Por el derecho a la vivienda: poder local, pol¨ªtica global

Las ciudades son nuestro hogar comunitario, el espacio compartido de nuestros sue?os y angustias, donde se evidencian las diferencias pero tambi¨¦n donde nace la solidaridad. S¨ª, la ciudad es nuestro hogar, y a la vez es donde el derecho a la vivienda, uno de los derechos m¨¢s b¨¢sicos pero menos protegidos, est¨¢ m¨¢s amenazado.

La reducida rentabilidad del capital y el descontrol y extrema facilidad de los movimientos financieros internacionales ha convertido la vivienda urbana, especialmente de ciudades capitales y din¨¢micas como las nuestras, en objeto de inversi¨®n especulativa. Esta din¨¢mica est¨¢ sometiendo a nuestras ciudades a una presi¨®n creciente, a menudo desde grandes fondos de inversi¨®n y otros actores de alcance internacional.

Podemos decir que el ¨¦xito y atractivo de esas ciudades supone a la vez un riesgo para sus residentes estables y para las familias. La presi¨®n tur¨ªstica impulsa los precios al alza y provoca que cada vez m¨¢s pisos se centren en el alquiler tur¨ªstico. En nuestras ciudades, ya hay barrios con m¨¢s alojamientos tur¨ªsticos que pisos de primera residencia. La compra de edificios enteros por parte de fondos inversores con el objetivo de destinarlos a la promoci¨®n tur¨ªstica, y la proliferaci¨®n de corporaciones dedicadas al alquiler por periodos cortos, como Airbnb, es un problema compartido entre las ciudades que firmamos este art¨ªculo. Mientras, el proceso de gentrificaci¨®n ¡ªpropietarios con alto poder adquisitivo que se instalan en barrios de tradici¨®n obrera¡ª tambi¨¦n provoca un aumento del precio de los alquileres, desplaza a los inquilinos con rentas m¨¢s bajas (a menudo migrantes y minor¨ªas), y hace desaparecer comunidades tejidas durante d¨¦cadas.

No sorprende, pues, que aumenten las diversas modalidades de exclusi¨®n residencial: familias desplazadas hacia la periferia urbana, degradaci¨®n de las condiciones de vivienda, hasta la expresi¨®n m¨¢s extrema de la inestabilidad residencial: el sinhogarismo. Numerosos estudios evidencian que las dificultades para acceder a una vivienda estable aumentan el riesgo de pobreza y exclusi¨®n social. Los precios desorbitados de los alquileres generan una importante extensi¨®n de la vulnerabilidad social.

Tenemos que poner a las personas en primer lugar y por encima del inter¨¦s econ¨®mico. Tenemos que tomar medidas que garanticen el derecho en la ciudad, el derecho a una vivienda. Esto es lo que las ciudades estamos haciendo. Este verano nos encontramos en Barcelona como ¡°Fearless Cities¡± [Ciudades sin miedo], para discutir sobre algunas estrategias clave, como el impulso de la vivienda p¨²blica, las ayudas al alquiler y la rehabilitaci¨®n, o poner ¨¦nfasis en las nuevas formas de vivienda social como la cesi¨®n de uso, que sacan la vivienda del tablero de la especulaci¨®n. As¨ª como desarrollar soluciones creativas para las personas sin hogar que den acceso a una vivienda digna y no solo soluciones de alojamiento temporal y de emergencia.

En especial queremos destacar dos l¨ªneas de actuaci¨®n imprescindibles donde las ciudades necesitan desarrollar m¨¢s competencias. En primer lugar, es esencial tener una regulaci¨®n del precio del alquiler que permita en las ciudades establecer ¨ªndices de referencia y poder prohibir a los propietarios que estos se superen. De hecho, estos ¨ªndices ya son una realidad en Nueva York, y en otras ciudades, como Par¨ªs o Berl¨ªn, pero pedimos m¨¢s capacidad regulatoria y m¨¢s recursos para que los inquilinos puedan organizarse y hacer frente a la creciente presi¨®n especulativa, al acoso y a la expulsi¨®n.

En segundo lugar, hay que regular el turismo en nuestras ciudades, poniendo l¨ªmites a su sobreexplotaci¨®n y masificaci¨®n, precisamente para que no deje nunca de ser atractiva, ni de ser productiva en sus m¨²ltiples facetas creativas, y para limitar sus efectos en los precios del alquiler. Y a los grandes operadores tur¨ªsticos y de alquiler de apartamentos no les pedimos nada extraordinario: simplemente cumplir la ley. Hay que acabar con los pisos tur¨ªsticos ilegales, y en esto seremos rigurosos, ya lo saben, en defensa del bien com¨²n.

Tres ciudades firmamos este art¨ªculo porque nos unen unos mismos retos y unas mismas esperanzas. Todas participamos en la cumbre Habitat III de NNUU donde se ped¨ªa ¡°derecho a una vivienda digna para todo el mundo¡± y se aprobaba una Nova Agenda Urbana. Con la paradoja, pero, que la firmaban los Estados ¡ªno las ciudades¡ª, a quienes exigimos un mayor compromiso con los retos que afrontamos, o bien la delegaci¨®n de la capacidad regulatoria para hacerlo nosotros. El derecho a la vivienda y su funci¨®n social tiene que ser considerado como un derecho a proteger, no solo en las ciudades sino a tambi¨¦n a nivel global.

Pero las ciudades no estamos solas, nos tenemos las unas a las otras, cada una con su singularidad y coyuntura, y desde la profunda solidaridad, reivindicamos nuestro papel protagonista, que tiene que ser reconocido con m¨¢s competencias y potestades para tomar medidas en favor de la ciudadan¨ªa.

Nuestras ciudades no son una mercanc¨ªa. Son una comunidad de personas muy diversa que quieren vivir y prosperar juntas, en com¨²n. Queremos que nuestras ciudades sean espacios donde pueda vivir todo el mundo de manera digna. Donde se garantice el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda.

Brad Lander es regidor responsable de Vivienda Asequible de Nueva York; Paula Marques es regidora de Vivienda de Lisboa y Laia Ortiz es teniente de alcald¨ªa de Derechos Sociales de Barcelona.