La Fiscal¨ªa critica al juez por rechazar pesquisas sobre Granados

Las dos representantes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el caso P¨²nica, Carmen Garc¨ªa Cerd¨¢ y Mar¨ªa Teresa G¨¢lvez D¨ªez, han lanzado un duro ataque contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n por la decisi¨®n de este de rechazar la pr¨¢ctica de nuevas diligencias sobre las supuestas irregularidades urban¨ªsticas cometidas por el exconsejero Francisco Granados en Valdemoro, donde fue alcalde, al considerar que los delitos que se investigaban han prescritos. En el recurso que ha presentado a esta decisi¨®n, las dos fiscales acusan a Garc¨ªa-Castell¨®n de incurrir en un ¡°error manifiesto¡± y de caer en una ¡°incongruencia¡± que se repite en las ¨²ltimas decisiones que ha tomado. Para Anticorrupci¨®n, el auto en el que juez rechaza las nuevas pesquisas sobre Granados ¡°deja la causa en una situaci¨®n de total inseguridad jur¨ªdica¡± que la pone en peligro una de las piezas del sumario y alerta que adem¨¢s se produce cuando quedan solo ¡°unos meses¡± para que se cumplan el plazo legal para concluir la instrucci¨®n del caso P¨²nica, previsto para junio de este a?o.

La reacci¨®n de la fiscal¨ªa se produce despu¨¦s de que el magistrado dictara el 14 de enero un auto en el que rechazaba practicar unas diligencias sobre el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Valdemoro, del PP, aprob¨® en mayo de 2004, cuando Granados ya era consejero pero supuestamente manten¨ªa el control del consistorio gobernado por el PP. Seg¨²n la investigaci¨®n de la Guardia Civil, este plan tuvo presuntamente como objetivo favorecer al pol¨ªtico y a los empresarios Ramiro Cid y David Marjaliza ¡ªambos imputados tambi¨¦n en la causa¡ª con la recalificaci¨®n de terrenos de su propiedad en plena burbuja urban¨ªstica. Ambos constructores hab¨ªan adquiridos fincas por 37 euros el metro cuadrado que, tras la aprobaci¨®n del PGOU, pasaron a valer 942 euros.

Sin embargo, el juez consideraba en su auto que los posibles delitos cometidos en la aprobaci¨®n de aquel plan han prescrito al haber transcurridos m¨¢s de 15 a?os. Adem¨¢s, criticaba que las pruebas solicitadas por Anticorrupci¨®n eran demasiado gen¨¦ricas y, en su opini¨®n, pretend¨ªa iniciar una investigaci¨®n ¡°prospectiva¡±, sin un objetivo concreto.

La respuesta de la fiscal¨ªa, en forma de recurso de apelaci¨®n, lleg¨® a la Audiencia Nacional el pasado lunes. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, Anticorrupci¨®n rechaza tanto la supuesta prescripci¨®n como la improcedencia de las diligencias solicitadas. As¨ª, destaca que la aprobaci¨®n del PGOU bajo sospecha no es un hecho aislado, sino que est¨¢ conectada con ¡°otra serie de actuaciones delictivas que antecedieron y siguieron en a?os posteriores a dicha aprobaci¨®n¡±. Para la Fiscal¨ªa todos estos hechos ¡°obedecieron a un solo plan¡± que puso en marcha Granados al acceder a la alcald¨ªa de la localidad: ¡°La estrategia estuvo dirigida a repartir entre los empresarios implicados el suelo de Valdemoro y enriquecerse todos con las plusval¨ªas de los desarrollos urban¨ªsticos contenidos en el PGOU del 2004 [...] en un expolio con pocos precedentes¡±.

Seg¨²n el criterio de las fiscales, la ¡°organizaci¨®n criminal¡± presuntamente encabezada por el exconsejero del PP ¡°planific¨® unas actuaciones que se realizar¨ªan de forma continuada en el tiempo, lo que impide la prescripci¨®n¡± de los delitos de fraude, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, cohecho y tr¨¢fico de influencias que, entre otros, consideran que se cometieron en la aprobaci¨®n del plan. Para Anticorrupci¨®n, el plazo para determinar el fin de la responsabilidad no ser¨ªa, por tanto, el momento en el que se produjo el supuesto fraude del plan urban¨ªstico, mayo de 2004, sino el d¨ªa que se realiz¨® la ¨²ltima infracci¨®n ligada a estos hechos. En este sentido, recuerda que parte de los supuestos beneficios fueron ocultados por los implicados en cuentas en Suiza, desde la que se repatriaron a Espa?a en 2013. En el caso de Granados, recuerda tambi¨¦n que en 2015, cuando el exconsejero del PP ya estaba encarcelado por el caso P¨²nica, se descubri¨® en el domicilio de sus suegros un malet¨ªn que ocultaba cerca de un mill¨®n de euros.

Conseguir pruebas

En su recurso, las fiscales tambi¨¦n niegan que las diligencias sean para investigar hechos nuevos y recalca que el objetivo es ¡°conseguir los medios de prueba necesarios para poder esclarecer y probar los hechos que se investigan en la pieza de urbanismo, determinar las responsabilidades penales y concretar el capital que indiciariamente fue malversado por la trama y la ganancia il¨ªcita que les ha generado¡±. En este sentido, recuerda que uno de los empresarios, Marjaliza ¡ªque colabora con la justicia desde el verano de 2015¡ª confes¨® en la Audiencia Nacional que por cada piso que construy¨® en los terrenos recalificados pag¨® una comisi¨®n a los pol¨ªticos hasta los 6.000 euros.

Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa achaca incongruencia al juez al considerar prescritos unos hechos para los que, sin embargo, ten¨ªa acordada para el pasado 20 de enero, casi un mes despu¨¦s de su auto, la toma de declaraci¨®n como testigo de un responsable de Urbanismo del Ayuntamiento. Tambi¨¦n le recuerda que ha seguido admitiendo la pr¨¢ctica de diligencias solicitadas por la defensa de Granados por los mismos hechos y que a¨²n est¨¢ pendiente que dos peritos entreguen los informes que el propio magistrado encarg¨® sobre estas operaciones bajo sospecha.