El funcionario que incumpla ¨®rdenes se enfrenta a la expulsi¨®n

El Gobierno controla desde ayer una plantilla de m¨¢s de 200.000 empleados p¨²blicos de la Generalitat que deber¨¢n cumplir sus ¨®rdenes si no quieren enfrentarse a sanciones. Estas est¨¢n recogidas en el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico y pueden ir desde la suspensi¨®n hasta la separaci¨®n del servicio (expulsi¨®n). El Gobierno no descarta que pueda llevar esas conductas a la fiscal¨ªa si las detecta.

La aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n supone que el Gobierno central haya asumido una plantilla que, seg¨²n el Departamento de Gobernaci¨®n catal¨¢n, era en diciembre de 202.383 trabajadores. El grueso de esta (109.219) son funcionarios, pero tambi¨¦n hay interinos (41.946), personal laboral indefinido (38.000) y temporales (12.552). El resto se trata de altos cargos, directivos y eventuales. Todos ellos, salvo los que hayan sido destituidos por los acuerdos del Consejo de Ministros, est¨¢n bajo el control del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El hasta el viernes consejero de Asuntos Exteriores, Ra¨¹l Romeva, se mostraba convencido el lunes pasado de que, en caso de aplicarse el art¨ªculo 155, los funcionarios continuar¨ªan ¡°siguiendo las instrucciones¡± del Ejecutivo ¡ªya destituido¡ª de Carles Puigdemont. Algunos grupos de trabajadores del Departamento de Cultura y algunas escuelas anunciaron que as¨ª lo har¨ªan, pero las direcciones auton¨®micas de los sindicatos mayoritarios ¡ªcontrarios tanto a la declaraci¨®n de independencia como a las medidas del Gobierno¡ª no se pronunciaron al respecto.

Infidelidad a la Constituci¨®n

La orden publicada el viernes en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) fija que la vulneraci¨®n de las medidas del acuerdo del Consejo de Ministros ¡°se entender¨¢ como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci¨®n y al Estatuto¡±, por lo que se penalizar¨¢ de acuerdo con las infracciones previstas en ¡°la normativa disciplinaria estatal o auton¨®mica¡±. El r¨¦gimen sancionador est¨¢ contemplado dentro del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, que se aplica al personal laboral de la Administraci¨®n General del Estado, al de las comunidades aut¨®nomas, las entidades locales y todos los organismos p¨²blicos y agencias que est¨¦n vinculadas con cualquiera de estos ejecutivos.

Esa norma, en efecto, contempla como ¡°faltas muy graves¡± el incumplimiento del deber de respeto a la Constituci¨®n y a los Estatutos de Autonom¨ªa y a la ¡°desobediencia abierta a las ¨®rdenes o instrucciones de un superior¡±. La misma ley establece las sanciones que pueden imponerse por ese tipo de infracciones: la separaci¨®n del servicio de los funcionarios (expulsi¨®n) o la revocaci¨®n del nombramiento en el caso de los interinos; el despido disciplinario del personal laboral y su inhabilitaci¨®n para tener un contrato similar a las funciones que desempe?aba; la suspensi¨®n firme de funciones o de empleo y sueldo por hasta seis a?os; el traslado forzoso ¡ªcon o sin cambio de residencia¡ª, o el dem¨¦rito, es decir, la penalizaci¨®n para su carrera profesional.

Responsabilidad penal

La ley recoge que la suspensi¨®n de empleo lleva aparejado un proceso de instrucci¨®n durante el que, aun as¨ª, el funcionario puede ser suspendido cautelarmente hasta seis meses. Sin embargo, el Gobierno puede ir m¨¢s all¨¢. La orden del Consejo de Ministros tambi¨¦n recoge, no obstante, que ese procedimiento sancionador puede llevarse a cabo ¡°sin perjuicio¡± de la posibilidad de ¡°poner los hechos en conocimiento del ministerio fiscal para exigir responsabilidades penales¡±.

Del mismo modo, el acuerdo tambi¨¦n incluye un apartado para dar ¡°seguridad jur¨ªdica¡± a los funcionarios y empleados p¨²blicos de la Generalitat. Este establece que, en caso de que se hayan incoado, tramitado o resuelto expedientes a funcionarios por haber acatado resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional que hayan anulado ¡°actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista¡± ser¨¢n ¡°nulos de pleno derecho e ineficaces¡±.

Por otra parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dict¨® ayer los servicios m¨ªnimos de la huelga general convocada por el sindicato independentista Intersindical-CSC para el periodo de entre el 30 de octubre al 9 de noviembre. Ayer la organizaci¨®n minoritaria desconvoc¨® la jornada del d¨ªa 30, pero dijo que informar¨ªa sobre el resto de d¨ªas. De momento, ning¨²n otro sindicato de Catalu?a se ha adherido a la convocatoria.