La reforma constitucional y las autonom¨ªas

Esta semana se conmemora la celebraci¨®n del refer¨¦ndum constitucional de 1978. Este texto final fue fruto del consenso, de renuncias de todas las partes, quiz¨¢ m¨¢s de unas que de otras, pero un gesto de generosidad y voluntad de transformaci¨®n democr¨¢tica. El 6 de diciembre de 1978 el 87,16 % de los espa?oles que votaron dijeron s¨ª a la nueva Constituci¨®n.

Seguramente, los constituyentes hicieron la Constituci¨®n que el sistema pod¨ªa aguantar y gestionar en aquel momento. Desde entonces, con sus m¨¢s y sus menos, Espa?a se ha convertido en un estado democr¨¢tico perfectamente homologable al resto de democracias occidentales. Y, para seguir garantizando su vigencia, el pacto de convivencia de 1978 debe ser actualizado. Algunos dir¨¢n que hablar de la reforma constitucional en Espa?a es una entelequia, y no les falta algo de raz¨®n. Sin embargo, como juristas y ciudadan¨ªa no podemos dejar que la vor¨¢gine pol¨ªtica nos arrastre y nos convierta en meros espectadores.

El independentismo ha preferido saltarse la constituci¨®n, antes que intentar mejorar el sistema

Asimismo es exigible que los territorios se impliquen en actualizar el texto constitucional, tambi¨¦n, pero no solo, en lo concerniente a la mejora del autogobierno. La Constituci¨®n reconoce a las Comunidades Aut¨®nomas la iniciativa de reforma constitucional. Sin embargo, hasta la fecha, solo el Parlamento asturiano ha puesto en pr¨¢ctica esta posibilidad. En este caso se trata de una propuesta de intensificaci¨®n de la participaci¨®n ciudadana en la vida pol¨ªtica espa?ola.

La pregunta es ?por qu¨¦ otras Comunidades no han ejercido la iniciativa de reforma constitucional que les est¨¢ reconocida? La iniciativa auton¨®mica est¨¢, en cierto modo, limitada, dado que esta pasa por solicitar del Gobierno la adopci¨®n de un proyecto de reforma o por remitir al Congreso una proposici¨®n de reforma que debe ser defendida y, en su caso, admitida por la C¨¢mara. Sin embargo, si las CCAA no ejercen todas sus potestades de presi¨®n constitucional sobre el centro, pierden parte de su legitimidad en la cr¨ªtica, destructiva incluso, del mal funcionamiento del sistema.

Imag¨ªnense que el Parlament de Catalu?a, en vez de haber enviado a Madrid un Estatuto que, como ha sido reconocido, pretend¨ªa una reforma constitucional por la puerta de atr¨¢s, hubiera enviado una o sucesivas propuestas de reforma constitucional, y, sobre todo, algunas de ellas en acuerdo con otros Parlamentos auton¨®micos. Andaluc¨ªa y Catalu?a podr¨ªan haber enviado conjuntamente al Gobierno o al Congreso propuestas de reforma conjuntas en muchos aspectos (clarificaci¨®n competencial, relaciones bilaterales en algunos puntos, etc). Y, de buen seguro, otras Comunidades se hubieran sumado. Ello hubiera supuesto un escenario totalmente distinto en que las autonom¨ªas se habr¨ªan hecho fuertes ante las instituciones del Estado y, adem¨¢s, habr¨ªa podido generar din¨¢micas de colaboraci¨®n horizontal entre ellas y pasar por encima de los intereses estrictamente partidistas. Se pod¨ªa haber planteado la reforma de los procedimientos de reforma constitucional, que seg¨²n la literalidad constitucional, solo necesita del sistema ordinario, para poder limitar el procedimiento agravado a las cuestiones verdaderamente esenciales del sistema. Posteriormente podr¨ªan haberse impulsado la reforma del Senado, los sistemas de distribuci¨®n competencial y de financiaci¨®n, las relaciones intergubernamentales, hoy precarias, para convertir a Espa?a en un verdadero estado federal.

Es una letan¨ªa del independentismo aquello de que ¡°Espa?a nos ha negado sistem¨¢ticamente la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum sobre autodeterminaci¨®n¡±. Aqu¨ª falla, sobre todo, el ¡°sistem¨¢ticamente¡±. En 2014 tres representantes del Parlament fueron al Congreso a solicitar la realizaci¨®n de una consulta en Catalu?a sobre su futuro. Ahora bien, Jordi Turull y Marta Rovira ya avisaban (?amenazaban?) con que la consulta, y despu¨¦s, el refer¨¦ndum, se realizar¨ªan en todo caso (recuerden el posterior ¡°s¨ª o s¨ª¡± de Puigdemont). No es casual que la petici¨®n se presentara en el momento en que el Partido Popular contaba con una aplastante mayor¨ªa absoluta por lo que el no estaba asegurado. Eso s¨ª, cumplieron su promesa: se celebr¨® el 9-N primero y el 1-O despu¨¦s. Sobre todo este ¨²ltimo, es una muestra m¨¢s de que el nuevo independentismo ha preferido saltarse la constituci¨®n, antes que intentar todos los mecanismos constitucionales en su mano para mejorar el sistema.

Las comunidades aut¨®nomas tambi¨¦n son Estado y la confianza en ellas debe ser absoluta

Las comunidades aut¨®nomas, y sobre todo aquellas que vienen reclamando hace tiempo un autogobierno de mayor calidad, no deben ser vistas como entes subalternos y bajo sospecha. Las autonom¨ªas son Estado y la confianza en ellas debe ser absoluta. De igual forma, debe exigirse a las instituciones auton¨®micas comportamientos leales con el resto del sistema. Y lealtad no significa renuncia, ni muchos menos. Pero s¨ª jugar con la misma baraja que los dem¨¢s, dejando de lado faroles que nada aportan, pero subiendo la apuesta, impulsando un cambio a mejor de nuestro sistema territorial.