La fiscal¨ªa se querella contra los l¨ªderes de los alcaldes independentistas

La Fiscal¨ªa ha ultimado dos nuevas acciones a prop¨®sito del refer¨¦ndum ilegal del pr¨®ximo 1 de octubre. La Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a ha presentado ya una querella contra los m¨¢ximos responsables de los entes municipalistas que promueven el refer¨¦ndum: Neus Lloveras, presidenta de la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia (AMI), y Miquel Buch, presidente de la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM). La fiscal¨ªa de Barcelona, por su parte, se ha querellado contra los cinco miembros de la sindicatura electoral de Catalu?a por realizar actos que favorecen la celebraci¨®n de la consulta, declarada ya fuera de la ley por el Tribunal Constitucional (TC).

La primera querella atribuye a Lloveras y Buch los delitos de desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Ambos remitieron escritos a todos los alcaldes de Catalu?a en el que les solicitaban que elaborasen un decreto de alcald¨ªa de apoyo al refer¨¦ndum.Adem¨¢s de pedir su declaraci¨®n como imputados, la Fiscal¨ªa solicita cuatro medidas cautelares, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) deber¨¢ decidir si acuerda. La m¨¢s llamativa solicita al juez que ordene a todos los alcaldes la retirada de los carteles que aparezcan en la calle que inviten a votar en el refer¨¦ndum. La Fiscal¨ªa pide que se proh¨ªba a los ediles "imprimir, colocar o difundir por cualquier medio los carteles de fomento de la participaci¨®n a favor del s¨ª". Y que se les exija, adem¨¢s, "retirar, en su caso, los carteles que ya se hayan colocado".

La querella tambi¨¦n solicita el cierre de las p¨¢ginas web de las dos entidades (www.municipisindependencia.cat y www.acm.cat) y la imposici¨®n de una fianza para Lloveras y Buch por el presunto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Por ¨²ltimo, en la l¨ªnea de lo que ya solicitaron en la querella contra el Gobierno catal¨¢n en pleno por convocar el refer¨¦ndum, la fiscal¨ªa pide a los cuerpos policiales que act¨²en para requisar cualquier material electoral.

La querella se dirige contra los responsables de los entes supramunicipales que promueven el refer¨¦ndum del 1 de octubre. Adem¨¢s de alcaldesa de Vilanova i la Geltr¨² (Barcelona) y diputada en el Parlament por Junts pel S¨ª, Neus Lloveras es presidenta de la AMI. En esa condici¨®n, redact¨® y envi¨® a los alcaldes adscritos a esa entidad un modelo de decreto de alcald¨ªa en el que ¨¦stos mostraron su apoyo al refer¨¦ndum. Los alcaldes que firmaron ese decreto (m¨¢s de 700) ser¨¢n citados a declarar por la fiscal¨ªa como investigados. A Lloveras se le atribuyen los mismos delitos que a otros cargos pol¨ªticos encausados por el refer¨¦ndum: desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. La querella tambi¨¦n se dirige, por los mismos delitos, contra el presidente de la ACM, Miquel Buch.

Lloveras y Buch "son perfectamente conocedores" de los pronunciamientos del Constitucional y de las consecuencias penales de incumplir la ley, seg¨²n la fiscal¨ªa. A las 23.31 horas del 6 de septiembre, "apenas unos minutos despu¨¦s" de haberse aprobado la Ley del Refer¨¦ndum y el decreto de convocatoria del 1-O, desde la cuenta de correo de la AMI se envi¨® una comunicaci¨®n a todos los alcaldes de Catalu?a "suscrita por ambos querellados". En esa carta, se pide a los alcaldes que respondan "con la m¨¢xima celeridad" con un texto que diga: "Nos damos por informados y confirmamos la disponibilidad". En la comunicaci¨®n, Lloveras y Buch tambi¨¦n remiten una "propuesta de modelo de decreto de alcald¨ªa para demostrar vuestro apoyo pol¨ªtico al refer¨¦ndum".

El 10 de septiembre, Lloveras remiti¨® un nuevo correo a los alcaldes de los municipios de la AMI. En ¨¦l les hac¨ªa llegar un ¡°informe¡± sobre la Ley del Refer¨¦ndum redactado por un grupo autodenominado Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administraci¨®n Local por la Indepencia (SITxCAT). Este informe contiene la ¡°retorcida tesis¡±, en palabras de la Fiscal¨ªa, de que el refer¨¦ndum es legal porque se ampara en la nueva norma catalana y que lo que son ilegales son las resoluciones del Constitucional que suspenden las leyes secesionistas.

El ¡°il¨ªcito proceder¡± de Lloveras y Buch se completa con otro correo del pasado martes. En ¨¦l anuncian que la AMI y la AMC, ¨®rgano este ¨²ltimo de car¨¢cter p¨²blico, han elaborado carteles a favor de la participaci¨®n en el refer¨¦ndum (la AMC), y a favor del s¨ª (la AMI), y que se los har¨¢n llegar a los consejos comarcales de sus territorios para que los recojan y los coloquen en los pueblos y ciudades que gobiernan. En ese correo les advierten de que los carteles no se pueden pegar hasta las doce de la noche de ayer jueves, cuando comenzaba la campa?a electoral del refer¨¦ndum. El fiscal pide al Tribunal Superior de Justicia que ordene que no se coloquen los carteles y que se retiren los que ya se hayan pegado.

La sindicatura del 1-O

La segunda querella se dirige contra los cinco miembros de la sindicatura electoral, que hace las veces de junta electoral del 1-O. Entre sus funciones cuenta validar el censo electoral, los modelos oficiales de papeletas y el procedimiento del voto anticipado. El Tribunal Constitucional notific¨® personalmente a sus miembros (cinco titulares y dos suplentes) la suspensi¨®n del refer¨¦ndum y su obligaci¨®n de impedir cualquier actuaci¨®n que lo impulse. El tribunal ha dado, adem¨¢s, 48 horas a la sindicatura para disolverse.

Los miembros de la sindicatura electoral son Jordi Matas, doctor en Ciencia Pol¨ªtica; Marc Marsal, miembro de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Generalitat; Josep Pag¨¨s, licenciado en Ciencia Pol¨ªtica y abogado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona; T¨¤nia Verge, profesora de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Pompeu Fabra; y Marta Alsina, abogada especializada en responsabilidad civil. Fuentes judiciales se?alan que tambi¨¦n podr¨ªa dirigirse contra dos sustitutos.