La fiscal¨ªa no te lo afina

Los Presupuestos son siempre un momento cumbre en la vida pol¨ªtica de cualquier sociedad moderna. En esta ocasi¨®n, el PSOE maneja un borrador que ha pactado, al menos en parte, con Podemos. Destacan por ser unos presupuestos con un compromiso en la mejora de aquellas pol¨ªticas p¨²blicas que se vieron fuertemente afectadas por los recortes. Ahora bien, son unas cuentas envueltas en una complejidad especialmente pol¨ªtica, aunque no solo, como ha se?alado Emma Cervi?o en Agenda P¨²blica recientemente que, para ser aprobadas, deben superar todav¨ªa no pocos escollos.

El escenario pol¨ªtico en Espa?a no est¨¢ para muchos acuerdos transversales. Varios escenarios electorales abiertos (incluido el de la Uni¨®n Europea que afronta unas elecciones decisivas para su futuro), una derecha en el Congreso (y en el Senado) que se bate en dureza, unos partidos independentistas que exigen compromisos humanamente comprensibles, pero jur¨ªdicamente imposibles para el Gobierno, y un PSOE, con un Podemos, que se necesitan ¨¦l uno al otro y el gesto en forma de voto (o abstenci¨®n) de alg¨²n otro partido.

El Gobierno nombra al Fiscal General pero no implica una una subordinaci¨®n pol¨ªtica de toda la fiscal¨ªa al Ejecutivo

El tema de la derecha, de la pugna entre el PP y Ciudadanos, se complica porque, seg¨²n Metroscopia, VOX podr¨ªa entrar tambi¨¦n a repartirse los votos de este sector ideol¨®gico, captando a aquellos que creen que la formaci¨®n azul y la naranja son blandas con respecto a Catalu?a y que, adem¨¢s, rechazan la corrupci¨®n del PP.

En la esfera independentista la cosa es muy complicada porque sobrevuelan las cabezas de estas formaciones y de las de sus seguidores una serie de palabras funestas: traici¨®n, frustraci¨®n y desencanto. Cada una de ellas son, en realidad, conceptos con una carga simb¨®lica que a nadie escapa y que inciden en el poder que las formaciones implicadas, ERC y PDeCAT, puedan mantener en Catalu?a y en Madrid. Ambos partidos, con formas m¨¢s o menos beligerantes con el Gobierno de S¨¢nchez, exigen que este incida en el futuro inmediato de los pol¨ªticos presos. Es cierto que existen otras medidas igualmente apropiadas para asegurar la celebraci¨®n del juicio, menos lesivas de los derechos fundamentales; sin embargo, esta exigencia tiene dif¨ªcil gesti¨®n porque puede suponer una quiebra al Estado de Derecho constitucional.

El Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, por mandato constitucional, pero ello no debe entenderse como una subordinaci¨®n pol¨ªtica de toda la fiscal¨ªa al Ejecutivo; de hecho, no puede ser cesado salvo en las causas tasadas por la Ley. Adem¨¢s, la Constituci¨®n tambi¨¦n establece que el papel del Ministerio Fiscal es, entre otras, ¡°promover la acci¨®n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter¨¦s p¨²blico tutelado por la ley, as¨ª como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ¨¦stos la satisfacci¨®n del inter¨¦s social¡±. En el ejercicio de su funci¨®n la fiscal¨ªa debe actuar de conformidad a criterios jur¨ªdicos, ya que, de otra forma, dif¨ªcilmente podr¨ªa cumplir con las funciones que le son encomendadas.

Cabe decir que el Ministerio Fiscal depende org¨¢nicamente del Ejecutivo pero que debe actuar de forma aut¨®noma, ajena a criterios de oportunidad pol¨ªtica, y en cumplimiento estricto de la ley y del inter¨¦s general. Por esta raz¨®n escandalizaban las palabras que el exministro Fern¨¢ndez D¨ªaz le dirig¨ªa al jefe antifraude de Catalu?a afirmando que ¡°esto la Fiscal¨ªa te lo afina¡±. Igualmente perturbadoras para la credibilidad de esta instituci¨®n fueron los intentos continuados del ministro Catal¨¢ de controlar a la Fiscal¨ªa, cuesti¨®n por la que fue reprobado por el Congreso, junto al Fiscal General del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, y al Fiscal Anticorrupci¨®n, Manuel Moix. Las tres reprobaciones fueron apoyadas, por cierto, por ERC y PDeCAT.

Los ultim¨¢tums y los intercambios imposibles no debieron ser nunca motores de la hoja de ruta

Esta breve contextualizaci¨®n sirve para recordar que el adecuado estado del mundo judicial pasa por que la fiscal¨ªa act¨²e de forma aut¨®noma y gu¨ªe sus actuaciones solo por la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de la legalidad vigente. Por eso resulta dif¨ªcil asumir las peticiones de los grupos independentistas de que el Gobierno influya en la decisi¨®n de los fiscales ante el Tribunal Supremo cuando, acertadamente, se ha exigido al PP que no utilizara a esta instituci¨®n constitucional en su propio provecho. Se echa en falta, tambi¨¦n, cierto esp¨ªritu de autocr¨ªtica en el independentismo institucional que asuma que el refer¨¦ndum, y menos sobre la independencia, no es viable actualmente. La unilateralidad ha quedado superada y debe trabajarse por recuperar la credibilidad de estas fuerzas como interlocutoras pol¨ªticas. Los ultim¨¢tums y los intercambios imposibles no debieron ser nunca motores de la hoja de ruta.