La c¨¢rcel m¨¢s segura de Chile, en el ojo del hurac¨¢n por las videollamadas de cuatro reos peligrosos

En enero el juez chileno del S¨¦ptimo Juzgado de Garant¨ªa de Santiago, Daniel Urrutia, resolvi¨® autorizar la realizaci¨®n de videollamadas a cuatro reos extranjeros, dos de ellos parte de la megabanda venezolana el Tren de Aragua, para que se comunicaran con sus familiares en el exterior. La determinaci¨®n, que ser¨¢ revisada por la Corte de Apelaciones, fue en contra de la opini¨®n de Gendarmer¨ªa, el servicio estatal de prisiones, pues los favorecidos se encuentran en prisi¨®n preventiva en la principal c¨¢rcel de seguridad chilena, raz¨®n por la que su r¨¦gimen y funcionamiento ha estado en vitrina, como nunca antes. Es un penal que est¨¢ a d¨ªas de cumplir 30 a?os, cuando se inaugur¨® exclusivamente para antiguos subversivos que hab¨ªan tomado las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue reabierto con nuevas y m¨¢s fuertes medidas de vigilancia en marzo de 2023 por el presidente de izquierdas Gabriel Boric en el marco de la Pol¨ªtica nacional contra el crimen organizado, impulsado por su Administraci¨®n en medio de la in¨¦dita crisis de inseguridad que vive el pa¨ªs sudamericano.

Los reos que fueron autorizados por Urrutia para realizar las videollamadas fuera de Chile, que no se han concretado a la espera del fallo de los tribunales superiores, son de alta peligrosidad, ha recalcado el Gobierno, que ha criticado fuertemente la determinaci¨®n. De ellos dos, que en octubre del a?o pasado protagonizaron un mot¨ªn en el penal, son parte del Tren de Aragua, imputados delitos de tr¨¢fico de personas migrantes, de drogas y de armas adem¨¢s de explotaci¨®n sexual. Otros dos fueron detenidos por el crimen del carabinero Daniel Palma en abril de 2023, quien fue baleado en la cabeza mientras realizaba una fiscalizaci¨®n en el centro de Santiago. Al funeral del polic¨ªa acudieron, adem¨¢s de Boric, tres expresidentes de la Rep¨²blica.

El penal se llama Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), ubicado en el municipio de Santiago, donde se encuentran detenidos adem¨¢s los principales l¨ªderes de bandas transnacionales que han sido protagonistas del avance del crimen organizado en el pa¨ªs. Entre ellos Carlos Gonz¨¢lez Vaca, alias Estrella, jefe del Tren de Aragua en Chile y Hern¨¢n David Landaeta Garlotti, alias Satan¨¢s, sicario de la organizaci¨®n criminal.

El Perilla, el primer narco del penal

El ahora REPAS se llam¨® durante 29 a?os C¨¢rcel de Alta Seguridad (CAS). Tiene plazas para m¨¢s de 200 internos, que est¨¢n en celdas individuales y con un r¨¦gimen de salidas al aire libre en horarios diferidos por poco m¨¢s dos horas diarias. Las visitas son una vez por semana a trav¨¦s de locutorios y la televigilancia es durante 24 horas.

El recinto no contempla un espacio para visitas ¨ªntimas, raz¨®n por la que tambi¨¦n Gendamer¨ªa ha impugado la resoluci¨®n del juez Urrutia, quien autoriz¨® a un narcotraficante de origen colombiano, condenado a 15 a?os de presidio, a tenerlas. Actualmente, la mayor¨ªa de los internos del REPAS son extranjeros, y quienes los visitan deben estar empadronados, es decir, con su documentaci¨®n de identidad regularizada.

En febrero de 1994 la CAS recibi¨® a los primeros internos, que eran parte del Frente Patri¨®tico Manuel Rodr¨ªguez (FPMR), entre ellos a los autores del asesinato de Jaime Guzm¨¢n, senador de la UDI, partido de la derecha tradicional, cometido el 2 de abril de 1991, y a miembros del Movimiento Lautaro. Fue creado con segregaci¨®n desde el comienzo e, incluso, ten¨ªa locutorios. Pero no se usaron, recuerda el director de la ¨¦poca de Gendarmer¨ªa, el socialista Claudio Mart¨ªnez, pues se opuso a una comisi¨®n parlamentaria de derechos humanos de entonces.

