El incremento de la escolarizaci¨®n fuera de plazo desborda a la Comunidad
Educaci¨®n atribuye a la llegada de emigrantes que haya tenido que aumentar el n¨²mero de alumnos por clase
Casi 11.000 estudiantes han solicitado su escolarizaci¨®n fuera de plazo en la Comunidad, disparando un 27% la estad¨ªstica con respecto a 2017, seg¨²n la consejer¨ªa de educaci¨®n. Esas cifras, que el Ejecutivo explica con la llegada ¡°masiva¡± de emigrantes africanos y americanos en julio, agosto y septiembre, han servido como justificaci¨®n para incrementar el n¨²mero de alumnos por clase (de 25 a 28 estudiantes). La oposici¨®n y los sindicatos consideran ¡°ilegal¡± la medida, critican que se vincule a la emigraci¨®n y acusan al Ejecutivo de falta de planificaci¨®n.
Los centros de apoyo a la escolarizaci¨®n m¨¢s importantes de la Comunidad vivieron escenas de tensi¨®n a principios de septiembre. Colas. Protestas. Tiras y afloja sobre la documentaci¨®n necesaria para lograr un colegio fuera del periodo ordinario de solicitud. Solo en la direcci¨®n de ¨¢rea territorial de la zona de la capital hubo 4.055 peticiones de escolarizaci¨®n fuera de plazo, 1.288 m¨¢s que en 2017 (un incremento del 46,5%). El conjunto de la regi¨®n sum¨® hasta la pasada semana 10.971 solicitudes, 2.358 m¨¢s que el curso previo, un aumento del 27,4%, seg¨²n datos de la consejer¨ªa. Cifras que previsiblemente aumentar¨¢n durante lo que queda de mes. Y con ellas, el choque frontal entre el Gobierno, la oposici¨®n y los sindicatos.
¡°Solo podemos manifestar nuestro agradecimiento por el trabajo que est¨¢is haciendo para garantizar la escolarizaci¨®n en unas circunstancias que no est¨¢n siendo las mejores¡±, se lee en un email enviado el 7 de septiembre por la consejer¨ªa de educaci¨®n a los presidentes y t¨¦cnicos de los servicios de apoyo a la escolarizaci¨®n (SAES). ¡°En centros p¨²blicos es posible por escolarizaci¨®n extraordinaria, en caso de ausencia de vacantes y solo en las circunstancias definidas para ello, aumentar ratios hasta 28 [alumnos] en educaci¨®n infantil y primaria desde el Servicio de apoyo, contactando y verificando con los centros la situaci¨®n de matr¨ªcula¡±, sigue. Y sobre los momentos de tensi¨®n vividos, subraya: ¡°Si persiste la necesidad del servicio de guardia de seguridad para la pr¨®xima semana debe especificarse dicha necesidad y los d¨ªas que se consideran imprescindible al correo (...)¡±.
La ley permite aumentar un 10% el n¨²mero habitual de alumnos por clase ¡ªde 25 a 27 o 28, seg¨²n la interpretaci¨®n¡ª en funci¨®n de ¡°circunstancias sobrevenidas¡±.
?Qu¨¦ ha ocurrido que no fuera previsible y justifique la decisi¨®n del Gobierno? ¡°Una llegada masiva de menores inmigrantes¡± en verano, seg¨²n el Gobierno. ¡°Est¨¢ provocando largas colas en los SAES de la Comunidad, principalmente por la llegada de ciudadanos africanos y venezolanos¡±, argumentan desde la consejer¨ªa de educaci¨®n, donde se admite que ha habido que reforzar el personal de los centros para atender al incremento de la demanda. Una explicaci¨®n que ha soliviantado a la oposici¨®n y a los sindicatos.
