Muerte por desahucio

Dos ramos de flores secas y media docena de velas todav¨ªa rend¨ªan homenaje el pasado mi¨¦rcoles en Cornell¨¤ de Llobregat a Jordi, de 45 a?os. Deb¨ªa 14 meses de alquiler. Se arroj¨® por la ventana de su domicilio el 14 de junio. La comitiva judicial que iba a desahuciarle aguardaba en la puerta de su vivienda mientras su cuerpo se estrellaba contra la barandilla que protege las zonas ajardinadas traseras del bloque n¨²mero 7 de la calle Cam¨¨lies. Cay¨® desde el 10? 2?. No es el primer caso, aunque el Instituto Nacional de Estad¨ªstica no haga recuento de las personas que se han quitado la vida por perder su vivienda. As¨ª que Jordi ha pasado a engrosar la legi¨®n estad¨ªsticamente an¨®nima de quienes han sido despose¨ªdos de vivienda y se han suicidado. Como Jos¨¦ Miguel, en Granada; Inocencia, en Castell¨®n; Jos¨¦ Antonio, en Baracaldo; Juan, en L¡¯Hospitalet o tantos otros. Es el lado salvaje de la crisis.

Esta vez el escenario fue Sant Ildefons. Los viejos del lugar la llaman todav¨ªa Ciudad Sat¨¦lite o La Sati. Se acab¨® de construir mientras nac¨ªa La Banda Trapera del R¨ªo, que cantaban ¡°soy curriqui del barrio/ soy amigo del obrero/ soy enemigo del sistema/ y le pienso pegar fuego¡±.

Hoy d¨ªa el barro ya no llega hasta la rodilla ¡ªcomo recordaban los cronistas de La Trapera¡ª pero estamos en un lodazal. El n¨²mero de desahucios registrados en Espa?a el a?o pasado fue de 60.754: 22.330 ejecuciones hipotecarias y m¨¢s de 35.666 correspondientes a viviendas arrendadas. La crisis ha disparado un 28% los alquileres en Barcelona desde 2014. En 2017, el precio medio de un alquiler en la capital catalana era de 872 euros, inalcanzable para ese 65% de j¨®venes que en Barcelona ingresan menos de mil euros al mes.

La vivienda p¨²blica en la capital catalana ronda el 1,5%. Un porcentaje rid¨ªculo si se compara con Viena, donde el 60% de la poblaci¨®n vive en casas protegidas gracias a la financiaci¨®n p¨²blica y a los l¨ªmites que impone el ayuntamiento. En Barcelona, un 39% de la oferta actual de vivienda en venta supera los 500.000 euros.

Los sucesivos gobiernos centrales no han desarrollado una pol¨ªtica de vivienda p¨²blica ni por supuesto de alquiler social. Los ¨²ltimos ejecutivos de Mariano Rajoy han hecho caso omiso de la Directiva 2014/17 del Parlamento Europeo y del Consejo, que instaba al Gobierno central a defender los derechos de los ciudadanos y a reformar la ley Hipotecaria que deriva de un decreto franquista de 1946. Eso s¨ª, en 2013, el PP recort¨® los derechos de los inquilinos modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos y es el claro impulsor de la especulaci¨®n con la creaci¨®n de las Sociedades Cotizadas de Inversi¨®n en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), exentas del Impuesto de Sociedades y con bonificaciones fiscales del 95% en ITP y AJD. La pol¨ªtica solo ha tomado la iniciativa para mantener los privilegios de bancos e inversores. Algunas sentencias, autos y hasta siete resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE han obligado al Gobierno y al Supremo espa?oles a dar marcha atr¨¢s en varias cl¨¢usulas abusivas que, por ejemplo, facultaban a los bancos a exigir el pago de toda la deuda pendiente cuando el ciudadano hab¨ªa dejado de pagar una sola cuota

Tras el veto hace unas semanas del PP y Ciudadanos a la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que trataba de adaptar los derechos de la ciudadan¨ªa a los par¨¢metros de la UE, el Congreso est¨¢ tramitando el proyecto de ley sobre cr¨¦dito inmobiliario, que pretende trasponer ¡°a la espa?ola¡± la directiva europea de 2014. Sobre ese texto no hay esperanza, a menos que triunfen las enmiendas presentadas por la izquierda. Como si la dolorosa experiencia acumulada durante la crisis no hubiera servido para nada, el proyecto de ley sigue sin permitir la daci¨®n el pago, encarece los intereses de demora, no aclara qu¨¦ pasa si el banco concede un pr¨¦stamo ante un test de solvencia negativo y no se definen los est¨¢ndares objetivos de informaci¨®n. En definitiva, todo en l¨ªnea con esa voluntad pol¨ªtica expl¨ªcita que ha fijado en menos 500 millones de euros el Plan Estatal de Vivienda 2017-2020, cifra que no llega al 0,01% del PIB.

Ante esa perspectiva cobra todo el sentido que algunos ayuntamientos como el de Barcelona tomen la iniciativa. El gobierno de Ada Colau propuso el pasado 18 de junio obligar a las inmobiliarias a ceder al municipio un 30% de los pisos de nueva construcci¨®n u objeto de grandes rehabilitaciones para destinarlos a vivienda protegida. Cuando el Estado no cumple sus obligaciones constitucionales con los ciudadanos es bueno que los ayuntamientos presten o¨ªdos a las entidades sociales y a la UE con los medios que tienen a su alcance. Es hora de acabar con las pr¨¢cticas abusivas de la banca y que los gobiernos central y catal¨¢n se pongan las pilas.