Una sentencia absuelve de prevaricaci¨®n el exalcalde de O Porri?o Nelson Santos
Descarta que el exregidor popular y el concejal Jos¨¦ Manuel Jacobo firmasen contratos irregulares por 1,6 millones
El exalcalde de Porri?o, el popular Nelson Santos, y el exconcejal y teniente de alcalde, Jos¨¦ Manuel Jacobo, han sido absueltos del delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa, derivado de la contrataci¨®n de servicios municipales entre 2010 a 2013 por importe de 1,6 millones de euros por el que fueron juzgados en marzo pasado.
La causa se enmarc¨® en una larga investigaci¨®n denominada Operaci¨®n Multiusos que deriv¨® en otra pieza separada que ya fue archivada a petici¨®n de la Fiscal¨ªa de Pontevedra el pasado a?o y que hac¨ªa referencia a supuestas irregularidades en el contrato de servicios y de personal del Ayuntamiento.
Sobre el pago de 134 facturas de servicios prestados con reparos de intervenci¨®n y la contrataci¨®n de un ingeniero por las que se sent¨® en el banquillo Nelson Santos dice la sentencia que aunque las contrataciones, se hicieron al margen de la Ley de Contratos P¨²blicos y no se sigui¨® el procedimiento en ella establecido, los hechos est¨¢n justificados y no apreci¨® mala fe de los acusados.
Por esta imputaci¨®n y tras la apertura de juicio, Nelson Santos hab¨ªa dimitido de su cargo como portavoz de la oposici¨®n. El Ministerio Fiscal solicitaba para ambos pol¨ªticos populares la pena de diez a?os de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico.
Santos tambi¨¦n hab¨ªa formalizado su petici¨®n de baja como militante del Partido Popular ante la sede provincial, partido con el que concurri¨® a las elecciones en 2011 y obtuvo mayor¨ªa absoluta. El exalcalde hab¨ªa anunciado que renunciar¨ªa a sus cargos pol¨ªticos y del partido si finalmente no prosperaban sus recursos ante la Audiencia de Pontevedra y acababa sent¨¢ndose en el banquillo.
En la sentencia se indica que la mec¨¢nica de actuaci¨®n era similar en todos los casos. Tras la presentaci¨®n de una factura hab¨ªa un reparo del interventor al pago que luego revocaba el alcalde para hacerla efectiva. Las adjudicaciones censuradas por el departamento de intervenci¨®n se refieren a varias empresas con las que se contrataron servicios de limpieza, recogida de residuos, actividades deportivas y de ocio, servicios el¨¦ctricos y de saneamiento.
El fallo incide en que ¡°existe una duda razonable ante la capacidad real de licitar todos los servicios municipales en un plazo de tiempo corto¡±. As¨ª el juez expone que los acusados llegaron al Gobierno de O Porri?o a trav¨¦s de una moci¨®n de censura, por lo que ¡°no era posible cambiar la gesti¨®n municipal" y en concreto el departamento de negociado de contrataci¨®n que para un Ayuntamiento como este de 18.000 habitantes solo dispon¨ªa de una persona, que, adem¨¢s, no estaba cualificada para el puesto.
Por eso, concluye la sentencia que no era posible realizar todo el tr¨¢mite administrativo ni tampoco la contrataci¨®n de nuevas personas por la Ley de Presupuestos del Estado de 2011, a?o en que hubo elecciones municipales y que tambi¨¦n contribuyeron a paralizar la gesti¨®n municipal, a criterio del juez.
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