Caso SQM: arranca el juicio por financiaci¨®n ilegal en la pol¨ªtica chilena

El juicio oral contra los presuntos involucrados en el caso de financiamiento ilegal de la pol¨ªtica por parte de la minera SQM ha arrancado este lunes en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Tras ocho a?os de investigaci¨®n, el Ministerio P¨²blico ha presentado cargos de soborno, cohecho o delitos tributarios contra ocho imputados, entre los que se encuentran el excandidato presidencial y l¨ªder del Partido Progresista de Chile (PRO), Marco Enr¨ªquez-Ominami, y el exministro de Econom¨ªa de Sebasti¨¢n Pi?era, Pablo Longueira. ¡°El caso SQM es el m¨¢s grave, complejo e importante que ha tenido que investigar la Fiscal¨ªa desde la reforma procesal penal [en el 2000]¡±, apunta por tel¨¦fono el exfiscal de la trama, Carlos Gajardo.

El denominado ¡°caso SQM¡±, surgido en 2015, indaga en los pagos irregulares a pol¨ªticos de distintos espectros pol¨ªticos por parte de la minera controlada por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, cuya fortuna tiene sus or¨ªgenes en la dictadura de su exsuegro (1973-1990) y en las privatizaciones de las empresas del Estado. La Fiscal¨ªa acusa al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, de financiaci¨®n irregular de pol¨ªticos a trav¨¦s de facturas por servicios que en realidad no se prestaron entre 2009 y 2015 por un monto superior a los 8,5 millones de d¨®lares.

El Ministerio P¨²blico tambi¨¦n imputa a Longueira, quien particip¨® este lunes de manera remota, de recibir pagos para favorecer la tramitaci¨®n de una ley del royalty minero (un impuesto por esa actividad) que, seg¨²n la acusaci¨®n, fue redactada por abogados de SQM. El exsenador de la derecha arriesga 818 d¨ªas de presidio y multas por cohecho. Enr¨ªquez-Ominami es acusado de delitos tributarios y puede recibir una condena de hasta cuatro a?os de c¨¢rcel. El exdiputado socialista y cuatro veces candidato presidencial asegur¨® esta ma?ana que quiere que se produzca el juicio. ¡°Quiero que comience para poder demostrar que todo esto ha sido un abuso, que tiene sesgo pol¨ªtico, pero eso lo decidir¨¢n los jueces¡±, sostuvo.

La Fiscal¨ªa lleg¨® a investigar a 180 personas, pero la mayor¨ªa de las causas han sido sobrese¨ªdas o suspendidas bajo ciertas condiciones. Los otros imputados son la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado democristiano Roberto Le¨®n; la secretaria de la presidencia del partido de derecha Uni¨®n Dem¨®crata Independiente (UDI), Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista, Cristi¨¢n Warner, y el exembajador en Praga durante el gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Rozas.

¡°Las decisiones del Servicio de Impuestos Internos de no querellarse y la del (ex fiscal nacional) Jorge Abbott de acotar la investigaci¨®n, han terminado con una parte muy menor frente a la justicia¡±, se?ala Gajardo. Sin embargo, el exfiscal celebra que la acusaci¨®n m¨¢s grave, el cohecho, est¨¦ presente. ¡°La acusaci¨®n implica que una ley de la Rep¨²blica se redact¨® por los abogados de la empresa que se ve¨ªa m¨¢s afectada. Se rompe la ilusi¨®n de que la ley es soberana¡±, afirma Gajardo, quien remarca lo ¡°dram¨¢tico¡± que ha sido conocer este tipo de hechos, como los del caso Penta, la trama de fraude al fisco y de financiamiento ilegal de campa?as pol¨ªticas que puso en marcha uno de los grupos empresariales m¨¢s importantes del pa¨ªs.

¡°Creo que explica una serie de sucesos, entre ellos, el estallido social. Estas investigaciones fueron uno de los insumos. En lo pol¨ªtico, la elecci¨®n de Boric no se explica sin este caso, que tiene que ver con el prestigio de la centroizquierda. Haber quedado asentado que esas fuerzas pol¨ªticas muy opositoras a Pinochet recib¨ªan financiamiento del yerno del dictador fue muy duro y explican las derrotas que han tenido en los ¨²ltimos a?os¡±, agrega.

La lectura del auto ¡ªdocumento que resume el caso¡ª, donde se repasan todas las acusaciones, los supuestos montos defraudados, las facturas cuestionadas, entre otros detalles, tomar¨¢ cerca de dos semanas. Una vez completada la parte inicial, vendr¨¢ el alegatos de las partes. En total, el proceso puede tardar hasta dos a?os, seg¨²n los involucrados. La fiscal¨ªa present¨® inicialmente como pruebas 14.609 documentos ¡ªmiles han sido excluidos¡ª, 651 testigos y 52 peritos.

El juicio estaba previsto para comenzar el 1 de febrero, pero el auto no estaba listo y el juez que deb¨ªa revisarlo estaba de vacaciones. La Corte Suprema solicit¨® la apertura de un sumario para los jueces ante una ¡°eventual responsabilidad disciplinaria¡± que tendr¨ªan en la ¡°tardanza y postergaci¨®n¡± del juicio.

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