Entidades y partidos alertan del fracaso de la renta garantizada

La aplicaci¨®n de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC), la medida social impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que el Govern lanz¨® el verano pasado, ha estado desde su inicio envuelta en pol¨¦mica. El secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, revel¨® el mi¨¦rcoles que solo 1.000 de los 31.000 expedientes tramitados han sido aprobados. Entidades y partidos pol¨ªticos lo consideran insuficiente y acusan a la Generalitat de haber llevado esta nueva ayuda al fracaso.

En siete meses de funcionamiento de la RGC, y pese a m¨²ltiples peticiones de los actores sociales, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia hab¨ªa declinado especificar cu¨¢ntos solicitantes estaban cobrando la nueva prestaci¨®n. El pasado mi¨¦rcoles, Ginesta detall¨® que, desde el 15 de septiembre de 2017, se tramitaron 31.000 expedientes. De ellos, se han resuelto 19.000: han sido aprobadas un millar de ayudas, y se han rechazado 15.000. Esto significa que el 70% de los expedientes han sido denegados. Quedan 12.000 pendientes de valorar.

Ante esta cifra, el malestar y la indignaci¨®n por parte de las entidades y partidos pol¨ªticos que promovieron la ILP es generalizado. ¡°Es absolutamente insuficiente, y este es el resultado de que la ayuda naci¨® con problemas desde el principio: de formaci¨®n de los profesionales, incidentes inform¨¢ticos, de transparencia...¡±, asegura Ra¨¹l Moreno, diputado en el Parlament por el PSC. El socialista asegura que, en el proceso de tramitaci¨®n de solicitudes, se est¨¢ haciendo una interpretaci¨®n muy restrictiva de la normativa, y duda de la validez de algunas de las razones por las que se deniegan. Coincide con ¨¦l Marta Ribas, de Catalunya en Com¨²: ¡°Es alarmantemente alto el n¨²mero de negativas. Nos da la impresi¨®n de que hacen una lectura restrictiva para adecuar la ley a las partidas presupuestarias de las que disponen, cuando esto es un derecho subjetivo¡±. Ambas formaciones presentar¨¢n sendas resoluciones para exigir transparencia.

Uno de los promotores de la prestaci¨®n, el activista Diosdado Toledano, va m¨¢s all¨¢ y acusa a la Generalitat de ¡°boicotear desde dentro¡± la aplicaci¨®n de la ley. ¡°Los 12.000 expedientes pendientes de valorar deber¨ªan aprobarse por silencio administrativo¡±, asegura. Toledano afirma adem¨¢s que la Administraci¨®n ¡°abusa e incumple la ley de manera deliberada y continuada¡± con las denegaciones de solicitudes sin motivo concreto.

En Entidades de Acci¨®n Social (ECAS), no obstante, se muestran m¨¢s prudentes: ¡°Estas cifras hay que analizarlas, segmentarlas por territorios... Hay muchas casu¨ªsticas. Hay cosas mejorables, como las dificultades de implementaci¨®n, pero queremos conducir el proceso. Hay que acompa?ar la denuncia con la propuesta¡±, apunta su presidenta, Sonia Fuertes.

La Generalitat, por su parte, asegura que est¨¢n cumpliendo los plazos estipulados y rechazan que falte planificaci¨®n en el proceso. Asegura que la mayor¨ªa de las negativas se deben a que los solicitantes no cumplen el umbral de ingresos y atribuye los incidentes en la aplicaci¨®n a la falta de Gobierno, que ha impedido, seg¨²n su explicaci¨®n, el despliegue del reglamento que acompa?a la ley y la puesta en marcha de la comisi¨®n de seguimiento para fiscalizar y pulir el proceso.