¡°?Cu¨¢ntos? ?Cu¨¢les? ?De qu¨¦ manera?¡± Que demuestren con datos esa situaci¨®n sobrevenida¡±, dice Eduardo Fern¨¢ndez Rubi?o, diputado de Podemos, sobre unas cifras que la Comunidad no desagrega por nacionalidad ni pa¨ªs de origen. ¡°Seg¨²n los propios datos del Observatorio de la inmigraci¨®n de la Comunidad, no hay ninguna circunstancia imprevista en este momento¡±, a?ade. ¡°El PP de Pablo Casado est¨¢ alimentando otra vez la xenofobia para evitar hablar de su incapacidad de gesti¨®n¡±, opina. ¡°En cualquier caso, si ese es el argumento, estar¨ªa bien preguntarse por qu¨¦ el porcentaje de alumnos inmigrantes en colegios concertados sigue siendo sensiblemente menor que en la educaci¨®n p¨²blica, tal y como denunci¨® Save the children¡±.
Una decisi¨®n ¡°ilegal¡±
¡°Es un pretexto¡±, coincide Isabel Galv¨ªn, secretaria general de ense?anza de Comisiones Obreras en Madrid. ¡°?Y si fuese as¨ª?¡±, se pregunta. ¡°La orden que han dado y la masificaci¨®n es ilegal¡±, a?ade, argumentando que la disposici¨®n de la consejer¨ªa sobre los ratios de alumnos es general y no puntual; y que va dirigida a todos los centros y a cada uno de sus cursos, sin discriminar en funci¨®n de cada caso concreto. ¡°Inmigrantes y no inmigrantes tienen que ser escolarizados respetando la norma¡±, reclama. ¡°Y los inmigrantes a los que se refieren ya estaban en junio¡±.
¡°Hay una falta completa de previsi¨®n y una p¨¦sima planificaci¨®n porque no se hace lo que hay que hacer: abrir aulas nuevas¡±, coincide Juan Jos¨¦ Moreno, portavoz de educaci¨®n del PSOE. ¡°Todos los a?os les pasa igual, saben que en septiembre hay una escolarizaci¨®n alta, por gente a la que se le ha olvidado, no por una situaci¨®n sobrevenida¡±, prosigue. ¡°Les ha pillado el toro¡±, subraya. ¡°Y no puede ser que lo arreglen saturando las aulas. Si saben que hay barrios en los que en septiembre siempre aumenta la gente, deben cerrar las aulas con 23 alumnos y as¨ª dejar un hueco¡±.
¡°Los problemas de masificaci¨®n no son nuevos¡±, recuerda Mayte de la Iglesia, de Ciudadanos. ¡°Son fruto de la falta de planificaci¨®n y de la incapacidad para gestionar adecuadamente los recursos p¨²blicos humanos y materiales por parte del gobierno regional¡±.
Mientras la pol¨¦mica crece, el problema se mantiene: las familias que llegan a Madrid, o las que olvidaron hacer la gesti¨®n, buscan colegio para sus hijos.
FAPA denuncia cuotas de hasta 200 euros en concertada y subidas del 6% en un a?o
La FAPA Giner de los R¨ªos asegura que los nuevos colegios concertados -construidos en los ¨²ltimos quince a?os con cesi¨®n de suelo p¨²blico- cobran a las familias cuotas mensuales de entre 89 y 201 euros por una ense?anza que deber¨ªa ser gratuita, y que adem¨¢s subieron este curso un 6% respecto al anterior.
La FAPA ha anunciado que presentar¨¢ una denuncia administrativa ante la Consejer¨ªa de Educaci¨®n para reclamar una inspecci¨®n a estos centros de la "nueva concertada", impulsada en la etapa de Esperanza Aguirre, de los que "un 92% plantean los pagos con car¨¢cter obligatorio, pese a que legalmente son voluntarios".
Un 28% de los alumnos cuyas familias no pueden pagar "sufren exclusi¨®n" de las actividades del centro, seg¨²n el informe encargado por la FAPA, que hall¨® "casos claros de discriminaci¨®n" por el impago de las cuotas, y diferentes "niveles de presi¨®n" a las familias para que paguen.
De ah¨ª que la FAPA se reunir¨¢ esta tarde con el Ministerio de Educaci¨®n para exponer la vulneraci¨®n de derechos por parte de estos colegios, a los que la Consejer¨ªa hab¨ªa abierto una investigaci¨®n y despu¨¦s la archiv¨®, seg¨²n el presidente de la FAPA, Camilo Jen¨¦.
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