Judicializar la pobreza

Dolors tiene 51 a?os y vive con su hija en Lleida. Desde 2015 cuenta con el correspondiente informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales. Eso evita que Endesa le corte luz. Y todo gracias a una ley surgida de la calle, de una iniciativa legislativa popular, la ley 24/2015 del Parlament, que proh¨ªbe dejar sin suministros b¨¢sicos a personas en situaci¨®n de precariedad social. Como todas las historias hijas de la crisis, la de Dolors es larga y dolorosa. Pudo evitar el desahucio gracias a que pact¨® un alquiler social con la entidad bancaria. Pero en todos estos a?os ha acumulado una deuda con Endesa que ronda los 5.000 euros. Se trataba de comer o pagar el suministro. La compa?¨ªa llevar¨¢ a Dolors a juicio el pr¨®ximo 15 de abril. La Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE) ha hecho bandera de este caso.

La judicializaci¨®n de la pobreza por parte de las el¨¦ctricas sigue su curso independientemente que desde el pasado oto?o la Generalitat se haya puesto las pilas y entrado a negociar acuerdos con las grandes compa?¨ªas. Se rata de hacer cumplir por fin el mandato de la ley 24/2015 en el terreno de la pobreza energ¨¦tica. Apoyado por entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica, el Govern quiere que las el¨¦ctricas asuman la deuda generada por las personas que se hallan en situaci¨®n de vulnerabilidad social y que, a partir de ahora, los nuevos impagos se repartan entre las compa?¨ªas (un 60%) y la administraci¨®n (un 40%).

Un usuario medio pagaba 522 euros en 2003, que se convirtieron en 926 euros en 2018

Jos¨¦, nombre ficticio, lleg¨® a Barcelona con tres a?os, en 1961, procedente de Andaluc¨ªa. Su divorcio le llev¨® a empe?arse y a contraer deudas con particulares poco recomendables. Tuvo que elegir entre comer o pagar deudas y estuvo tres meses sin luz en su casa, en Ciutat Meridiana, hasta que supo de los Puntos de Asesoramiento Energ¨¦tico del Ayuntamiento de Barcelona, que solo el a?o pasado atendieron a un total de 31.569 personas. Jos¨¦ obtuvo el certificado de vulnerabilidad, pero Endesa, al igual que sucede con Dolors, le reclama desde el verano pasado una deuda de 900 euros y amenaza con llevarlo a los tribunales. Jos¨¦ ha ca¨ªdo en una profunda depresi¨®n que ha comportado secuelas f¨ªsicas.

Todas estas historias de precariedad, de tener que elegir entre comer o pagar las facturas, son moneda corriente. Merche, de 51 a?os, vive en el barcelon¨¦s barrio del Carmel y perdi¨® su trabajo en el sector de la alimentaci¨®n hace 10 a?os. Cobr¨® indemnizaci¨®n y se dedic¨® a cuidar de sus padres enfermos, que viv¨ªan con una pensi¨®n de 600 euros. Cuando el dinero de la indemnizaci¨®n se acab¨®, sobrevivi¨® como pudo: trabajos a tiempo parcial por los que apenas cobraba 300 euros. Ni la edad ni la crisis la ayudaban a encontrar empleo y las facturas de los suministros apretaban. ¡°Aunque no tuve avisos de impago, deb¨ªa elegir entre comer o pagar facturas¡±, explica. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona la derivaron hacia un Punto Asesoramiento Energ¨¦tico (PAE). All¨ª le ense?aron a optimizar su consumo el¨¦ctrico. Tambi¨¦n pudo afrontar lo que m¨¢s le preocupaba: dos grifos que perd¨ªan agua, a cuyo cambio no pod¨ªa hacer frente econ¨®micamente, y que disparaban su factura. Ahora es ella quien desde un PAE ayuda a sus conciudadanos.

Todos estas historias en las que chocan codicia y precariedad cobran especial relieve a prop¨®sito de la semana contra la pobreza energ¨¦tica, conmemorada en toda la UE, y que concluye este domingo. Con ella se recuerda una de las semanas m¨¢s fr¨ªas que vivi¨® el viejo continente en febrero de 1956. A d¨ªa de hoy, todav¨ªa 7.100 personas mueren anualmente en Espa?a por causas atribuibles a esa pobreza, que afecta a un 23% de los hogares espa?oles. Somos el quinto pa¨ªs que paga la factura de la luz m¨¢s cara, al tiempo que el efecto de las transferencias sociales en reducci¨®n de la pobreza nos sit¨²an en el sexto pa¨ªs por la cola de la UE, seg¨²n el reciente informe de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. En este contexto, las el¨¦ctricas, a pesar de haber subido ¡ªseg¨²n Facua¡ª las tarifas un 77,5% en 15 a?os, siguen judicializando la pobreza. Un usuario medio pagaba 522 euros en 2003, que se convirtieron en 926 euros en 2018. 404 euros m¨¢s por el mismo consumo. Las tres grandes el¨¦ctricas ¡ªEndesa, Naturgy e Iberdrola¡ª obtuvieron unos beneficios netos de 5.770 millones de euros en 2018. Hay muchos elementos para la reflexi¨®n cuando ¡ªseg¨²n c¨¢lculos de algunos expertos¡ª con el 1,5% de los beneficios de las el¨¦ctricas bastar¨ªa para acabar con la pobreza energ¨¦tica.