¡°Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios¡±
El juez investiga destrucci¨®n de pruebas y presiones a un testigo del 'caso Lezo' tras el pinchazo telef¨®nico a un exdirectivo de OHL
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Lezo de corrupci¨®n, acaba de abrir nuevas l¨ªneas de investigaci¨®n para recabar pruebas sobre el supuesto pago de una comisi¨®n ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, por la adjudicaci¨®n de las obras del tren a Navalcarnero a la constructora OHL. El magistrado ha reclamado a esta compa?¨ªa el volcado del equipo inform¨¢tico y del correo electr¨®nico de una secretaria de esta empresa despu¨¦s de que una reciente intervenci¨®n telef¨®nica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupaci¨®n" de este por el material que la mujer pudiera guardar. El antiguo alto cargo de la compa?¨ªa mostraba en sus conversaciones su inter¨¦s en que se forzase a la testigo a declarar en determinado sentido y se destruyera dicha informaci¨®n:?¡°Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios¡±. Adem¨¢s, el magistrado ha solicitado toda la informaci¨®n sobre las llamadas realizadas o recibidas entre el ¨²ltimo a?o por ocho l¨ªneas de tel¨¦fono. Cuatro de ellas pertenecen al m¨¢ximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.
La decisi¨®n del juez se produce despu¨¦s de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera dos escritos en los que le solicitaba la pr¨¢ctica de estas nuevas diligencias para recabar indicios sobre el abono de dicha mordida por la que est¨¢n imputados el propio Villar Mir; su yerno, Javier L¨®pez Madrid; el empresario Adri¨¢n de la Joya; y tres exdirectivos de la compa?¨ªa, adem¨¢s de Ignacio Gonz¨¢lez. La transferencia de los 1,4 millones de euros se realiz¨® en 2007 desde dos filiales de la constructora en M¨¦xico y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la fundaci¨®n paname?a Lauryn Group. Seg¨²n los investigadores, el dinero ten¨ªa como destino pagar un soborno a Ignacio Gonz¨¢lez. Solo un mes despu¨¦s del pago, OHL se hizo con el concurso. Hasta ahora, Gonz¨¢lez ha asegurado que nunca recibi¨® el dinero. Sin embargo, el titular de la fundaci¨®n paname?a que recibi¨® los fondos, Adri¨¢n de la Joya, admiti¨® que L¨®pez Madrid le envi¨® el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente madrile?o, pero que se qued¨® con los fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir ten¨ªan con ¨¦l por un proyecto en ?frica.
En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a la constructora que entregue el ordenador utilizado por Olga G. T., la secretaria de la compa?¨ªa que trabajaba junto a uno de los exdirectivos bajo sospecha. Tambi¨¦n que pida copia de los archivos elaborados por esta empleada que pudieran estar guardados en los servidores de la compa?¨ªa, as¨ª como de su buz¨®n de correo electr¨®nico desde el a?o 2007, fecha en la que se pag¨® el supuesto soborno. En el auto en el que acepta la pr¨¢ctica de dichas diligencias, el juez destaca que cuando esta mujer declar¨® como testigo ante la Guardia Civil aport¨® ¡°determinados archivos inform¨¢ticos que contienen documentos que tiene en su poder con motivo de sus servicios¡± a este exdirectivo. Entre ellos figuraba un documento denominado ¡®contrato consultori.doc¡¯ en el que se inclu¨ªan ¡°determinados datos que se corresponden con los conceptos que constan en las facturas investigadas supuestamente emitidas por [la fundaci¨®n paname?a] Lauryn Group que sirvieron de soporte para las transferencias¡± vinculadas al pago de la supuesta comisi¨®n por el tren a Navalcarnero.
El magistrado a?ade que una reciente intervenci¨®n telef¨®nica al ex director general de OHL Rafael Mart¨ªn de Nicol¨¢s revel¨® ¡°la profunda preocupaci¨®n¡± de este porque la trabajadora ¡°pudiera conservar ciertos archivos¡±. El ex alto cargo de la compa?¨ªa ped¨ªa en esa llamada a su interlocutora que ¡°comprobase que se hubiesen borrado¡± y le insinuaba que se le diesen ¡°ciertas instrucciones a Olga sobre su posible declaraci¨®n¡±. Garc¨ªa-Castell¨®n reproduce el fragmento de una conversaci¨®n de este exdirectivo que, en su opini¨®n, demuestra ¡°la importancia que pudieran tener los archivos¡± en poder de dicha secretaria: ¡°Pues¡ pues esperemos que no tenga nada, porque si es as¨ª, tener la sesta (sic) que no queda nada por ah¨ª, porque es que, es que podemos montar, vamos, la de Dios¡±. El juez mand¨® el pasado 22 de marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a la sede de la OHL.
En esta misma l¨ªnea, Garc¨ªa-Castell¨®n ha autorizado una segunda diligencia solicitada por la Guardia Civil. Los investigadores hab¨ªan pedido al magistrado?tener acceso al tr¨¢fico de llamadas registrado entre el 1 de abril de 2017 ¨Calgo m¨¢s de dos semanas antes de que se produjeran las primeras detenciones del caso Lezo- y el pasado 16 de febrero de ocho l¨ªneas de tel¨¦fono. Cuatro de ellas -tres m¨®viles y una fija- tienen como?usuario a Villar Mir, quien ya declar¨® como imputado por estos hechos y que volver¨¢ a hacerlo en las pr¨®ximas semanas. El empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su actuaci¨®n. De otro de los n¨²meros investigador es titular su yerno, L¨®pez Madrid, mientras que las tres restantes figuran a nombre de los exdirectivos de OHL Felic¨ªsimo Ramos y Rafael Mart¨ªn de Nicol¨¢s, este ¨²ltimo el que alertaba sobre el contenido presuntamente incriminatorio del ordenador de la secretaria. La UCO tambi¨¦n reclamaba las llamadas que pudieran haber hecho dos l¨ªneas de m¨®vil brit¨¢nicas durante la estancia de sus usuarios en Espa?a. El juez ha admitido su pr¨¢ctica ante ¡°la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos pudieran dar informaci¨®n sobre relaciones o vinculaciones con los autores del delitos investigado y pruebas que permitieran avanzar en la investigaci¨®n¡±.
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