La juez halla indicios de 11 delitos en la reforma de la plaza de San Fernando
La actuaci¨®n urban¨ªstica acumula una deuda de 94 millones y se encuentra en liquidaci¨®n
El juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de Coslada ve indicios de 11 delitos en la actuaci¨®n del exalcalde de San Fernando de Henares Julio Seti¨¦n (IU), miembros de su equipo de gobierno y varios socios de la sociedad Woodman, entre otros, en las obras de remodelaci¨®n de la plaza de Espa?a de la localidad. La sociedad semip¨²blica, que se cre¨® para llevar a cabo las obras, acumula una deuda de 94 millones de euros y est¨¢ en liquidaci¨®n. La magistrada se?ala que procede abrir un procedimiento abreviado, tras haber detectado la posible existencia de doble contabilidad, vaciamiento de la sociedad y enga?o a los propietarios.
El auto es una consecuencia m¨¢s de las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de San Fernando para remodelar la plaza de Espa?a y su entorno (declarado Bien de Inter¨¦s Cultural). En ellas fueron embarcados los propietarios de las viviendas del lugar, a los que se les asegur¨® que les ser¨ªan devueltas en 2011 reformadas. Algo que todav¨ªa no ha ocurrido, porque se encuentran embargadas.
Para emprender la actuaci¨®n urban¨ªstica, el Ayuntamiento (gobernado entonces por IU) cre¨® en 2008 una sociedad mixta llamada Plaza de Espa?a de San Fernando (PESF), de la que eran accionistas los propietarios de los inmuebles a reformar (51%) y el municipio (49%).
Los vecinos aportaron a PESF sus viviendas, y el Ayuntamiento aport¨® la plaza del pueblo y su subsuelo, a pesar de que son bienes p¨²blicos con los que no est¨¢ permitido comerciar, lo que ha provocado m¨²ltiples problemas. La gesti¨®n se contrat¨® con la empresa Woodman. Posteriormente Plaza de Espa?a San Fernando quebr¨® y ahora se encuentra en liquidaci¨®n.
En este contexto, la juez que abri¨® un procedimiento de diligencias previas tras recibir una querella de la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, ha detectado de forma ¡°indiciaria e inicialmente¡± actuaciones presuntamente delictivas. Estas podr¨ªan ser constitutivas de administraci¨®n desleal, insolvencia punible, apropiaci¨®n indebida, estafa, falsificaci¨®n en documento mercantil, delito contable continuado, apropiaci¨®n indebida, prevaricaci¨®n administrativa, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, delito contra la hacienda p¨²blica y otro societario. A la denuncia de la constructora se sum¨® otra de la Asociaci¨®n C¨ªvico Cultural el Molino de San Fernando.
El auto especifica que puede haberse producido una ¡°despatrimonializaci¨®n de la mercantil (PESF)¡± que la condujo a una situaci¨®n de concurso de acreedores en beneficio de sus administradores y en detrimento de los propietarios de la sociedad y de los acreedores que llevaron a cabo las obras y no han cobrado. El dinero proceder¨ªa del patrimonio de PESF y se habr¨ªa dirigido a la sociedad interpuesta Woodman y a otras relacionadas con ella o sus administradores.
Al mismo tiempo, la juez ha detectado indicios de que los querellados habr¨ªan llevado una doble contabilidad, que se habr¨ªa concretado en distintos contratos de obra ¡°en mayor o menor medida simulados con ruedas de pagar¨¦s, que eran descontados de forma que quedaban fuera de la contabilidad oficial¡±. De esta forma, las cuentas cerradas de PESF no reflejaban ¡°en absoluto las operaciones reales, ni los importes de los pagar¨¦s comprometidos¡±, puntualiza el auto.
El auto tambi¨¦n destaca la junta universal de la sociedad celebrada el 19 de junio de 2012, donde se acord¨® entregar los 370 inmuebles afectados por la remodelaci¨®n a sus propietarios. En la reuni¨®n se ocult¨® que todos los bienes inmuebles estaban embargados. El auto redunda en que no se advirti¨® a los socios asistentes de que ¡°seis d¨ªas antes se hab¨ªa solicitado al juzgado de lo mercantil el concurso voluntario de acreedores por insolvencia de la sociedad¡±.
El auto tambi¨¦n expone que la empresa contaba como ¡°¨²nicos recursos circulantes¡± distintos pr¨¦stamos hipotecarios de Caja Madrid, ¡°gran parte de cuyo montante se destin¨® a fines diferentes de aquellos para los que se constituyeron [pagar las obras acordadas], burl¨¢ndose los controles administrativos y pol¨ªticos¡±.
El exalcalde, Julio Seti¨¦n, culpa a las constructoras
Juan Manuel L¨®pez Rubio, abogado del exalcalde Julio Seti¨¦n, mantiene que su defendido no ha cometido ninguno de los delitos que se le atribuyen de forma indiciaria. No existe insolvencia punible, puntualiza, porque el retraso en la finalizaci¨®n de las obras y la retenci¨®n de estas por las constructoras querellantes, impidi¨® devolver los bienes a los propietarios y liberar los cr¨¦ditos correspondientes, por lo que crearon ¡°una situaci¨®n catastr¨®fica de tesorer¨ªa¡±. Setien ¡°no se apropi¨® personalmente de ning¨²n bien, por lo que no puede haber apropiaci¨®n indebida, y no se ha lucrado en absoluto de la operaci¨®n, por lo que no puede existir estafa. Tambi¨¦n indica que todos los gastos fueron auditados sin que se detectara ning¨²n problema.
La juez ha detectado, sin embargo, indicios de la existencia de delitos. Por este motivo, mantiene en el auto (que se puede recurrir) que procede continuar con un procedimiento abreviado. El Ministerio Fiscal y las acusaciones cuentan con diez d¨ªas para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
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