Los jueces internan a m¨¢s menores migrantes ante los delitos violentos

Abdeslam tiene todas las papeletas para acabar internado. Ha robado en el metro a una turista irlandesa que ha forcejeado con ¨¦l para conservar su bolso; la mujer ha acabado por los suelos y malherida. Es su tercer robo con violencia en pocos meses. Y, aunque est¨¢ tutelado por la Generalitat, vive solo, en la calle. El fiscal lo tiene claro: con violencia y desarraigo, debe ir a un centro de justicia juvenil. El juez tambi¨¦n lo ve y lo acuerda, en una secuencia que se repite cada vez con m¨¢s frecuencia: en los ¨²ltimos tres meses, los jueces han acordado solo en Barcelona 50 internamientos de menores migrantes, seg¨²n fuentes judiciales.

El internamiento de un menor equivale a la prisi¨®n provisional de un adulto. Es la ¨²ltima frontera, reservada a los casos m¨¢s graves. Pero la creciente conflictividad ligada a los menores extranjeros no acompa?ados (mena) ha llevado a polic¨ªas, fiscales y jueces a una reflexi¨®n: el encierro es, ante delitos violentos y por la falta de medios de la administraci¨®n, una herramienta v¨¢lida. No solo aparta temporalmente a los adolescentes de delincuencia, sino que permite una ¡°reeducaci¨®n¡± m¨¢s eficaz.

En marzo, el fiscal de menores de Barcelona, Francisco Tabuenca, distribuy¨® una nota interna entre sus colegas. Fijaba dos l¨ªneas rojas para pedir, de forma sistem¨¢tica, el internamiento de un menor: el uso de la violencia y la intimidaci¨®n en robos u otros delitos (abusos, lesiones) y la situaci¨®n de desamparo. Dos requisitos que se dan, a veces, en los menores migrantes que delinquen. Los Mossos, preocupados por el aumento de la inseguridad en Barcelona, se reunieron con la Fiscal¨ªa y han creado un plan operativo (bautizado como ¡°poli¨¦drico¡±) para abordar el asunto.

Aunque es la medida m¨¢s severa porque se les priva de libertad, el internamiento puede ser la ¨²nica garant¨ªa. Cuando un menor migrante llega a Catalu?a, la Generalitat se hace cargo de ¨¦l y le asigna un centro. Pero algunos de ellos ¡ªpor falta de perspectivas laborales, sin conocer el idioma y con un contexto poco favorable¡ª acaban delinquiendo. Los Mossos han detectado que ciertos adultos, delincuentes habituales, les sirven de red y modelo. ¡°Les reciben, les asesoran, les dicen cu¨¢ndo les pueden detener, a qu¨¦ centros ir, d¨®nde y c¨®mo robar...¡±, denuncian fuentes policiales.

Ante un delito, los fiscales pueden proponer (y los jueces acordar) distintas medidas cautelares, como la libertad vigilada. Pero son dif¨ªciles de cumplir, porque a menudo no se les localiza. Al menos 43 mena viven en las calles de Barcelona, seg¨²n la Generalitat. ¡°Algunas medidas se basan en un grado de estructuraci¨®n que los chicos no tienen. Frente a esa ineficacia, los internamientos son por ahora una de las pocas soluciones que podemos dar¡±, advierte el juez de menores de Barcelona, Mariano David Garc¨ªa. ¡°Aplicar la ley penal es una herramienta eficaz de defensa social¡±, abunda Garc¨ªa, que se?ala que, con los menores internados, ¡°los delitos tienen que bajar por fuerza¡±. Los chicos, dice, suelen actuar en grupo y emplean a menudo ¡°violencia e intimidaci¨®n¡±, especialmente contra turistas, a quienes sustraen m¨®viles y relojes.

Agilizar los juicios

El fiscal Tabuenca coincide en el an¨¢lisis. El internamiento no solo retira temporalmente a esos chicos de las calles ¡ªel tope son seis meses, prorrogables otros tres¡ª, sino que permite agilizar los procesos judiciales contra ellos. Al estar disponibles y localizados, ¡°se acortan los plazos de juicio y las sentencias, sean condenatorias o no, llegan antes¡±, dice Tabuenca. Ambos subrayan, adem¨¢s, que los recursos de los centros de justicia juvenil son superiores a los que est¨¢n en manos de la DGAIA en los centros de menores. Fuentes de Mossos coinciden en que es la mejor manera de apartarlos del camino del delito al que les aboca la calle, la falta de recursos y las malas compa?¨ªas.

Abdeslam lleg¨® a Barcelona en agosto de 2018, pas¨® por tres o cuatro centros de la DGAIA sin arraigar en ninguno y a los cinco meses fue detenido por primera vez por robo. Con su padre y sus tres hermanos en Marruecos, los informes de asesoramiento dicen que ¡°no colabora¡± y que muestra una actitud ¡°desafiante¡±. Abdeslam duerme ya en el centro Can Llupi¨¤, en Barcelona. All¨ª podr¨¢n, entre otras cosas, trabajar su adicci¨®n a las drogas. ¡°Algunos chicos llegan con patolog¨ªas psiqui¨¢tricas provocadas o agravadas por el consumo de t¨®xicos, especialmente la cola, que literalmente les disuelve el cerebro¡±, advierte Garc¨ªa. En su juzgado ¡ªhay seis para la provincia de Barcelona¡ª mantiene vivos 19 internamientos; la inmensa mayor¨ªa corresponde a menores migrantes.

La memoria de los juzgados de Barcelona de 2018 deja clara la preocupaci¨®n por la ¡°vulnerabilidad¡± de los mena: ausencia de familiares, abuso de t¨®xicos, falta de recursos econ¨®micos, nula vinculaci¨®n a procesos formativos o laborales¡­ Los jueces piden a las autoridades un ¡°esfuerzo adicional para aportar soluciones¡± que vayan m¨¢s all¨¢ de la v¨ªa penal. Seg¨²n la memoria, el a?o pasado hab¨ªa 166 menores sometidos a medidas privativas de libertad (entre provisionales y condenados; no se especifican cu¨¢les son mena). Los jueces impusieron 2.397 medidas (219 m¨¢s que en 2017), la mayor¨ªa de libertad vigilada.