Acabar con la pobreza energ¨¦tica

Dos nuevos gobiernos inician su andadura en Catalu?a y en Espa?a. Es un buen momento para que la ciudadan¨ªa aconfesional prepare su carta a los Reyes Magos y se aborde una de las caras m¨¢s agresivas que presenta la crisis: la de la pobreza energ¨¦tica. En la Espa?a 2016, el 21% de los hogares ten¨ªan dificultades para pagar el llamado recibo de la luz: de ellos cuatro millones no pod¨ªan mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno central han sido a todas luces insuficientes. Se hace o¨ªdos sordos a dos Directivas europeas de 2009 que urgen a los Estados a garantizar el suministro de gas y electricidad a los ciudadanos vulnerables. La jacobina Francia proh¨ªbe los cortes de luz en periodo hibernal. Pero en la descentralizada Espa?a se ha optado por el libre albedr¨ªo. En un mercado falso como es el el¨¦ctrico en el que el 55% de la factura son costes regulados, todo es tan libre que se deja cazar a la zorra en un gallinero, eso s¨ª, en libertad.

El descuento de entre un 25% y de hasta un 40% para los consumidores vulnerables severos prevista por la regulaci¨®n del bono social de octubre de 2017 es claramente insuficiente, seg¨²n la memoria que el propio Ministerio de Industria ha realizado sobre su aplicaci¨®n. En el citado informe se tiene la franqueza o la desfachatez de asegurar que ¡°es improbable¡± que la totalidad de quienes derecho al bono se acojan a ¨¦l. El propio ministerio calcula la ¡°tasa de aceptaci¨®n¡± en un 45%, con lo que el 55% de quienes podr¨ªan acceder a este derecho se quedar¨¢n fuera. En fin, la medida es tan singular que depara uno de esos ejemplos de descentralizaci¨®n al que nos ten¨ªa acostumbrados el Gobierno del PP: centrifuga a las administraciones auton¨®micas o municipales el 50% del recibo de los ciudadanos en riesgo de exclusi¨®n social.

En Catalu?a existe una ley propia que ha sido cosida a recursos por las el¨¦ctricas. Lo cierto es que el texto catal¨¢n 24/2015 no est¨¢ suspendido en lo tocante a pobreza energ¨¦tica y establece el llamado ¡°principio de precauci¨®n¡± que supone que antes de cortar la energ¨ªa por impago, es preceptivo un informe de los servicios sociales del municipio. Pero las grandes empresas el¨¦ctricas se niegan a negociar un protocolo con las administraciones para abordar con seriedad este asunto. A trancas y barrancas, la ley catalana ha logrado evitar el corte de suministro a 39.000 familias, seg¨²n datos de 2016.

Hace unos d¨ªas que la Federaci¨® de Municipis de Catalunya (FMC) en colaboraci¨®n con el Instituto de Investigaci¨®n TransJus de la Universidad de Barcelona ha publicado Pobreza energ¨¦tica. Regulaci¨®n Jur¨ªdica y protecci¨®n de los derechos de las personas, donde profesores de Derecho Constitucional, P¨²blico, Administrativo, as¨ª como s¨ªndicos municipales, buscan una salida del laberinto jur¨ªdico en el que la endeblez o directamente la inexistencia de pol¨ªticas p¨²blicas ha sumido a los ciudadanos m¨¢s vulnerables. La idea que subyace es que por el hecho de que un servicio deje de estar en manos p¨²blicas ¡ªel c¨®mo se privatiz¨® ser¨ªa para otra novela¡ª el ciudadano no debe verse privado de sus derechos. Se trata de que las grandes compa?¨ªas ¡ªEndesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP y Viesgo¡ª, que ganaron 9.470 millones de euros en los ¨²ltimos cuatro a?os, incorporen a su evidente ¨¢nimo de lucro la denominada responsabilidad social corporativa.

Por todo ello, ser¨ªa conveniente que los nuevos responsables gubernamentales echaran un vistazo al diagn¨®stico de los expertos para ponerse a trabajar. Eso permitir¨ªa acabar de una vez por todas con la lacra de la pobreza energ¨¦tica en un pa¨ªs donde las el¨¦ctricas ¡ªcon gran presencia de pol¨ªticos entre sus asesores¡ª repartieron el a?o pasado el 88% de sus beneficios en dividendos para los accionistas.

El Gobierno saliente del PP junto a Ciudadanos vet¨® hace unas semanas en el Congreso la tarifa social energ¨¦tica propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y que hubiera supuesto que el Estado dejara de recaudar 186 millones de euros anuales en tasas, seg¨²n c¨¢lculos del propio Gobierno. Tanto PP como C¡¯s consideraron que su veto era imprescindible ya que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH supon¨ªa una grave ¡°distorsi¨®n¡± de su pol¨ªtica presupuestaria. Los m¨¢s de 500 millones pactados por el PP con el Partido Nacionalista Vasco no distorsionaban nada en su d¨ªa. Ahora que Mariano Rajoy ya no est¨¢ en el poder, parece que esos 500 millones vuelven a alterar seriamente la esencia de la democracia y suenan tambores que anuncian venganza. Pero ellos ya no gobiernan y los nuevos ejecutivos har¨ªan bien en poner la pol¨ªtica al servicio del ciudadano. Y ah¨ª est¨¢ un primer reto: la pobreza energ¨¦tica lo exige.