Mart¨ªnez dice a EL PA?S que cuando se impuls¨® el penal se cre¨® con segregaci¨®n pues tanto el FPMR como el grupo Lautaro se?alaban que ¡°combatiente preso, era combatiente activo¡±, es decir, detalla que era el anuncio explic¨ªtio de que seguir¨ªan operando desde el penal. ¡°Eso hoy es similar a lo que ocurre con el crimen organizado, porque las bandas se mantienen activas con sus l¨ªderes presos¡±. El 30 de diciembre de 1996, en la CAS, con Mart¨ªnez en la jefatura del servicio estatal de prisiones, se produjo la fuga de cuatro frentistas que fueron rescatados desde en un helic¨®ptero, luego que se subieran a un canasto. Para el exdirector de Gendarmer¨ªa, las visitas presenciales, y no por locutorios, facilitaron esa operaci¨®n.

Tras m¨¢s de una d¨¦cada como penal exclusivo para integrantes de grupos armados, en 2003, precisamente porque era un c¨¢rcel segregada, a la CAS fue trasladado por primera vez un preso con perfil criminal distinto. As¨ª fue como lleg¨® Manuel Fuentes Cancino, alias El Perrilla, uno de los principales narcotraficantes del pa¨ªs y cuya historia ocupa parte importante de la historia policial chilena: era el jefe del Cartel de La Legua, una poblaci¨®n ubicada en la zona sur de Santiago. Fue llevado hasta ese penal despu¨¦s de que la polic¨ªa descubriera que, mientras estuvo detenido en otro recinto, segu¨ªa dirigiendo una banda que vend¨ªa droga.

En adelante, la CAS comenz¨® a albergar a detenidos de causas de alta connotaci¨®n social. Pero, distintas administraciones, entre ellas la ¨²ltima de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y tambi¨¦n la del ahora fallecido exmandatario de la derecha tradicional Sebasti¨¢n Pi?era (2010-2014; 2018-2022), proyectaron un nuevo penal segregado para reos de alta peligrosidad, y fue Boric quien inaugur¨® el REPAS. Y en marzo de 2023 fue la primera vez en 29 a?os que se usaron los locutorios para las visitas de los familiares, las que son filmadas por c¨¢maras.

La determinaci¨®n de Urrutia, quien en la biograf¨ªa de su cuenta de la red social X se define como ¡°latinoamericanista¡± y ¡°por jueces y juezas promotoras de derechos humanos y la justicia social¡±, ha sido rechazada por parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposici¨®n, entre ellos el partido UDI, de la derecha tradicional, que ha pedido su suspensi¨®n y expulsi¨®n del Poder Judicial.

Decisi¨®n en la ¡°ilegalidad¡±

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo este lunes que la decisi¨®n del juez Urrutia ¡°contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de m¨¢xima seguridad¡± y que en ning¨²n momento ¡°se han comprometido los derechos de las personas que est¨¢n privadas de libertad al interior del establecimiento¡±. ¡°El Ejecutivo tiene una sola opini¨®n y es que, dada la naturaleza de la condici¨®n procesal de las personas que est¨¢n ah¨ª, los delitos que cometieron, que explican, entre otras cosas, por qu¨¦ se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad al pa¨ªs, es raz¨®n m¨¢s que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisi¨®n¡±, agreg¨®.

La resoluci¨®n del magistrado tambi¨¦n ha abierto un debate jur¨ªdico. El influyente columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Pe?a, ha escrito el domingo respaldando su actuar y ha dicho que ¡°la labor de un juez de garant¨ªa (como es el caso del juez Urrutia, que est¨¢ por sobre Gendarmer¨ªa) es justamente asegurarse de que el Estado no maltrate m¨¢s all¨¢ de lo previsto en la ley a quienes est¨¢n siendo procesados o han sido condenados¡± y que quienes est¨¢n privados de libertad ¡°no est¨¢n condenados a galera, ni se ven, por ese solo hecho, privados de su condici¨®n de personas ni desprovistos de los otros derechos que les asisten, entre ellos mantener una m¨ªnima relaci¨®n con su familia y comunicaciones regulares con sus integrantes¡±.

Esto, mientras Carlos Quezada, el abogado que representa a Urrutia, se?al¨® a radio ADN que las cr¨ªticas del mundo pol¨ªtico son de ¡°una ignorancia sublime¡± y ¡°rid¨ªculas¡±. Y que ¡°la resoluci¨®n est¨¢ dentro de las funciones que tiene que cumplir el juez de Garant¨ªa en su visita de c¨¢rcel y dentro de las obligaciones que les establece el C¨®digo Procesal Penal, el C¨®digo Org¨¢nico de Tribunales y los tratados internacionales ratificados por Chile¡±, que ¡°son eco b¨¢sico en materia de legislaci¨®n penal y humanitaria vigente en Chile¡±.

Se estima que la pr¨®xima semana la Corte de Apelaciones de Santiago revisar¨¢ el recurso que Gendarmer¨ªa, que depende del ministerio de Justicia, present¨® en contra de la decisi¨®n de Urrutia. La Fiscal¨ªa chilena ha anunciado que se har¨¢ parte de la causa.

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