El PGOU de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de Castedo

Salvetti Abogados, despacho del que es socio el hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tuvo una actuaci¨®n decisiva en la tramitaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de la ciudad. Un informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica de la Polic¨ªa Judicial (UDEF) incluido en el caso Brugal revela el mecanismo a trav¨¦s del cual se solucionaban las alegaciones al plan presentadas por particulares.

El m¨¦todo para arreglar los problemas, seg¨²n la UDEF, tuvo su origen en la adjudicaci¨®n de una subcontrata por parte de la empresa adjudicataria de la redacci¨®n del plan a la sociedad G&M, de la que es administrador el exconcejal socialista Javier Guti¨¦rrez, quien, a su vez, es socio de Jos¨¦ Luis Castedo en Salvetti Abogados. G&M era la responsable de evaluar las alegaciones. Seg¨²n la polic¨ªa, todas las presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" El informe de la UDEF concluye que existen "indicios racionales suficientes" de que Guti¨¦rrez y Castedo, "adem¨¢s de contestar las alegaciones a trav¨¦s de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegaci¨®n que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".

El despacho cobr¨® tres millones por redactar alegaciones al Plan General

El 90% de los ingresos de Salvetti Abogados entre los a?os 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboraci¨®n del planeamiento urbano. La UDEF calcula en m¨¢s de tres millones de euros los ingresos que presuntamente habr¨ªan obtenido Castedo y Guti¨¦rrez y alerta de que "no solo habr¨ªa que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestaci¨®n de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad del cobro en varios millones de euros".

La polic¨ªa registr¨® el despacho del hermano de la alcaldesa hace cinco meses y los documentos encontrados en sus ordenadores son la base de este nuevo informe.El completo informe, de m¨¢s de 350 p¨¢ginas y 47 anexos con documentos que incluyen facturas, planos, y grabaciones, establece una relaci¨®n directa entre la firma Salvetti Abogados, que elaboraba las alegaciones de los afectados por el PGOU, y G&M Gesti¨®n del Suelo, la empresa que se encargaba de su aprobaci¨®n, hasta concluir una "comuni¨®n de intereses entre ambos". La polic¨ªa apunta algunos datos llamativos, como que G&M comparte domicilio en la calle de Casta?os de Alicante con Salvetti Abogados, aunque su representante, Javier Guti¨¦rrez, la inscribi¨® con domicilio en la avenida de Maisonnave de la ciudad.

La brigada policial reconoce que es "una constante" a lo largo de la documentaci¨®n intervenida encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo de G&M y el domicilio social de Salvetti. Por eso, concluye que "queda plasmada la labor de asesoramiento" que realiza Jos¨¦ Luis Castedo para esta sociedad, subcontratada por Laboratorios y Proyectos, de Jes¨²s Quesada, redactor del Plan General.

Aunque no aparece relaci¨®n fiscal directa del hermano de la alcaldesa con G&M, la investigaci¨®n descubri¨® la direcci¨®n joseluiscastedo@gmurbanismo.com y mucha m¨¢s informaci¨®n confiscada en el registro que "corrobora la vinculaci¨®n inequ¨ªvoca" con Guti¨¦rrez. Adem¨¢s, recuerda que Castedo se incorpor¨® en 2004 como t¨¦cnico a la Consejer¨ªa de Territorio, prestando servicios jur¨ªdicos en la delegaci¨®n territorial de Alicante y actuando como vocal de la comisi¨®n informativa de Urbanismo hasta el a?o 2008.

La polic¨ªa tambi¨¦n destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa empez¨® a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses despu¨¦s de que la regidora accediera al cargo tras la dimisi¨®n del exalcalde Luis D¨ªaz Alperi. Y es llamativo que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueran "aceptadas o estimadas parcialmente" en los puntos que m¨¢s favorec¨ªan a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M, ya que "las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las que realizan las estimaciones son las mismas", concluye el informe.

El monto que percibi¨® el despacho Salvetti por confeccionar las alegaciones de 11 clientes podr¨ªa alcanzar los tres millones de euros entre 2008 y 2009. La relaci¨®n de las mismas documenta la facturaci¨®n cruzada entre el bufete y sus clientes o la existencia de contratos de prestaci¨®n de servicios y descubre que se aprobaron alegaciones en diferentes planes o zonas de desarrollo de la ciudad.

En Pla Xirau, Salvetti cobr¨® 100.000 euros por conseguir la calificaci¨®n como urbanizable de dicho sector. La polic¨ªa encontr¨® un boceto de contrato por 1.115.000 euros con Gesti¨®n de Puertos Deportivos, SA, por un proyecto modificado de ejecuci¨®n de la construcci¨®n de un puerto deportivo en Puertoamor tras haber confeccionado y conseguido que se estimara una alegaci¨®n de la mercantil.

Otra empresa, Inmobiliaria Jim¨¦nez de Laiglesia, SL, abon¨® 65.036,56 euros por la "confecci¨®n y estimaci¨®n" de varias alegaciones en el sector La Condomina. Fincorp Mediaci¨®n pag¨® 116.000 euros por una serie de alegaciones, tambi¨¦n aceptadas en el LIC de Tabarca. A Enrique Ortiz le facturaron 90.480 euros por mediar en Fontcalent a favor del promotor alicantino. Y en esa misma zona la polic¨ªa tiene constancia de la facturaci¨®n de al menos 232.000 euros de los 800.000 que Salvett¨ª firm¨® en un contrato de prestaci¨®n de servicios para la empresa Terras de l'Horta. Y hasta les pag¨® 250.000 euros Nau, SL, una empresa de Bancaja, como provisi¨®n de fondos por un contrato de arrendamiento de servicios.

Agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa registraron el 14 de abril de este a?o el despacho Salvetti Abogados Consultores SL, en el marco de las investigaciones del caso Brugal. El fiscal Anticorrupci¨®n solicit¨® la imputaci¨®n de ambos socios por mediar a favor de Ortiz en la resoluci¨®n de alegaciones a la ordenaci¨®n urban¨ªstica de la ciudad. El despacho, seg¨²n el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.