El 90% de los colegios concertados de Madrid impone pagos irregulares a las familias

El 90% de los colegios concertados cobra a las familias cuotas obligatorias irregulares. Es un secreto a voces, aunque ahora sustentado en datos recogidos en un informe que hoy han presentado en la Asamblea de Madrid la FAPA Giner de los R¨ªos y la Asociaci¨®n de Colegios Privados e Independientes (CICAE). El m¨¦todo se repite en todos los centros subvencionados por fondos p¨²blicos: se ofrecen clases particulares, de refuerzo o de apoyo, todo como un extra de car¨¢cter voluntario pero que, si no se paga, acaba con el ni?o excluido o se?alado frente a sus compa?eros.

Esta pr¨¢ctica es especialmente grave teniendo en cuenta que la Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n establece que se debe garantizar la gratuidad de las ense?anzas obligatorias en centros sostenidos con fondos p¨²blicos. El consejero de Educaci¨®n,?Enrique Ossorio, se?al¨® a este peri¨®dico su intenci¨®n de seguir abriendo conciertos, siempre que las familias lo solicitaran. Madrid tiene en la actualidad 557 colegios concertados.

El informe lo ha realizado una consultora privada y especializada en mystery shopper, que por cuarto a?o consecutivo prueba las irregularidades en los cobros de la concertada madrile?a. Varias personas se presentaron en 50 colegios concertados para realizar entrevistas simulando ser familias que ten¨ªan inter¨¦s en matricular a sus hijos. Los datos obtenidos revelan que no existe voluntariedad en las cuotas de los colegios subvencionados y que el 100% solicita un pago mensual para escolarizar al alumnado que ronda los 153 euros de media. En definitiva, las familias desembolsan anualmente m¨¢s de 3.000 euros por cada hijo que curse la ense?anza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor.

De los 50 centros visitados, el 90% se?ala claramente que al ser "un colegio concertado" los precios que se deben pagar son los que se les presentan a los entrevistados. Tan solo cinco indican de manera clara que es una cuota voluntaria.

La investigaci¨®n prueba que, en comparaci¨®n con a?os anteriores, han aumentado los casos de discriminaci¨®n, en los que el impago de la cuota implica la exclusi¨®n del alumno. Estos casos los protagonizan el 44% de los centros que aparecen en el informe, los cuales manifiestan que, si no se paga la cuota, el alumno no podr¨¢ asistir a las actividades. La soluci¨®n que ofrecen algunos de ellos es la posibilidad de que la familia se haga cargo del estudiante en las horas en las que se organizan actividades a las que se les proh¨ªbe acceder, o bien ubicarlo en otra sala con o sin atenci¨®n. En casos puntuales, se le proh¨ªbe participar en determinadas actividades que se desarrollan dentro del horario lectivo, asistir a una excursi¨®n o participar en la foto de la orla, si los padres no quieren o no pueden pagar. Es decir, el alumno es apartado del grupo f¨ªsicamente en otra sala y a veces sin atenci¨®n.

¡°Las familias est¨¢n desprotegidas ante tales abusos que suponen un menosprecio del ni?o cuyos progenitores no quieren o no pueden pagar una cuota que por ley no es obligatoria. A su vez, para unos padres es complicado enfrentarse al propio colegio en el que estudian sus hijos, por lo que es l¨®gico que las familias tambi¨¦n acepten un copago por miedo a que oponerse signifique un da?o emocional en sus hijos o a que se sientan discriminados¡±, analiza Elena Cid, directora de CICAE. ¡°Nos parece una trampa para que determinados empresarios se financien cuando adem¨¢s son centros sostenidos con dinero p¨²blico. Si quieren hacer negocio, que se vayan a la privada¡±, reclama Cid. ¡°La pregunta es: ?por qu¨¦ la Administraci¨®n permite esto?¡±.

?Los colegios concertados ofrecen una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan car¨¢cter voluntario. En algunos casos, aglutinan diferentes conceptos de cobros dentro de un importe global y en otros imponen la contrataci¨®n de servicios para poder acceder a otros recursos o actividades.

