Las instituciones al servicio de la causa

La situaci¨®n pol¨ªtica en Espa?a y en Catalu?a es percibida por la ciudadan¨ªa como regular o mala. Seg¨²n el avance de resultados del bar¨®metro de julio del CIS, el 34,7% de los encuestados considera que la situaci¨®n es mala y el 29,5%, muy mala. Por su parte, seg¨²n el CEO, m¨¢s de la mitad de los encuestados consideran que la situaci¨®n de la pol¨ªtica en Catalu?a es mala y un 24,3%, muy mala. Las cifras tienen su reflejo, igualmente, en la mala percepci¨®n que los encuestados tienen de la calidad democr¨¢tica en Espa?a y en Catalu?a.

Tambi¨¦n de los datos del CIS se extrae que una parte importante de los encuestados considera que la justicia tiene un problema de independencia. Las interesadas expresiones ¡°politizaci¨®n de la justicia¡± y ¡°judicializaci¨®n de la pol¨ªtica¡± son, a su vez, una manifestaci¨®n de c¨®mo lo pol¨ªtico es percibido en demasiadas ocasiones como algo negativo. Del estado de opini¨®n creado tienen una gran responsabilidad los pol¨ªticos y, especialmente, los medios de comunicaci¨®n. Estos ¨²ltimos ponen en exceso el acento sobre casos pol¨¦micos, sentencias ¡°malas¡± y sobre la c¨²pula judicial, donde sit¨²an al Consejo General del Poder Judicial ¡ªsin funciones jurisdiccionales¡ª, al Tribunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC). Sin entrar en la diferente naturaleza de estos tres ¨®rganos, la cifra cierta es que en Espa?a hay 5.419 jueces y juezas, seg¨²n Ignacio Gonz¨¢lez Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. As¨ª, m¨¢s all¨¢ de la justicia que se lleva a cabo en el TS y en la Audiencia Nacional (incluso en el TC), hay muchos ¨®rganos judiciales, unipersonales y colegiados, en todo el territorio espa?ol, ejerciendo cada d¨ªa sus funciones, sobre los que no se informa. Y lo hacen con una de las inversiones m¨¢s bajas de la Uni¨®n Europea. Tambi¨¦n seg¨²n Gonz¨¢lez Vega, en Espa?a contamos con una relaci¨®n de 12,6 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media de la Uni¨®n Europea, que est¨¢ en torno a 20 por cada 100.000 habitantes.

Algunas decisiones han hecho un flaco favor a la percepci¨®n sobre la independencia de la justicia que tiene la ciudadan¨ªa

Con esto no quiere obviarse, como se ha puesto ya de manifiesto anteriormente, que en Espa?a existe un problema objetivo con el procedimiento de nombramientos de los miembros de las altas magistraturas, que dependen, en gran parte, del CGPJ y de los propios partidos. Asimismo, algunas decisiones jurisdiccionales han hecho un flaco favor a la percepci¨®n sobre la independencia de la justicia que tiene la ciudadan¨ªa.

En todo caso, lo cierto es que los medios en estos tiempos de clics pueden llegar a abusar de sus instrumentos, orillando uno de los elementos esenciales de la libertad de informaci¨®n, de darla y de recibirla, reconocida por la Constituci¨®n: la veracidad. Los medios no deben informar solo de hechos que sean indiscutiblemente ciertos, pero s¨ª deben asegurar que en el proceso de obtenci¨®n de datos para la elaboraci¨®n de una informaci¨®n se ha seguido la diligencia debida. Por tanto, los profesionales de la informaci¨®n no est¨¢n obligados a comunicarnos hechos ver¨ªdicos, pero s¨ª a transmitir hechos diligentemente contrastados a trav¨¦s de un proceso de investigaci¨®n m¨¢s o menos intenso.

Por ello extra?a que estos ¨²ltimos d¨ªas un medio haya publicado unos supuestos informes del CNI y de los Mossos que han favorecido la creaci¨®n y la difusi¨®n de una teor¨ªa sobre el papel de los servicios de inteligencia espa?oles en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona. Ning¨²n otro medio de comunicaci¨®n se ha sumado a dar por bueno el relato construido, al considerar que no se dan las condiciones m¨ªnimas de diligencia apuntadas para ser transmitido a la opini¨®n p¨²blica.

La investigaci¨®n sobre los atentados del 17-A debe proseguir y deber¨¢n depurarse toda las responsabilidades

En la burbuja informativa catalana, en cambio, los dirigentes pol¨ªticos del Govern y los medios p¨²blicos de comunicaci¨®n catalanes se lanzaron a dar por plausible la citada teor¨ªa. El conseller Alfred Bosch incluso env¨ªo una carta a los c¨®nsules de los pa¨ªses con v¨ªctimas en los atentados del 17 de agosto de 2017 para ¡°intercambiar impresiones¡±. Por cierto, este conseller sigue sin dar explicaciones sobre las cuentas de Twitter suspendidas relativas a su persona.

Sin duda, la investigaci¨®n sobre la preparaci¨®n de los atentados del 17-A debe proseguir y deber¨¢n depurarse, en su caso, toda las responsabilidades pol¨ªticas y policiales. El buen gobierno rechaza, en cambio, que las instituciones p¨²blicas pol¨ªticas y medi¨¢ticas, sin la m¨ªnima prudencia, den credibilidad a unas informaciones no contrastadas con el ¨²nico objetivo de destruir la imagen del Estado. El Govern ha puesto nuevamente al servicio de su causa las instituciones y servicios informativos catalanes para avalar lo que de momento solo es una teor¨ªa conspirativa.