Entre la farsa y la tragedia

En su discurso con motivo del primer aniversario de la DUI del 27 de octubre de 2017, el presidente Torra dijo que ¡°estamos a las puertas de un juicio que sabemos por anticipado que ser¨¢ una farsa, tal como la justicia europea ya ha expresado con las resoluciones emitidas por los tribunales alemanes y belgas¡±. A los que intentamos aproximarnos al fen¨®meno del proc¨¦scon la deseable parsimonia cient¨ªfica, nos parece que la aseveraci¨®n de Torra reclama un escrutinio emp¨ªrico. ?En qu¨¦ resoluci¨®n judicial europea se ¡°expresa¡± que el juicio a los l¨ªderes independentistas catalanes vaya a ser una farsa?

Tomemos, por ejemplo, la resoluci¨®n del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre la extradici¨®n de Puigdemont. El tribunal consider¨® que el cargo de rebeli¨®n era ¡°inadmisible¡±, porque los actos imputados al expresident no correspond¨ªan al delito de alta traici¨®n (Hochverrat) ni al de perturbaci¨®n del orden p¨²blico (Landfriedensbruch) previstos por el C¨®digo Penal alem¨¢n: simplemente, no se alcanz¨® la violencia que contempla la regulaci¨®n de esos delitos. (Hay que decir que para semejante conclusi¨®n no hac¨ªan falta alforjas: en una fecha tan temprana como noviembre de 2017 m¨¢s de cien penalistas espa?oles ya suscribieron un manifiesto en el que se afirma que ¡°es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebeli¨®n, y ello por la poderos¨ªsima raz¨®n de que est¨¢ ausente un elemento estructural de ese il¨ªcito cual es la violencia¡±.)

Sin menospreciar el varapalo de la sentencia en el caso Otegi, los historiales de Espa?a y Turqu¨ªa son muy distintos

Ahora bien, la verdad es que el Tribunal de Schleswig-Holstein no cuestion¨® la justicia espa?ola en los t¨¦rminos que sugiere Torra. Antes al contrario: despu¨¦s de aceptar que Puigdemont pudiese ser extraditado por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, el tribunal descart¨® categ¨®ricamente que esa potencial extradici¨®n pudiera servir, como hab¨ªa sostenido el acusado, para ¡°perseguirle pol¨ªticamente¡± en Espa?a. Seg¨²n el tribunal, est¨¢ fuera de lugar atribuir tal intenci¨®n al Estado espa?ol como miembro de la comunidad de valores y del espacio legal com¨²n de la Uni¨®n Europea. Por si eso no fuera suficiente, el tribunal a?adi¨® que ten¨ªa ¡°confianza ilimitada¡± en la capacidad de la justicia espa?ola para actuar seg¨²n las reglas del derecho.

Ciertamente, esta confianza ilimitada casa mal con la farsa de Torra y, en general, con la l¨ªnea argumental de equiparar a Espa?a con Turqu¨ªa o con pa¨ªses incluso m¨¢s tenebrosos (en una entrevista reciente Jordi Cuixart compar¨® su situaci¨®n con la del activista Osman Kavala en Turqu¨ªa ¡°o la de otros en Ir¨¢n o China¡±). Esa equiparaci¨®n con Turqu¨ªa es otro postulado que tambi¨¦n merece un an¨¢lisis. Una posibilidad que se nos ocurre es examinar la relaci¨®n que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mantenido con ambos estados. Sin menospreciar el varapalo de la sentencia en el caso Otegi y otros casos, lo cierto es que los historiales de Espa?a y Turqu¨ªa son bastante dispares.

Si nos centramos en un asunto tan sensible para la democracia como la ilegalizaci¨®n de partidos pol¨ªticos, hasta el d¨ªa de hoy Espa?a ha llegado una sola vez a Estrasburgo. En aquella ocasi¨®n el TEDH sentenci¨® que la ilegalizaci¨®n de Batasuna no hab¨ªa supuesto ninguna violaci¨®n del art¨ªculo 11 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, que protege el derecho de asociaci¨®n y solo permite limitarlo muy excepcionalmente. En cambio, Turqu¨ªa ha llegado seis veces al TEDH y las seis veces el TEDH ha sentenciado en su contra. Sucedi¨® en 1998 con la ilegalizaci¨®n del Partido Comunista Unido y la del Partido Socialista, con la del partido Libertad y Democracia (?ZDEP) en 1999, el Partido Laborista Popular (HEP) en 2002, el Partido Democracia Popular (HADEP) en 2010 y el Partido por una Sociedad Democr¨¢tica (DTP) en 2016.

La forma en que se desarrolle el juicio y su resultado puede hundir las credenciales democr¨¢ticas de Espa?a

A la vista de estos casos no es extra?o que Espa?a y Turqu¨ªa ocupen posiciones tan alejadas en los rankings de democracias. Seg¨²n el ¨ªndice de The Economist, en 2017 Turqu¨ªa ocupaba la posici¨®n n¨²mero 100. Espa?a, en cambio, cerraba el top-19 de las ¡°democracias plenas¡± encabezado por Noruega (otra prueba de que la democracia de calidad no est¨¢ necesariamente re?ida con la monarqu¨ªa). Pero, como siempre, los documentos hay que leerlos enteros. El informe de The Economist se?ala que la respuesta al refer¨¦ndum del 1-O pone a Espa?a en riesgo de convertirse en una ¡°democracia defectuosa¡±. Aunque el juicio a los l¨ªderes independentistas no vaya a ser la farsa que pretende Torra, la forma en que se desarrolle -y sobre todo su resultado- puede hundir las credenciales democr¨¢ticas de Espa?a. De momento, los chats tabernarios, el abuso de la prisi¨®n preventiva y la exacerbada petici¨®n de penas no auguran nada bueno.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la UAB.