El PP denuncia al concejal de Econom¨ªa por ¡°escuchas ilegales¡±

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid interpuso ayer una denuncia, en aplicaci¨®n de la ley de Transparencia, contra el concejal de Econom¨ªa del gobierno de Ahora Madrid por un supuesto caso de "escuchas ilegales". Los populares acusan a Carlos S¨¢nchez Mato de haber grabado secretamente los consejos de administraci¨®n de la empresa mixta Madrid Calle 30, y de haber trasladado documentos de la sociedad para una digitalizaci¨®n sin previamente registrarlos. El edil defiende que las grabaciones respondieron a la "necesidad administrativa" de transcribir las actas, puesto que "algunos consejeros hab¨ªan exigido la transcripci¨®n casi literal de las intervenciones". De salir adelante, la denuncia podr¨ªa suponer hasta 10 a?os de inhabilitaci¨®n.

La normativa impone que en primera instancia se presente una demanda ante la administraci¨®n donde se habr¨ªa violado la ley, es decir, el Ayuntamiento de la capital. Esto significa que la alcaldesa, Manuela Carmena, ser¨¢ quien tiene que decidir si investigar o archivar el caso. En este ¨²ltimo escenario, el grupo municipal del PP, liderado por Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida, ha anunciado que recurrir¨¢ a los tribunales.

Las supuestas "escuchas ilegales" se habr¨ªan realizado "a escondidas" durante una de las reuniones del consejo de Calle 30. "Parece ser que se obten¨ªan ilegalmente y que a continuaci¨®n se destru¨ªan", dijo ayer el portavoz del PP. S¨¢nchez Mato contesta que las grabaciones sirvieron para las transcripciones de las actas, y que, tras registrarse las quejas de algunos consejeros, se dejaron de hacer: "Las grabaciones respond¨ªan a dicha necesidad administrativa, no se publicaban ni se utilizaban para nada m¨¢s", remarca.

La segunda parte de la denuncia ata?e a las 1.300 certificaciones que se sacaron de Calle 30 presuntamente sin control y rompiendo la "cadena de custodia", afirma ?lvaro Gonz¨¢lez (PP). En este caso, S¨¢nchez Mato defiende que fue el PP quien pidi¨® la digitalizaci¨®n de los archivos, y recuerda que se firm¨® un convenio con una empresa para garantizar la "confidencialidad". Y a?ade que la documentaci¨®n "no es parte de los expedientes administrativos de obra ni sigue una cadena de custodia, ya que recoge solo certificaciones de obra".

La digitalizaci¨®n sirvi¨® para la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la M-30, cuyo dictamen se aprob¨® en el pleno de noviembre, con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. El dictamen acusa al exalcalde Alberto Ruiz-Gallard¨®n de supuestas "irregularidades" y sobrecostes en la ampliaci¨®n de los t¨²neles de la M-30 y aboga por recuperar el control p¨²blico de Calle 30.

Los populares, que votaron en contra de la medida, critican que el dictamen lo redact¨® Samuel Romero, uno de los comparecientes en la comisi¨®n, y actual consejero apoderado de Calle 30 nombrado en 2016 por Ahora Madrid.