Condenada a seis meses de inhabilitaci¨®n la alcaldesa de Berga

Un juez de Manresa ha condenado a seis meses de inhabilitaci¨®n a la alcaldesa de Berga, Montse Ventur¨®s (CUP), por negarse a retirar una bandera estelada de la fachada del Ayuntamiento. Seg¨²n ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) y fuentes de la defensa, Ventur¨®s ha sido condenada por un delito de desobediencia a la pena de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos y tambi¨¦n al pago de una multa. La sentencia no es firme y cabe recurso contra ella.

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En el juicio, celebrado el pasado mayo, Ventur¨®s denunci¨® ser v¨ªctima de un "juicio pol¨ªtico" y puso en entredicho la "neutralidad" de la fiscal¨ªa. La alcaldesa de la Candidatura d'Unitat Popular defendi¨® su decisi¨®n de mantener la bandera independentista en el consistorio para responder al "mandato del pueblo". Ventur¨®s anunci¨® ya entonces que, en caso de ser condenada, desobedecer¨¢ el mandato judicial y continuar¨¢ como primera edil de la localidad.

Este jueves, tras conocer la sentencia, la alcaldesa ha dejado la puerta abierta a desobedecer la sentencia si ¨¦sta es firme: "No acataremos que el Estado espa?ol o un juzgado sean quienes impongan a un pueblo qui¨¦n ha de ser su alcalde", ha expresado la alcaldesa. Ventur¨®s ha denunciado que el juez "inhabilite unas votaciones hechas de manera democr¨¢tica" y ha avanzado que los colectivos independentistas dar¨¢n "una respuesta unitaria" a la resoluci¨®n. La defensa ha anunciado que estudiar¨¢ la presentaci¨®n de un recurso ante la Audiencia de Barcelona en los pr¨®ximos d¨ªas.

La Plataforma Democracia Vs Tribunals, de Berga, ha convocado para esta tarde una concentraci¨®n de apoyo a la alcaldesa. "El tribunal se ha erigido en propietario de la voluntad de los ciudadanos. Inhabilitar a la alcaldesa que el pueblo ha votado significa invalidar lo que expresaron democr¨¢ticamente en las urnas en 2015", dice la plataforma en un comunicado. "Otra vez la voluntad pol¨ªtica de nuestro pueblo ha sido secuestrada por organismos e instituciones que han decidido que tienen el derecho de limitarla si lo que pensamos no les gusta".

Los hechos se remontan a 2015. En septiembre, la Junta Electoral de Berga requiri¨® a diversos ayuntamientos -entre ellos el de Berga- para que retirasen las banderas independentistas de los edificios municipales. La Junta les advirti¨® de que, en caso de no hacerlo, podr¨ªan incurrir en un delito electoral ante la proximidad de las elecciones al Parlamento catal¨¢n del 27-S. Advertida de ello, Ventur¨®s hizo caso omiso y la estelada tuvo que ser retirada por los Mossos el mismo d¨ªa de las elecciones, a las 10 de la ma?ana.

La escena se repiti¨® en diciembre con las elecciones generales. La estelada segu¨ªa en el Ayuntamiento y de nuevo la Junta orden¨® su retirada. Ante la pasividad de Ventur¨®s, seg¨²n considera probada la sentencia, fue un polic¨ªa quien tuvo que retirar la bandera pasadas ya las 16.45 horas.

El delito de desobediencia castiga a las autoridades y funcionarios que se niegan "abiertamente" a cumplir resoluciones judiciales y otras ¨®rdenes de la autoridad. En el caso de Ventur¨®s, recoge la sentencia, su negativa a retirar la bandera fue ¡°franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente e inequ¨ªvoca¡±. La resoluci¨®n recuerda que, en su interrogatorio, la alcaldesa de Berga admiti¨® que su decisi¨®n ven¨ªa motivada por una convicci¨®n pol¨ªtica -derivada de un acuerdo del pleno en ese sentido- pero tambi¨¦n por su voluntad de "hacer caso omiso a todo lo que viniese de los tribunales y juzgados".

El juez de Manresa considera que los hechos tienen escasa entidad y por ello le impone "la pena m¨ªnima": los seis meses de inhabilitaci¨®n especial para ejercer "cualquier ocupaci¨®n o cargo p¨²blico" y una multa total de 540 euros. La sentencia recuerda a Ventur¨®s que, si no paga la multa, puede afrontar su ingreso en prisi¨®n o bien medidas de localizaci¨®n permanente y de trabajos en beneficio de la comunidad.

El exdiputado de la CUP Benet Salellas, abogado de Ventur¨®s, ha anunciado que estudian recurri la sentencia, primero ante la Audiencia de Barcelona para que deje sin efecto la condena, un proceso que abrir¨ªa la puerta a la posibilidad de que la inhabilitaci¨®n no sea firme antes de que la alcaldesa finalice su mandato en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.