Una miniconstituci¨®n para dos d¨ªas despu¨¦s del 1-O

M¨¢s informaci¨®n

?Qu¨¦ har¨¢ Puigdemont despu¨¦s de declarar la independencia?

Estas son todas las empresas que se van de Catalu?a

Ley de transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica. Ese es el nombre de la segunda norma de ruptura que ha aprobado el Parlament esta madrugada con 71 votos a favor y 10 en contra. Se trata de una miniconstituci¨®n de la virtual rep¨²blica catalana ideada por el bloque de Junts pel S¨ª y la CUP para poder declarar la secesi¨®n dos d¨ªas despu¨¦s del refer¨¦ndum del 1 de octubre, si es que se impone el s¨ª. Su activaci¨®n, pues, est¨¢ condicionada a esa victoria y a la ley del refer¨¦ndum aprobada por el pleno el mi¨¦rcoles. La vigencia del articulado queda reducida a un periodo de un a?o: lo que se tarde en redactar una Constituci¨®n definitiva. Esta ¡°norma suprema¡± tambi¨¦n ser¨¢ previsiblemente anulada por parte del Tribunal Constitucional y su aprobaci¨®n volver¨¢ a poner en el ojo de la Fiscal¨ªa a la Mesa de la C¨¢mara.

La Catalu?a independiente. El articulado establece que sea ¡°una rep¨²blica de derecho, democr¨¢tica y social¡± en la que se respetar¨¢ el derecho europeo e internacional. Catalu?a, dice la proposici¨®n de ley, integrar¨¢ autom¨¢ticamente las nuevas normativas europeas que se dicten tras la aprobaci¨®n de la nueva norma. El jefe del Estado es el presidente de la Generalitat.

Los catalanes. Ser¨¢n aquellos que posean la nacionalidad espa?ola ¨Cque podr¨¢n mantener-- y est¨¦n empadronados en cualquier municipio de Catalu?a antes del 31 de diciembre de 2016. Tambi¨¦n podr¨¢n solicitar la nacionalidad del hipot¨¦tico nuevo Estado los nacidos en Catalu?a pero que vivan en otro lugar o los descendientes en primer grado de un poseedor de la nacionalidad catalana.

La nacionalidad catalana se puede adquirir ¡°por residencia legal y continuada en Catalu?a por un periodo de cinco a?os inmediatamente anterior a la petici¨®n¡±. Se computar¨¢ el tiempo anterior a la aprobaci¨®n de la ley de transitoriedad. No se establecen diferencias entre ciudadanos comunitarios y no comunitarios y tampoco se dan ventajas para adquirir la nacionalidad a los originarios de antiguas colonias espa?olas.

Tres lenguas oficiales. El proyecto de ley de transitoriedad establece el ¡°derecho a opci¨®n en relaci¨®n con las lenguas catalana, occitana y castellana¡± y da por buena la ley de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de 1998. Las tres lenguas tienen el mismo estatus.

Control gubernamental del poder judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a pasa a convertirse en el Tribunal Supremo Catal¨¢n. Su nombramiento corre a cargo del presidente de la Generalitat. El fiscal general es escogido por el Parlament, pero a propuesta del Gobierno catal¨¢n.

Amnist¨ªa al proc¨¦s. Uno de los art¨ªculos contempla la posibilidad de archivar o anular aquellos procesos penales contra investigados o condenados por conductas que ¡°buscaran el pronunciamiento democr¨¢tico sobre la independencia de Catalu?a o la creaci¨®n de un nuevo Estado¡±.

Propiedades estatales para la Generalitat. La Administraci¨®n se arroga la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bien que posea en Catalu?a. Todos los contratos de obras, suministros o prestaci¨®n de servicios del Estado en Catalu?a tambi¨¦n se los queda la Generalitat.

La deuda se negocia. La Generalitat se responsabiliza de todos los tributos y tasas que se pagan en Catalu?a, incluidas las cotizaciones sociales y las de calado aduanero. Como en otras materias, se deja en manos de una negociaci¨®n con el Estado espa?ol el futuro de los derechos y obligaciones de car¨¢cter econ¨®mico y financiero, es decir, el reparto de la deuda.

Subrogaci¨®n de funcionarios estatales. La Generalitat relevar¨¢ a la Administraci¨®n del Estado y los funcionarios estatales ser¨ªan asumidos por las instituciones catalanas ¡°en las mismas condiciones retributivas y de ocupaci¨®n¡±.

Falta de control legal a los decretos. Curiosamente la ley establece que los decretos ley, promovidos por el Gobierno catal¨¢n, no sean objeto de control por parte del Consejo de Garant¨ªas Democr¨¢ticas, el ¨®rgano hom¨®logo al Tribunal Constitucional. Algo que s¨ª sucede con las normas que apruebe el Parlament.

Sindicatura y censo electoral. El borrador ampl¨ªa la creaci¨®n de la sindicatura electoral que estaba prevista en la ley del refer¨¦ndum. Se compone de tres ¨®rganos: la Sindicatura Electoral de Catalu?a, la Sindicatura electoral de Ar¨¢n y las sindicaturas electorales comarcales. La primera se compondr¨¢ de siete miembros escogidos por el Parlament, cinco de los cuales ser¨¢n juristas o polit¨®logos de prestigio y el resto ser¨¢n jueces. Justo lo que aprob¨® ayer de madrugada el mi¨¦rcoles el Parlament.

La Constituci¨®n definitiva. Si gana el s¨ª en el refer¨¦ndum independentista ilegal, se activar¨¢ un proceso constituyente, marcado por tres fases: proceso participativo para proponer c¨®mo ha de ser la Constituci¨®n a trav¨¦s de un Foro Social Constituyente y un consejo asesor del Gobierno; elecciones constituyentes para conformar la Asamblea constituyente, encargada de la redacci¨®n; y ratificaci¨®n de la Constituci¨®n en un refer¨¦ndum. Esa aprobaci¨®n requerir¨¢ de 3 quintas partes del Parlament.