El promotor del expediente a De Lara pide siete meses de suspensi¨®n para la juez

La juez de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo, Pilar de Lara, se enfrenta a una sanci¨®n profesional de entre tres y siete meses de suspensi¨®n de empleo y sueldo en el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre supuestas dilaciones indebidas en el contexto de la numerosas macrocausas que lleva, como la Carioca, sobre redes de proxenetismo, o la Pok¨¦mon y la del Gara?¨®n, sobre corrupci¨®n pol¨ªtica. Otro de los riesgos que se ciernen sobre la instructora de las mayores investigaciones contra pol¨ªticos, guardias civiles, polic¨ªas, proxenetas y empresarios que ha conocido Galicia es la del traslado forzoso, y probablemente inminente, durante un a?o entero.

El abogado de la magistrada en el expediente, Agust¨ªn Azparren, ha confirmado que ¡°se acaba de notificar la propuesta de resoluci¨®n, en la que el fiscal pide tres meses de suspensi¨®n de empleo y sueldo y el promotor [de la acci¨®n disciplinaria dentro del Poder Judicial] siete meses¡± o el traslado durante un total de 12. Cualquiera de estas medidas incrementar¨ªa el retraso que, seg¨²n los ¨²ltimos inspectores que revisaron el estado de supuesto colapso del juzgado, sufre la tramitaci¨°n de estas causas con numerosos imputados del PP y el PSOE, del funcionariado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En v¨ªspera de elecciones, la instrucci¨®n quedar¨ªa en un limbo que, en principio, acabar¨ªa siendo solventado con la llegada de un juez sustituto no conocedor de unos casos que ocupan ya centenares de miles de folios.

Azparren se sorprende de la extrema rapidez con la que el promotor, Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia con el Gobierno del PP, ha tomado su decisi¨®n sin ni siquiera cumplir el tr¨¢mite de esperar a que se resuelva el recurso que el abogado de De Lara present¨® en el expediente disciplinario. En la resoluci¨®n, notificada al abogado el viernes pasado, se mantiene ¡°alguna de las imputaciones sobre retrasos que se le atribuyen a la magistrada, pese a que la propia inspecci¨®n del CGPJ, en un escrito posterior, reconoci¨® y rectific¨® varios errores que ten¨ªa, por ejemplo en un caso en que se le imputaba un retraso que no le correspond¨ªa a ella sino a una juez que la hab¨ªa sustituido". La inspecci¨®n, seg¨²n Azparren, "comunic¨® que era un error y, sin embargo, se sigue manteniendo en la propuesta del promotor¡± para pedir una suspensi¨®n de siete meses o el traslado de un a?o. ¡°O sea, que no se han rectificado los errores de la propia inspecci¨®n¡±, insiste el abogado.

El promotor de la acci¨®n disciplinaria sigue atribuyendo en este ¨²ltimo escrito hechos de los a?os 2012 y 2014 que ya estar¨ªan prescritos, adem¨¢s de algunos otros supuestos retrasos que fueron objeto de diligencias informativas por las que no se abri¨® expediente, archivadas en su d¨ªa por la propia figura del promotor. La resoluci¨®n se ha notificado pese a que todav¨ªa est¨¢ pendiente de resolver ¡°por la comisi¨®n permanente" del Consejo "el recurso que se hizo en su momento porque se hab¨ªa denegado una prueba testifical, fundamentalmente [la declaraci¨®n] de los inspectores que realizaron la ¨²ltima inspecci¨®n extraordinaria y anteriores inspecciones¡±, reprocha adem¨¢s Azparren.

Sobre si ya se est¨¢ en la fase final en cuanto al expediente disciplinario abierto por el Consejo, Agust¨ªn Azparren ha insistido en que ¡°depender¨¢ de si se estima el recurso": "si se tuviera que hacer la prueba testifical habr¨ªa que retrotraer el expediente a ese momento y practicarse las pruebas¡±. Tras la resoluci¨®n sobre sanciones el letrado y exmagistrado del CGPJ constata que ahora tienen ¡°ocho d¨ªas para contestar y luego pasar¨ªa a la comisi¨®n disciplinaria para que resolviera¡±. ¡°Podemos estar en la fase de tramitaci¨®n administrativa del expediente, despu¨¦s siempre quedar¨ªan los recursos¡±, remata el abogado de la juez anticorrupci¨®n.