto beneficiado de ninguna manera con el nuevo PGOU. El juez Tejada atribuye a Castedo, D¨ªaz Alperi, Ortiz y los otros siete sospechosos la comisi¨®n de delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada. El magistrado sostiene que los pol¨ªticos y el empresario conformaban una "trama organizada" al servicio de este ¨²ltimo para favorecer sus intereses en el nuevo dise?o urban¨ªstico de la ciudad.

El auto de procesamiento dictado a principios de a?o por el instructor est¨¢ pendiente a¨²n de ratificaci¨®n en la Audiencia Provincial de Alicante, por lo que el juicio no se celebrar¨¢, al menos, hasta el a?o pr¨®ximo. Seg¨²n el magistrado, los exalcaldes percibieron supuestamente varias d¨¢divas de Ortiz a cambio de sus favores. Hay indicios que apuntan a que el constructor, que ha confesado su contribuci¨®n a la financiaci¨®n ilegal del PP a trav¨¦s de la G¨¹rtel, entreg¨® sobornos en met¨¢lico a D¨ªaz Alperi, pag¨® las hipotecas de sus hijos y le financi¨® un viaje en jet privado a la isla de Creta. Por su parte, Castedo habr¨ªa disfrutado presuntamente de unas vacaciones en Andorra e Ibiza y un coche.

A cambio, los pol¨ªticos le facilitaron informaci¨®n secreta sobre el futuro planeamiento para que maniobrara y comprara terrenos que iban a ser recalificados o ejercieron su influencia sobre el arquitecto encargado del plan, el tambi¨¦n investigado Jes¨²s Quesada, para adecuar el documento a los intereses del empresario, seg¨²n la investigaci¨®n judicial.