A su vez aumentan los colegios que no mencionan que la cuota tiene un car¨¢cter no lucrativo, el 64% no repara en ello en la informaci¨®n que ofrecen a las familias en las visitas. La ley indica que si estos centros generan lucro con la percepci¨®n de estos cobros es una falta grave, motivo de retirada del concierto.

Los propios colegios aseguran que indican que las cuotas son voluntarias para cumplir con la ley, pero la realidad es que el impago supone apartar al ni?o de las actividades que se producen en horario escolar. Adem¨¢s, muchos de ellos omiten el contenido exacto de dichas actividades de pago o el horario en el que se imparten.

La mayor¨ªa de los centros educativos recogidos en el informe pertenecen a la denominada nueva concertada, colegios en r¨¦gimen de concierto educativo, de reciente creaci¨®n y que iniciaron su actividad gracias a que la Comunidad de Madrid les cedi¨® terreno p¨²blico en condiciones ventajosas.

Tanto Camilo Jen¨¦, presidente de la FAPA Francisco Giner de los R¨ªos, y Elena Cid, directora general de CICAE, han registrado el informe en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De manera conjunta, han pedido a la administraci¨®n que no se produzca m¨¢s cesiones de suelo p¨²blico para la construcci¨®n de colegios concertados y que se proh¨ªban las actividades complementarias que no sean gratuitas para todos los alumnos. Tambi¨¦n han reclamado que la inspecci¨®n educativa garantice la gratuidad.

Segu?n el informe de Save the Children de 2019, Me?zclate conmigo, ¡°el cobro de cuotas es una pra?ctica extendida en la escuela concertada que supone una barrera econ¨®mica de entrada para las familias ma?s vulnerables¡±.

Este sistema tiene como consecuencia una segregacio?n por tipos de centros segu?n las cuotas. Save the Children hace incluso referencia a la existencia y amenaza de que ciertos colegios se conviertan en ¡°guetos¡±, es decir, colegios que concentran a alumnado vulnerable. Con este modelo, existen colegios sostenidos con fondos pu?blicos que aceptan u?nicamente a familias que puedan aportar una cuota obligatoria. La consecuencia directa es que los colegios realmente pu?blicos acogen a las familias que desean escolarizar alli? a sus hijos y tambie?n a aquellas a las que no les queda ma?s remedio por haber sido rechazados en el concertado que queri?an. Por tanto, la libertad de eleccio?n de centro queda garantizada u?nicamente para aquellas familias que puedan costear un copago irregular.

La Consejer¨ªa lo desmiente

Un portavoz de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n asegura, sin embargo, que "esos datos no coinciden con los que tiene la Comunidad de Madrid". Seg¨²n afirma, desde 2015 "los inspectores de la Comunidad han remitido m¨¢s de 300 informes de subsanaci¨®n de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliaci¨®n y solo uno un procedimiento sancionador. Asimismo, no tenemos constancia de que ning¨²n alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria".

El Gobierno regional pone en marcha todos los cursos un Plan General de Inspecci¨®n que incluye la supervisi¨®n de todos centros concertados, as¨ª como programas y servicios. "La Comunidad env¨ªa a los centros concertados instrucciones para aclarar y ordenar toda la normativa, mientras que la Inspecci¨®n Educativa supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, solicitando la memoria de actividades complementarias, con datos como precios, financiaci¨®n, costes¡­".

Cuando la Inspecci¨®n Educativa detecta alguna irregularidad solicita al centro la correcci¨®n, aunque la mayor¨ªa no son constitutivas de sanci¨®n, seg¨²n explica la Consejer¨ªa. "En caso de que no se corrijan, puede ser motivo de apertura de expediente". Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relaci¨®n directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, "y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa y que estas cuotas sean siempre de car¨¢cter voluntario".

Para Cid, sin embargo, es sintom¨¢tico que justo desde este a?o los inspectores de educaci¨®n ya no tienen como ¡°actuaci¨®n prioritaria¡± las auditor¨ªas a los centros concertados.

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