M¨¢s de 1.300 familias catalanas esperan un piso de emergencia

Las entidades promotoras de la ley contra los desahucios y la pobreza energ¨¦tica, la c¨¦lebre 24/2015, que fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y en enero fue recuperada parcialmente, urgieron ayer a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que velen por su cumplimiento y faciliten las herramientas que lo permiten. Las organizaciones (PAH, Observatorio DESC o la Alianza Contra la Pobreza Energ¨¦tica) denunciaron que en Catalu?a hay 55 desahucios al d¨ªa y que 1.339 familias aguardan hasta m¨¢s de dos a?os por un piso de emergencia.

Las entidades se reunieron en la Generalitat con el presidente Quim Torra y con el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Dami¨¤ Calvet. Las peticiones que les trasladaron son tres: acciones para que las ¡°colapsadas¡± mesas de emergencia (sobre todo la de Barcelona) no tengan listas de espera; exigir responsabilidades a las empresas suministradoras para que no corten la luz a familias sin recursos y asuman la deuda de las familias; y que tomen medidas para aplicar ¡°de forma efectiva¡± la 24/2015. En el Ayuntamiento se reunieron con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Las partes acordaron que las administraciones har¨¢n una campa?a informativa para que la ciudadan¨ªa sepa que se ha recuperado la ley y cu¨¢les son sus derechos. Por ejemplo, que si est¨¢n en situaci¨®n de vulnerabilidad bancos o grandes tenedores est¨¢n obligados a hacer alquileres sociales; o que con un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales no te pueden cortar la luz por impago. Adem¨¢s, las Administraciones se comprometieron a recordar por carta a bancos y fondos la vigencia de la ley y sus obligaciones, formar al personal de justicia o al personal de los ayuntamientos.

Pobreza energ¨¦tica

Sobre el frente de la pobreza energ¨¦tica las entidades denunciaron que las familias sin recursos acumulan una ¡°enorme¡± deuda con las empresas suministradoras y reclamaron a las administraciones que firmen los convenios que prev¨¦ la ley y que estipulan qui¨¦n asume (si los privados o el sector p¨²blico) lo que las familias no pueden pagar. La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE), Mar¨ªa Campuzano no cuantific¨® la deuda que acumulan las familias. Porque los datos, argument¨®, los tienen las empresas.

Desde la Generalitat, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Dami¨¤ Calvet, les respondi¨® con un compromiso para convocar en breve una reuni¨®n con los departamentos implicados (Bienestar, Empresa e Interior) para tratar la cuesti¨®n. ¡°La Generalitat y los Ayuntamientos hemos de encontrar la f¨®rmula, v¨ªa quitas, condonaciones de la deuda o subvenciones¡±, afirm¨®.

Calvet tambi¨¦n defendi¨® que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado martes contribuir¨¢ a aumentar el parque de pisos sociales. Y sac¨® pecho informando de que la Generalitat compr¨® el a?o pasado 853 pisos con el mecanismo del tanteo y retracto. El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, celebr¨® que la Generalitat ¡°vuelva a invertir en vivienda¡±.