Daniel Urrutia, el controvertido juez que tiene contra las cuerdas a la mayor c¨¢rcel de seguridad chilena

Durante sus a?os como alumno de derecho de la Universidad de Chile, una escuela que se caracteriza por su efervescencia pol¨ªtica y a la que entr¨® en 1992, Daniel Urrutia Laubreaux, de 49 a?os, era quitado de bulla, dedicado a sus estudios y al movimiento cat¨®lico Schoenstatt. Con el tiempo, y ya convertido en juez de garant¨ªa, en un Poder Judicial chileno en el que sus integrantes suelen ser discretos, el abogado ha cultivado un alto perfil. Hoy est¨¢ en m...

Durante sus a?os como alumno de derecho de la Universidad de Chile, una escuela que se caracteriza por su efervescencia pol¨ªtica y a la que entr¨® en 1992, Daniel Urrutia Laubreaux, de 49 a?os, era quitado de bulla, dedicado a sus estudios y al movimiento cat¨®lico Schoenstatt. Con el tiempo, y ya convertido en juez de garant¨ªa, en un Poder Judicial chileno en el que sus integrantes suelen ser discretos, el abogado ha cultivado un alto perfil. Hoy est¨¢ en medio de una controversia mayor, en la que, incluso, la Administraci¨®n del presidente Gabriel Boric lo ha criticado con dureza pese a que es inusual que el Ejecutivo comente resoluciones judiciales. Ha sido porque a fines de enero autoriz¨® a cuatro detenidos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago, dos de ellos miembros de la organizaci¨®n criminal venezolana el Tren de Aragua, para que pudiesen realizar videollamadas fuera del pa¨ªs a sus familiares. Esto, desde la principal c¨¢rcel de alta seguridad en Chile, s¨ªmbolo del actual Gobierno de izquierdas en su Pol¨ªtica nacional contra el crimen organizado.

El juez tambi¨¦n vis¨® que un traficante colombiano, condenado a 15 a?os de c¨¢rcel, tuviera visitas ¨ªntimas en el REPAS pese a que no hay un espacio habilitado para ello.

El caso de Urrutia ha generado un fuerte debate en Chile, pues en el tel¨®n de fondo de su determinaci¨®n hay dos asuntos: si un juez de garant¨ªa est¨¢ por sobre el reglamento penitenciario, que en el caso del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago, donde est¨¢n los cuatro imputados, solo se permiten las visitas a trav¨¦s de locutorios; o si los detenidos pueden comunicarse con el exterior de Chile desde un penal con fuerte segregaci¨®n. La pol¨¦mica se ha suscitado pues ha permitido que el contacto sea a trav¨¦s de medios que no est¨¢n autorizados por Gendarmer¨ªa debido a que es un penal de m¨¢xima seguridad y segregaci¨®n, donde se encuentran los principales l¨ªderes de bandas transnacionales. Parte de esas disyuntivas las resolvi¨® este lunes la Corte de Apelaciones, que concedi¨® al servicio de prisiones poder apelar a la determinaci¨®n del magistrado. Por ello, el fondo del caso se ver¨¢ la pr¨®xima semana y, mientras tanto, no se concretar¨¢n las videollamadas.

El ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero, catalog¨® su determinaci¨®n como fuera de la legalidad. Dijo que no est¨¢ en discusi¨®n ¡°el derecho de esas personas a recibir visitas¡±, sino ¡°que exista comunicaci¨®n telem¨¢tica a trav¨¦s de un establecimiento de m¨¢xima seguridad con personas que se encuentran fuera del pa¨ªs¡±. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se?al¨® que la determinaci¨®n ¡°perjudica la seguridad del pa¨ªs¡±. Y agreg¨® que, en la lucha contra el crimen organizado, el ¡°esfuerzo que hace el Estado pierde todo el sentido si un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o, eventualmente, con integrantes de la propia organizaci¨®n criminal¡±.

El REPAS es un penal con una larga historia en Chile. Por 30 a?os se denomin¨® C¨¢rcel de Alta Seguridad (CAS). Fue fundada en 1994 como centro de detenci¨®n para integrantes de movimientos de extrema izquierda, como el Frente Patri¨®tico Manuel Rodr¨ªguez (FPMR) y el Movimiento Juvenil Lautaro, que tomaron las armas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y continuaron haci¨¦ndolo en los primeros a?os de democracia. Entonces se proyect¨® con locutorios, pero una comisi¨®n parlamentaria de derechos humanos de la ¨¦poca se opuso. A partir de 2005, la CAS comenz¨® a recibir a otros perfiles de delincuentes. Entre ellos, Manuel Fuentes Cancino, alias El Perilla, un hist¨®rico narcotraficante chileno, l¨ªder del Cartel de La Legua.

Fue Boric quien la reabri¨® como REPAS en marzo de 2023. Fue la primera vez que se implementaron las visitas por locutorios.

