Juicio a un funcionario por cobrar a inmigrantes para tramitar sus permisos de residencia

Un funcionario de la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Pontevedra ser¨¢ juzgado este jueves en la Audiencia de Pontevedra, acusado de presunta falsedad de documento oficial en la tramitaci¨®n de permiso de residencia de inmigrantes, y por otro delito continuado de cohecho. El acusado, supuestamente ped¨ªa dinero a cambio de tramitar los expedientes, cantidades que oscilaban entre los 50 y 200 euros, y que los solicitantes le entregaban creyendo que eran importes de tasas administrativas.

La fiscal¨ªa solicita para el acusado ocho a?os de prisi¨®n, cuatro por cada delito, y un total de 13 a?os de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico. Adem¨¢s, el fiscal pide que al funcionario se le imponga una multa de 32 meses con una cuota diaria de 10 euros y devuelva las cantidades que cobr¨® indebidamente a los afectados.

En el escrito de acusaci¨®n del fiscal Augusto Santal¨® se analizan cuatro de los expedientes tramitados y finalizados por el funcionario en 2016 a ra¨ªz de las denuncias presentadas por varios inmigrantes. En dos de los expedientes se solicitaba autorizaci¨®n de residencia de larga duraci¨®n, otro era de residencia temporal inicial y el ¨²ltimo se tramit¨® para obtener permiso de residencia de familiar comunitario.

La Fiscal¨ªa de Pontevedra abri¨® una investigaci¨®n tras apreciar un comportamiento irregular por parte del funcionario y posteriormente un juzgado instruy¨® diligencias contra ¨¦l, al reconocer cuatro mujeres afectadas que este les hab¨ªa pedido ¡°un regalito¡±, ¡°algo a cambio¡± de tramitar los expedientes. Y lo hizo, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n del fiscal, ¡°sin que el acusado tuviese derecho a percibir ning¨²n tipo de retribuci¨®n por parte de las interesadas¡±.

Una de las solicitantes reconoci¨® en sede judicial que cuando present¨® el papeleo, el funcionario le dijo que ¡°ten¨ªa que entregarle algo¡±. Esta entendi¨® que era dinero, seg¨²n explica el fiscal, motivo por el que la mujer acudi¨® a la subdelegaci¨®n portando 200 euros, que aquel d¨ªa no lleg¨® a entregar al acusado porque fue atendida por otra funcionaria, lo que provoc¨® que el acusado le recriminase por ello.

Otras de las testigos de cargo declar¨® que el acusado le hab¨ªa pedido ¡°un regalito¡±. Lo denunci¨® dos meses despu¨¦s de haber realizado el pago. Adem¨¢s, en la solicitud de autorizaci¨®n de residencia temporal que present¨® la denunciante, se constat¨® que el funcionario coloc¨® sello de entrada en la subdelegaci¨®n con fecha 9 de septiembre de 2016, la misma que hizo constar en el documento que se registr¨® en el sistema inform¨¢tico, cuando en realidad la solicitud se hab¨ªa realizado once d¨ªas despu¨¦s.

El motivo de la alteraci¨®n de la fecha, seg¨²n la investigaci¨®n, fue debido a que la solicitantes hab¨ªa disfrutado de una autorizaci¨®n de residencia temporal por circunstancias excepcionales que hab¨ªa caducado el 16 de junio de 2016, y para obtener la pr¨®rroga, la solicitud deb¨ªa ser presentada dentro de los 90 d¨ªas naturales a que hubiese finalizado la vigencia de la anterior autorizaci¨®n. Una vez comprobada la falsificaci¨®n de los datos este expediente fue finalmente archivado.