Operaci¨®n Chamart¨ªn y el inter¨¦s general

Desde hace d¨¦cadas Madrid tiene una asignatura pendiente en el norte de la capital que precisa una nueva estaci¨®n de Chamart¨ªn y las infraestructuras p¨²blicas, viviendas p¨²blicas, dotaciones sociales y zonas verdes que necesita la zona. Hace falta un proyecto urban¨ªstico, fruto del consenso con la vecindad, desarrollado con transparencia y que atienda al inter¨¦s p¨²blico. Adif, la entidad que administra las infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento, es la propietaria mayoritaria del suelo p¨²blico donde se desarrollar¨¢ ese proyecto y debe velar por el mejor uso de ese patrimonio com¨²n.

Hace pocos d¨ªas, el ministro de Fomento ?balos aseguraba en el Congreso de los Diputados que, de no realizarse la Operaci¨®n Chamart¨ªn, la construcci¨®n de la nueva estaci¨®n, con un coste aproximado de 900 millones, recaer¨ªa en los Presupuestos del Estado.

Tambi¨¦n nos preocupa mucho el dinero de todas y todos. Por ello alertamos de que el verdadero problema es seguir adelante con una operaci¨®n tal y como se plantea en estos momentos. Explicamos por qu¨¦:

Adif y la sociedad privada Distrito Castellana Norte (DCN), participada por BBVA y Constructora San Jos¨¦, han firmado en los ¨²ltimos 25 a?os sucesivos contratos para la enajenaci¨®n y posterior desarrollo urban¨ªstico de la Operaci¨®n Chamart¨ªn. Las condiciones han ido variando hasta el ¨²ltimo firmado el pasado mes de diciembre. Si algo ha quedado claro es que las sucesivas renovaciones han permitido hacer un gran negocio privado a costa de lo p¨²blico. No lo decimos solo nosotros. Tambi¨¦n lo denunciaban informes jur¨ªdicos de Renfe que aconsejaban, ya en 2001, la resoluci¨®n de un convenio tan lesivo para los intereses generales.

Pero eso no ocurri¨®. No solo no se cancel¨® sino que se fueron incrementando las regal¨ªas que, con el patrimonio de todas y todos, se han otorgado a DCN.

Fijar la venta de suelo p¨²blico a DCN en 984 millones de euros, la mitad del valor de mercado, supone que ADIF deja de ganar 1.000 millones de euros. Adem¨¢s, se les concedi¨® un ventajoso plazo de 20 a?os para pagar con un recargo del 3% anual y eso se traduce en un grave perjuicio econ¨®mico para el Estado. La informaci¨®n sacada a la luz permite ver que adem¨¢s las Administraciones P¨²blicas (ADIF, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad) asumen la responsabilidad en la construcci¨®n de infraestructuras singulares y sus riesgos asociados. Y eso supondr¨¢ una nueva factura millonaria a cargo de los presupuestos p¨²blicos. Y, por si fuera poco, debe ser tambi¨¦n el Estado el que corra con el riesgo del pago de indemnizaciones ante reclamaciones de los propietarios originales de los terrenos expropiados cuando estos pasen a ser urbanizables.

Por ello, alertamos al ministro y al resto de responsables pol¨ªticos con poder de decisi¨®n, de que el verdadero problema es seguir adelante con una Operaci¨®n Chamart¨ªn sin garant¨ªas para la gesti¨®n eficiente del patrimonio p¨²blico. Es imprescindible frenarla, dar acceso a la documentaci¨®n relativa al proyecto y proteger el inter¨¦s general en beneficio de todas y todos.

Alberto Garz¨®n Espinosa, coordinador Federal IU y portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Carlos S¨¢nchez Mato, responsable de Econom¨ªa IU y concejal del Ayuntamiento de Madrid.