Un juez con sanciones

Daniel Urrutia, a diferencia de sus pares, es activo en redes sociales. En su biograf¨ªa de la red social X, donde tiene m¨¢s de 29 mil seguidores, se define como ¡°latinoamericanista¡±, por ¡°jueces y juezas promotoras de los derechos humanos y la justicia social¡±.

Quienes han seguido su carrera no se sorprenden de que hoy est¨¦ nuevamente en la controversia. En 2005, en una visita a la Penitenciar¨ªa de Santiago tom¨® fotograf¨ªas con su tel¨¦fono y denunci¨® que el hacinamiento era tal que los presos dorm¨ªan a la intemperie. Fue una de sus primeras sanciones, no por la denuncia, sino porque tom¨® fotos con un m¨®vil.

Poco antes, en 2004, en su tesis de un diplomado de Derechos Humanos critic¨® la labor del Poder Judicial, y de la Corte Suprema, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de quienes dijo que deb¨ªan pedir perd¨®n. Entonces recibi¨® una nueva sanci¨®n. El caso lo llev¨® el mismo Urrutia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 conden¨® al Estado chileno por ¡°la violaci¨®n de los derechos a la libertad de pensamiento y expresi¨®n¡±.

Los cercanos al juez destacan que, en 2013, para la conmemoraci¨®n de los 40 a?os del golpe de Estado, la Corte Suprema admiti¨® en una declaraci¨®n que omiti¨® su papel en la defensa de los derechos humanos, pero no pidi¨® perd¨®n, como suger¨ªa Urrutia.

Con redes internacionales

Para mediados de los 2000, con dos sumarios abiertos, y un tercero en vista que pon¨ªan a Urrutia en la cornisa del Poder Judicial, con un permiso administrativo viaj¨® a M¨¦xico para una asesor¨ªa. Estuvo tres a?os en Chiapas, donde hizo clases. De all¨ª lleg¨® con un nuevo perfil, y muchas redes internacionales, que tambi¨¦n estableci¨® a?os despu¨¦s en Costa Rica. Son juristas de distintos pa¨ªses los que hoy han salido a respaldarlo en su nueva controversia, versi¨®n 2024.

Sus fallos y opiniones son los que lo han llevado a tener resonancia fuera de Chile, pero muchos tambi¨¦n han provocado controversias internas. En 2016, en otro de sus episodios, Urrutia orden¨® al Servicio Electoral que 22 internos de una c¨¢rcel votaran en unas elecciones en circunstancias que, en esa ¨¦poca, no hab¨ªa una ley para ello (se implement¨® en 2021). La Corte de Apelaciones consider¨® que no ten¨ªa atribuciones.

Pero fue despu¨¦s del estallido social de 2019, que Urrutia volvi¨® al protagonismo.

En 2022 fue como invitado a exponer a la comisi¨®n de derechos humanos de la Convenci¨®n Constitucional, el primer intento de Chile por cambiar su Ley de Leyes, y compuesto principalmente por integrantes de izquierdas. All¨ª Urrutia dijo que ¡°durante el estallido social, el Poder Judicial ha sido parte del dispositivo de represi¨®n al avalarlo y justificarlo a trav¨¦s de muchos procesos basados en evidencias de muy poca calidad o directamente inventadas por agentes del Estado¡±. Y que ¡°detr¨¢s de cada violaci¨®n de a los derechos humanos hay un juez que, por acci¨®n u omisi¨®n, la permiti¨®¡±.

Sus palabras cayeron mal dentro de la Asociaci¨®n Nacional de Magistrados y Magistradas, un gremio que hasta entonces lo hab¨ªa respaldado. Y all¨ª perdi¨®, incluso, el apoyo de varios jueces progresistas, quienes eran su basti¨®n por a?os. El Tribunal de honor lo sancion¨® con seis meses de suspensi¨®n en el gremio y, aunque luego le bajaron el castigo, Urrutia, en su estilo, decidi¨® renunciar.

La carta de dimisi¨®n la public¨® Urrutia, en julio de 2023, en sus redes sociales. Dijo que su ¡°compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos, y con la necesaria refundaci¨®n del Poder Judicial latinoamericano para pasar de una estructura colonial jer¨¢rquica, patriarcal, clasista y racista, a una estructura que sirva realmente a la democracia, continuar¨¢ a nivel internacional¡±.

En esas l¨ªneas Urrutia nombr¨® a varias organizaciones. Y, precisamente una de ellas, el Comit¨¦ Panamericano de jueces y juezas por derechos sociales y doctrina franciscana, desde Buenos Aires ha enviado una carta a Boric, difundida por Urrutia, ante su nueva controversia que tiene entre las cuerdas al principal penal de alta seguridad. All¨ª se?alan que el magistrado, a quien cuentan que designaron como Sumo Pont¨ªfice en agosto de 2023, ha sido objeto de ¡°una campa?a de hostigamiento con motivo de una decisi¨®n judicial adoptada en el marco de sus competencias¡±.

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