El Gobierno andaluz remite al Constitucional el acuerdo sindical sobre la jornada de 37,5 horas
La Junta ratificar¨¢ la medida cuando se cree un sistema que controle el trabajo no presencial
El Consejo de Gobierno andaluz ha decidido este martes remitir al Tribunal Constitucional el acuerdo sindical alcanzado para acatar la sentencia de los magistrados que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados p¨²blicos. El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, ha explicado que este acuerdo contempla que los funcionarios trabajen media hora diaria m¨¢s fuera del puesto de trabajo para completar las 37,5 horas. Junto a este tr¨¢mite, Blanco ha anunciado que el Gobierno andaluz ratificar¨¢ la medida una vez que se cree, en los pr¨®ximos d¨ªas, un sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada. El Constitucional estim¨® la semana pasada el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la reducci¨®n de la jornada. Seg¨²n la sentencia, los funcionarios tienen que trabajar, como m¨ªnimo, 37,5 horas semanales y los docentes entre 20 y 25 horas.
Tal y como explicara la consejera de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, tras la reuni¨®n con los sindicatos este lunes, Blanco ha se?alado que los funcionarios trabajar¨¢n 35 horas presenciales que se completar¨¢n con media hora diaria para la preparaci¨®n y organizaci¨®n de las tareas propias del puesto de trabajo, consulta e informaci¨®n de materias relacionadas con el trabajo, as¨ª como formaci¨®n para el perfeccionamiento y desarrollo profesional. El portavoz ha se?alado que se trasladar¨¢ al alto tribunal este acuerdo y que la Consejer¨ªa de Administraci¨®n P¨²blica deber¨¢ velar por el cumplimiento de la jornada de 37,5 horas. "Estamos trabajando en estos d¨ªas con celeridad para establecer ese sistema de seguimiento", se ha limitado a se?alar Blanco, quien ha dicho que el Consejo de Gobierno entiende que hay que trabajar "con todo el rigor necesario y seriedad" y bajo "el principio de la seguridad jur¨ªdica". "El Gobierno cumple y quiere hacer las cosas de la mejor manera posible", ha subrayado. Blanco?ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad, rigurosidad y seriedad", al tiempo que los pasos dados por parte de la Junta son "los m¨¢s oportunos y correctos".
En su resoluci¨®n, el tribunal consider¨® que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios p¨²blicos auton¨®micos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de Andaluc¨ªa, el decreto ley "vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el r¨¦gimen jur¨ªdico de las administraciones p¨²blicas". En su argumentaci¨®n, el Constitucional estima que el establecimiento de la jornada laboral ordinaria en 35 horas semanales vulnera la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a?o 2017, tal y como mantiene la parte recurrente. Los magistrados sostienen que la ley de Presupuestos fue aprobada por el Gobierno central "en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislaci¨®n laboral". Y en ella se dice que la jornada de trabajo de los funcionarios, incluidos los auton¨®micos, "no podr¨¢ ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en el c¨®mputo anual".
Tras la reuni¨®n sindical, la consejera de Hacienda resalt¨® que el acuerdo "constata" una realidad de los profesionales p¨²blicos que vienen dedicando un tiempo semanal a la realizaci¨®n de actividades y tareas complementarias relacionadas con su puesto de trabajo fuera del horario laboral. El reconocimiento de estos tiempos de dedicaci¨®n no presenciales, se?al¨® Montero, ha sido una "aspiraci¨®n sindical hist¨®rica" que est¨¢ respaldada por el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, al consagrar como derechos de los trabajadores la formaci¨®n continua y a la actualizaci¨®n permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral, as¨ª como la adopci¨®n de medidas que favorezcan la conciliaci¨®n de la vida personal, familiar y laboral.
La renta m¨ªnima, que entrar¨¢ en vigor en enero, oscilar¨¢ entre 419 y 779 euros al mes
El Gobierno andaluz ha aprobado el decreto ley que establece la renta m¨ªnima de inserci¨®n social como un nuevo derecho, que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo 1 de enero y beneficiar¨¢ a 45.000 unidades familiares (12.000 personas) y oscilar¨¢ entre 419 y 779 euros mensuales por doce meses prorrogables. Tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez Rubio, ha informado de que esta renta, que sustituye al hasta ahora salario social, contar¨¢ con una dotaci¨®n en 2018 de 198 millones, del total de 819 millones previstos para el per¨ªodo 2018-2021.
La consejera ha destacado que con la renta m¨ªnima se da respuesta a un derecho recogido en el Estatuto de Autonom¨ªa de Andaluc¨ªa para atender las situaciones de pobreza y exclusi¨®n social y ha aclarado que es un instrumento enfocado a la inserci¨®n laboral y social de las personas m¨¢s vulnerables. Con este derecho se pretende atender a muchas familias que "no han visto la recuperaci¨®n econ¨®mica", ha sostenido la consejera, quien ha negado que se le pueda calificar de "PER social" porque no se puede comparar un decreto ley con el Plan de Empleo Rural. La aportaci¨®n de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales se concede por doce meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias, frente a los seis del hasta ahora salario social. El plazo fijado para la concesi¨®n de la renta es de dos meses.
Los nuevos colectivos incluidos son los inmigrantes y los mayores de 65 a?os con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 a?os siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesi¨®n. Adem¨¢s, el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, as¨ª como las monomarentales y monoparentales, las mujeres v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar est¨¦ empadronada de forma estable en un municipio de Andaluc¨ªa desde al menos un a?o antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 a?os y est¨¦ inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Para el c¨¢lculo de la cuant¨ªa se tendr¨¢ en cuenta el Indicador P¨²blico de Rentas de Efectos M¨²ltiples (IPREM) y no se tendr¨¢n en cuenta para el importe la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo tanto contributivas como no contributivas, las pensiones de orfandad, la remuneraci¨®n por acogimiento, las pensiones de alimentos y las prestaciones econ¨®micas para personas en situaci¨®n de dependencia, entre otros aspectos.
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