Pobreza energ¨¦tica y negocio el¨¦ctrico

La madrugada del 14 de noviembre de 2016, Rosa, de 81 a?os, fallec¨ªa en Reus. Se hallaba sin suministro de electricidad por impago y las velas que hab¨ªa colocado para iluminar la vivienda resultaron mortales. De todo eso ha pasado m¨¢s de un a?o y la dureza de la crisis sigue dejando en la cuneta a decenas de miles de personas. Un estudio realizado por el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, sit¨²a en 170.000 los habitantes de la capital catalana que no han pagado al menos un recibo de la luz o que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada. Desde la Administraci¨®n central se ponen parches pero no se afronta c¨®mo acabar con un problema que se eliminar¨ªa con la inversi¨®n del 1,5% de los beneficios de las el¨¦ctricas.

Sandra vive en Montbri¨® del Camp (Baix Camp). Ingresa mensualmente 300 euros y hace unos d¨ªas present¨® una petici¨®n de condonaci¨®n de su deuda acumulada a Endesa, amparada por la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE). Paralelamente ha solicitado acogerse al decreto bono social que promovieron PP y PSOE en 2016, un mes despu¨¦s de la muerte de Rosa. ¡°Todo ayuda, pero el papeleo que se exige para acceder al bono es excesivo y eso hace que muchas personas renuncien a ¨¦l¡±, explica Sandra. Hasta hace unas semanas Endesa no tramitaba el citado bono en sus oficinas. Todo deb¨ªa realizarse telem¨¢ticamente con las consiguientes dificultades para el segmento de poblaci¨®n al que potencialmente va dirigida la ayuda. Se requiere adem¨¢s documentaci¨®n ad hoc para las alegaciones, explican desde la APE, y recuerdan que a ese bono solo acceden los clientes de las cinco grandes compa?¨ªas: Endesa Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidroel¨¦ctrica del Cant¨¢brico (EDP) y Viesgo. Sin embargo, el descuento que supone el bono, de hasta un 40%, lo paga solidariamente todo el sector, incluidas las peque?as sociedades o las cooperativas. El decreto prev¨¦, por otra parte, un techo tan bajo sobre el l¨ªmite m¨¢ximo de energ¨ªa, que no tiene en cuenta el necesario consumo de calefacci¨®n el¨¦ctrica durante los meses de invierno.

Las grandes compa?¨ªas ¡ªque subieron el a?o pasado un 12% sus precios¡ª no advierten de sus derechos a los potenciales beneficiarios del bono, pero en cambio detectan autom¨¢ticamente a las familias que no tienen derecho. Eso hace que solo un 40% de los posibles afectados se hayan acogido a la medida en 2017. La administraci¨®n ¡ªauton¨®mica y municipal¡ª debe hacerse cargo del 50% del recibo, en el caso de clientes en riesgo de exclusi¨®n social, seg¨²n el decreto. Las tablas de ingresos que dan derecho a estas ayudas son draconianas. En contraste, las grandes compa?¨ªas reparten el 88% sus de sus beneficios en dividendos entre sus accionistas, como explica Andreu Miss¨¦ en Alternativas Econ¨®micas, y prev¨¦n incrementos de sus ganancias hasta 2020. Adem¨¢s, solo el 35% de la factura de la luz corresponde a costes de producci¨®n, mientras que el 55% son costes regulados. Todo ello garantiza a las empresas un alto rendimiento con bajo riesgo.

La Uni¨®n Europea, en la Directiva 2009/72, estableci¨® que los estados deben garantizar el gas y la electricidad necesarios para sus ciudadanos, vetando los cortes por impago. Nueve a?os despu¨¦s, Espa?a no ha incorporado lo que prev¨¦ la Directiva y el decreto es claramente insuficiente. Sin embargo, algunos ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas est¨¢n trabajando en esta l¨ªnea de protecci¨®n, como muestra la ley catalana contra la pobreza energ¨¦tica, que en diciembre de 2016 hab¨ªa evitado el corte de suministro a 39.000 familias vulnerables.

La ley aprobada por el Parlament, a pesar de los continuos recursos de las grandes el¨¦ctricas, sigue vigente y contempla un elemento fundamental: proh¨ªbe el corte de suministro. Las comercializadoras est¨¢n obligadas a preguntar a los servicios sociales si un cliente es o no vulnerable. El consistorio cuenta con 15 d¨ªas para informar a la el¨¦ctrica y, en caso de no dar respuesta, se entiende que la familia afectada est¨¢ en riesgo, paralizando de esta manera el corte de luz. No obstante, as¨ª como en el caso del suministro de agua algunas ciudades han llegado a firmar convenios que evitan el corte de suministro, en el sector el¨¦ctrico las compa?¨ªas se resisten a ello, explica Laia Ortiz, teniente de alcalde de Barcelona. En la capital catalana, el Ayuntamiento ha abierto 22 expedientes sancionadores y ha impuesto cinco multas. Los municipios han asumido con mucho m¨¢s entusiasmo que la Generalitat la defensa de la ley 24/2015.

Las puertas giratorias siguen cumpliendo su misi¨®n: una treintena de pol¨ªticos son consejeros de empresas del sector el¨¦ctrico. Mientras, el ruido del proc¨¦s hace inaudible el debate sobre pobreza energ¨¦tica. Y la ley del m¨¢s fuerte sigue destruyendo la cohesi¨®n social.