Los desahucios sin aviso previo se multiplican por siete en 2018 en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona denunci¨® ayer que los tribunales dictan, cada vez m¨¢s, ¨®rdenes de desahucio con ¡°fecha abierta¡± lo que en la pr¨¢ctica permite a los Mossos expulsar a los impagados en el momento que consideren m¨¢s oportuno evitando as¨ª que entidades, vecinos y activistas obstaculicen desalojos judiciales. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, denunci¨® que los desahucios con fecha abierta se han multiplicado por siete en el ¨²ltimo a?o y aseguro que ¡°vulneran compromisos en materia de Derechos Humanos¡±.

En 2017 los jueces ordenaron ocho desahucios con fecha abierta que afectaron a 13 adultos y seis menores. Una cifra que se multiplic¨® el pasado 2018 cuando se utiliz¨® esta figura para 55 lanzamientos que afectaron a 111 adultos y 82 menores.

La teniente de alcalde de Derechos sociales particip¨® ayer en una reuni¨®n en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) donde exigi¨®, ante los representantes judiciales, que los tribunales notifiquen en una etapa inicial los procesos de desahucio para poder activar los servicios sociales con antelaci¨®n.

Ortiz propuso ayer un nuevo protocolo de actuaci¨®n: ¡°Los servicios sociales del Ayuntamiento est¨¢n presentes siempre que se nos notifican, pero el protocolo actual solo sirve para que nos avisen el d¨ªa mismo del lanzamiento¡±.

El Ayuntamiento de Barcelona intervino el pasado 2018 en 1.270 procesos de lanzamiento y solo en el 20% de los casos fue notificado en una etapa inicial del proceso. En el 60% de los casos, las notificaciones fueron para realizar asistencias junto a la comitiva judicial que ejecuta la orden. ¡°El coste por n¨²cleo perceptor de una emergencia social una vez perdida la vivienda es de 3.336,8 euros para el Ayuntamiento. En cambio, cuando actuamos desde la prevenci¨®n, el gasto para servicios sociales es de 998,2 euros para cada n¨²cleo perceptor. Es decir, menos de una tercera parte del coste en t¨¦rminos econ¨®micos¡±, aclar¨® Ortiz.

La teniente de alcalde explic¨® que el pasado a?o el Consistorio contabiliz¨® 505 desahucios en los que el Ayuntamiento actu¨® preventivamente y en 250 casos entregaron las llaves antes del desahucio lo que a juicio del Consistorio acredita que una intervenci¨®n temprana de los servicios sociales permite un proceso calificado como ¡°menos traum¨¢tico¡±.

La petici¨®n de nuevo protocolo se abordar¨¢ de nuevo dentro de dos meses en un nuevo encuentro entre el TSJC, el Ayuntamiento, la Generalitat, el colegio de abogados y el de procuradores. Pese a ello, Ortiz critic¨® que desde el TSJC ayer se manifestaron reparos a la hora de proporcionar informaci¨®n sobre desahucios al Consistorio.

Por su parte, los representantes del TSJC protestaron en la reuni¨®n por las dificultades con las que se encuentran las comisiones judiciales al ejecutar los desahucios. Seg¨²n los datos del tribunal de los 4.880 lanzamientos se?alados en Barcelona en 2018, 2.683 fueron negativos al impedirlo activistas. El TSJC justific¨® as¨ª los se?alamientos con fecha abierta ¡°como ¨²ltimo recurso¡±. El TSJC ofreci¨® al Consistorio, previa aprobaci¨®n del Departament de Just¨ªcia, la implantaci¨®n de una unidad de los servicios sociales dentro de la Ciudad de la Justicia con el fin de que los afectados por un desahucio puedan dirigirse con la suficiente antelaci¨®n.

Por otro lado, Ortiz pidi¨® un protocolo espec¨ªfico para ocupaciones ¡°perniciosas¡±: los narcopisos. La teniente de alcalde pidi¨® un protocolo para actuar coordinadamente y permitir as¨ª agrupar causas que permita ¨®rdenes de desalojos de pisos de un mismo edificio puedan ejecutarse conjuntamente.

Horas antes de que tuviera lugar la reuni¨®n, los Mossos desalojaron el edificio okupado conocido como el Armadillo del barrio barcelon¨¦s de Gr¨¤cia. Un edificio ocupado hace seis a?os donde viv¨ªan m¨¢s de una decena de personas. El procedimiento judicial de desalojo se inici¨® en 2012 y, entre mayo de 2014 y diciembre de 2018 hubo diversas suspensiones. El 19 de diciembre pasado, el juez se?al¨® el lanzamiento con fecha abierta. El 8 de enero el Consorci de l'Habitatge que certific¨® que el Ayuntamiento de la capital catalana llevaba meses trabajando con las partes sin posibilidad de llegar a un acuerdo.