Proteger la vivienda

Hace dos a?os, un grupo de organizaciones y movimientos de Barcelona empezamos a trabajar con un objetivo: conseguir que las empresas que extraen rentas inmobiliarias de la ciudad pongan un 30% de la vivienda que construyen o rehabilitan a precio asequible. Esto ya se hace en muchas ciudades, como Par¨ªs, Londres o Nueva York. Pero no hay lugar donde sea m¨¢s urgente que aqu¨ª: mientras la industria inmobiliaria se embarca en una nueva org¨ªa especulativa, los alquileres ya se comen m¨¢s sueldo que en ning¨²n otro pa¨ªs. La nueva burbuja amenaza con llevarse por delante no solo a los m¨¢s empobrecidos sino a barrios enteros.

A pesar de la confusi¨®n generada por aquellos que preferir¨ªan que nada cambie, la medida del 30% que hemos impulsado y que los partidos del ayuntamiento deben ratificar en septiembre es perfectamente viable. Desde el punto de vista jur¨ªdico, se trata de aplicar lo que dice la Ley del Derecho a la Vivienda, vigente desde 2007 (en consonancia con la Ley del Suelo estatal y la Ley de Urbanismo auton¨®mico). Lean el art¨ªculo 17.3: el planeamiento urban¨ªstico permite establecer que la edificaci¨®n de uso residencial se destine total o parcialmente a vivienda protegida, tanto en el caso de nuevas construcciones como en el de gran rehabilitaci¨®n de edificios existentes. Si las administraciones se hubieran esmerado en implementar la norma desde hace una d¨¦cada, solo en Barcelona ya contar¨ªamos con 5.000 viviendas protegidas m¨¢s (y el c¨¢lculo no incluye el resto de Catalu?a, donde tambi¨¦n se puede aplicar). Ninguna novedad: los aspectos de las leyes que benefician a la mayor¨ªa se quedan en papel mojado si no hay presi¨®n y movilizaci¨®n para hacerlos efectivos. Ya sucedi¨® con las multas a los bancos, que emanan de la misma ley.

Desde la perspectiva econ¨®mica, la medida tiene tambi¨¦n una solidez incuestionable. Cierto: algunas voces se han dedicado a pregonar que la obligaci¨®n de destinar un 30% a vivienda asequible supondr¨¢ p¨¦rdidas para promotores e inmobiliarias. Y que, para compensarlo, las empresas aumentar¨¢n el precio del 70% restante, hinchando a¨²n m¨¢s la burbuja. Sin embargo, solo quien desconozca c¨®mo se forman los precios en el mercado inmobiliario puede hacer semejante afirmaci¨®n: cuando disminuye el precio de venta final de una obra, promotores e inmobiliarias pagan menos por los solares y edificios donde pretenden realizarla. As¨ª, la medida repercutir¨¢ b¨¢sicamente en los beneficios de los propietarios del suelo, rentistas que se benefician de este tipo de operaciones sin mover un dedo.

De hecho, la Ley considera econ¨®micamente viable cualquier operaci¨®n cuyo beneficio sea igual o mayor a la inversi¨®n inicial. Teniendo en cuenta que el precio del suelo barcelon¨¦s ha aumentado un 60% en los ¨²ltimos 4 a?os, resulta casi rid¨ªculo sospechar de la viabilidad de cualquier inversi¨®n. El menor beneficio procedente de la parte destinada a vivienda asequible se ver¨¢ m¨¢s que compensado por el aumento del valor del suelo entre el a?o de la compra y el momento de la entrada en vigor de la norma.

Barcelona y su ¨¢rea metropolitana se hallan a las puertas de un giro hist¨®rico. ?Con qu¨¦ argumentos podr¨ªa cualquier partido municipal justificar el retraso de una norma que extender¨¢ el derecho a la ciudad y evitar¨¢ miles de expulsiones? No va a solucionar la crisis de la vivienda, pero se trata de una transformaci¨®n tan urgente y necesaria como estructural, orientada a cambiar las reglas del juego del mercado inmobiliario. Casi 400 pisos regulados cada a?o, a los que podr¨¢ optar el 75% de la ciudadan¨ªa, y producidos por empresas privadas. Es lo m¨ªnimo que se puede exigir a quien se lucra con un bien fundamental.

No podemos esperar: est¨¢ en juego el futuro de los barrios y de las generaciones venideras. Queremos el 30%.

Jaime Palomera es miembro del Grupo Promotor de la moci¨®n municipal.