Entidades, juristas y partidos dudan del alcance del tope a los alquileres

Los socios del Govern, Junts per Catalunya y Esquerra, aparcaron ayer sus diferencias sobre el decreto ley que busca poner tope a los alquileres y lo aprobaron en su reuni¨®n semanal. El texto genera varias dudas en la oposici¨®n, las entidades que defienden el derecho a la vivienda y los juristas. Todos coinciden en afirmar que las medidas tendr¨¢n poco impacto y adem¨¢s creen que habr¨¢ un conflicto competencial con el Gobierno central. ¡°Estamos regulando sobre aquello que somos competentes¡±, insisti¨® ayer la consejera Ester Capella.

¡°Lo que pueda decidir un alcalde o un conseller no lo debe decidir ning¨²n ministro del Reino de Espa?a¡±, alert¨® Capella. Cuando la consejera republicana anunci¨®, hace una semana, la reforma amparada en las competencias en contratos del C¨®digo Civil catal¨¢n, le llovieron cr¨ªticas por hacer la aprobaci¨®n en plena campa?a electoral. Ahora, con el texto en la mano, la preocupaci¨®n radica por las lagunas que tiene el decreto ley que tendr¨¢ que ser validado por el Parlament. JxCat y ERC no tienen la mayor¨ªa para aprobarlo.

¡°Los arrendamientos urbanos est¨¢n regulados desde 1994 con una Ley de Arrendamientos Urbanos que nunca ha sido recurrida por una comunidad aut¨®noma por invasi¨®n de competencias¡±, record¨® la diputada socialista Rosa Maria Ibarra. El PSC, que ve?¡°electoralismo casi vergonzante en la medida,? no descarta pedir un dictamen al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias. ¡°La Generalitat ha dejado sus funciones en vivienda y ahora se saca de la manga un decreto no solo electoralista sino tambi¨¦n de dudosa constitucionalidad¡±, defendi¨® por su parte el l¨ªder de Ciudadanos Carlos Carrizosa.

Capella defendi¨® que en Catalu?a se aplica el derecho civil espa?ol subsidiariamente, es decir, en los casos que no est¨¢n previstos por el C¨®digo Catal¨¢n. ¡°No se entiende. Si exist¨ªa el mecanismo, ?Por qu¨¦ han esperado tanto?¡±, se pregunt¨® la portavoz de Catalunya en Com¨², Susana Segovia. "Se ha redactado con opacidad, sin contar con las organizaciones de inquilinos pero consultando a los agentes inmobiliarios", a?adi¨® Segovia.

La CUP, por su parte, lament¨® la falta de transparencia y objeta que se regule en un momento en que los precios de los alquileres est¨¢n en r¨¦cord hist¨®ricos, algo que creen que distorsiona el ¨ªndice de referencia en el que se basa todo el sistema y que se calcula con las rentas del Incas¨°l. Una cr¨ªtica que comparten desde el Sindicato de Inquilinos. ¡°El ¨ªndice ya est¨¢ hinchado por la burbuja y si encima permites un incremento del 10% es superior a las subidas que se est¨¢n produciendo, de manera que incentivas subidas de precios¡±, opina Jaime Palomera. ¡°No se regular¨¢n los precios porque solo se interviene en los nuevos contratos. Hay tantas excepciones que apenas tendr¨¢ impacto: ni obra nueva ni en rehabilitaciones se aplica¡­ Nos est¨¢n enga?ando¡±, a?adi¨®.

No s¨®lo el gran n¨²mero de excepciones pone en duda el abasto del control del precio del alquiler. Varios juristas tambi¨¦n ponen sobre la mesa un problema de competencias con el Gobierno. ¡°Los arrendamientos r¨²sticos y otros contratos agr¨ªcolas son competencia de la Generalitat, s¨ª, pero su regulaci¨®n no es comparable en repercusi¨®n con la de los arrendamientos urbanos¡±, dice la abogada Dolors Clavell, que particip¨® en la redacci¨®n de la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007.

Cristina Vallejo, diputada de la Junta del Colegio de Abogados de Barcelona, comparte que hay una posible colisi¨®n de derechos en la competencia de arrendamientos pero tambi¨¦n en la de mecanismos procesales, que ya en el pasado el Tribunal Constitucional ha considerado estatal.