El juez da un ¡°¨²ltimo e improrrogable¡± plazo de un mes para demoler la pirotecnia de Tui

No ser¨¢n ocho, sino un mes solo, el tiempo en el que el Ayuntamiento de Tui deber¨¢ desalojar, vaciar de materiales explosivos y demoler La Gallega, la pirotecnia radicada desde hace un siglo en la parroquia de Baldr¨¢ns, cuyo propietario est¨¢ en la c¨¢rcel por la cat¨¢strofe de mayo. Adem¨¢s de la f¨¢brica, declarada ilegal y con sentencia firme de demolici¨®n desde 2015, Francisco Gonz¨¢lez Lameiro pose¨ªa varios zulos repartidos entre el propio Baldr¨¢ns y el vecino pueblo de Paramos. Este ¨²ltimo almac¨¦n ilegal, donde O Fogueteiro hac¨ªa acopio de cohetes para las fiestas del verano, es el que explot¨® el pasado 23 de mayo y seg¨® dos vidas, dej¨® dos ni?os hu¨¦rfanos y borr¨® del mapa la localidad. Ning¨²n alcalde, en los ¨²ltimos a?os en que el fallo judicial de demolici¨®n hab¨ªa sido ya confirmado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cumpli¨® la orden. Hace un a?o, meses antes del accidente mortal de Paramos, el juzgado sancion¨® con una multa de 300 euros al alcalde, Carlos V¨¢zquez Pad¨ªn (Converxencia 21), reci¨¦n llegado al cargo tras una moci¨®n de censura, por no haber gestionado el derribo. En septiembre, y ya tras el desastre, lleg¨® otra multa de 1.500 euros. Entonces el Gobierno local hizo p¨²blico un "cronograma" con los pasos que se dar¨ªan hasta hacer desaparecer La Gallega de la faz de la tierra. El consistorio se daba un margen de ocho meses, y en una primera fase la empresa tendr¨ªa que buscar compradores para el material legal que todav¨ªa acumulaba en las casetas de la pirotecnia. Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 1 de Pontevedra concede al Ayuntamiento de Tui ¡°un ¨²ltimo e improrrogable plazo¡± de un mes para acabar con la pesadilla.

Aunque originalmente era la empresa la que deber¨ªa afrontar la demolici¨®n, ahora es la Administraci¨®n municipal la que est¨¢ obligada a ejecutar la sentencia que dictamina el derribo y que que anula las licencias de las obras de legalizaci¨®n y de actividad de la pirotecnia otorgadas por el Ayuntamiento en 2013. El auto tambi¨¦n autoriza al consistorio a entrar por la fuerza en las instalaciones, con el auxilio de la Polic¨ªa Local y de los expertos en explosivos de los cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sus propietarios no lo permitan voluntariamente. Contra el auto cabe interponer recurso de apelaci¨®n ante el TSXG, aunque el juez advierte de que ¡°por s¨ª mismo no suspende la ejecutividad¡± de su resoluci¨®n.

El juez no acepta el calendario de actuaciones que le remiti¨® el alcalde en noviembre porque resulta "demasiado dilatado en el tiempo" si se tiene en cuenta "el peligro que conlleva para la seguridad p¨²blica" la existencia de unas instalaciones pirot¨¦cnicas pr¨®ximas a un n¨²cleo poblado donde todav¨ªa se realiza actividad "de manera clandestina e ilegal". "Dada la urgencia, gravedad y premura del asunto, un mes es tiempo m¨¢s que suficiente para poder alcanzar este resultado", insiste el magistrado. "No procede ya concederle m¨¢s plazos a los propietarios para la ejecuci¨®n voluntaria" y debe realizar "directamente la Administraci¨®n la ejecuci¨®n subsidiaria".

Se da la paradoja de que mientras el juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra llevaba a?os tratando de hacer cumplir la orden de desalojo del material pirot¨¦cnico y de derribo de la f¨¢brica, el juzgado de Tui que investiga la explosi¨®n mortal de Paramos orden¨® almacenar m¨¢s material tras la tragedia. Eran productos explosivos incautados en dos almacenes clandestinos que fueron descubiertos en la zona de Baldr¨¢ns un par de d¨ªas despu¨¦s del accidente. En noviembre todo aquel material que los especialistas en explosivos optaron por no destruir al principio y guardarlo en La Gallega, segu¨ªa almacenado en al menos dos casetas de las instalaciones ilegales.