Permisolog¨ªa y el falso dilema de la ¡®Trampa 22¡¯

Son muchas las im¨¢genes que se han utilizado para retratar algunos de los sinsentidos de las burocracias contempor¨¢neas y la impotencia que producen las interacciones cotidianas con ellas. Kafka las equipar¨® a laberintos o papeleos interminables, Zamiatin a estructuras jer¨¢rquicas absurdas y Huxley a barreras u obst¨¢culos opresivos. La televisi¨®n y el cine tambi¨¦n han contribuido a ese imaginario colectivo, a trav¨¦s de pel¨ªculas dist¨®picas como Brazil o series memorables como Yes, Minister, The thick of it o Parks and Recreation. ?Qui¨¦n entre nosotros podr¨ªa decir que no se ha sentido alguna vez en los zapatos del personaje Bombita de Relatos salvajes al enfrentarse al Estado?

Entre estas muchas im¨¢genes, hay una que sigue siendo mi favorita: la Trampa 22. En su novela del mismo nombre, Joseph Heller ofrece un retrato mordaz de la irracionalidad administrativa y los absurdos burocr¨¢ticos con los que deb¨ªan lidiar los pilotos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, muchas veces vi¨¦ndose atrapados sin salida hasta terminar enloqueciendo. Los personajes de Heller saben que se enfrentan a la situaci¨®n parad¨®jica de no poder escapar a su destino tr¨¢gico a¨²n si las reglas administrativas les proporcionan una salida, ya que sus limitaciones o su aplicaci¨®n contradictoria terminar¨¢n por atraparlos en un perpetuo laberinto burocr¨¢tico.

Aunque no se reconozca expl¨ªcitamente, el debate sobre permisolog¨ªa chilena parece estar atrapado en el mismo dilema de la Trampa 22. Existe un diagn¨®stico transversal sobre el efecto negativo que produce la ca¨®tica mara?a de permisos regulatorios a los que est¨¢n sujetos los proyectos de inversi¨®n. Los extensos plazos, la aplicaci¨®n poco transparente y la incertidumbre que ellos involucran son un problema que han reconocido distintos gobiernos. Sus costos econ¨®micos son tambi¨¦n cada vez m¨¢s dif¨ªciles de desconocer. Como destac¨® recientemente la Comisi¨®n Marf¨¢n, la reducci¨®n de un tercio en los plazos de tramitaci¨®n de estos permisos implicar¨ªa un aumento del PIB de 2,4% en 10 a?os, con una mayor recaudaci¨®n anual promedio de 0,32%.

Pero a pesar de este diagn¨®stico y al mediocre desempe?o econ¨®mico del pa¨ªs, el Gobierno ha presentado una propuesta legislativa que no ofrece una salida al laberinto de la permisolog¨ªa. La llamada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales dice tener por objeto agilizar y simplificar el otorgamiento de los permisos necesarios para el desarrollo proyecto de inversi¨®n, buscando con ello fomentar el desarrollo econ¨®mico en el corto plazo. Sin embargo, en su propuesta legislativa el gobierno parece abrazar la paradoja retratada por la Trampa 22. Y es que m¨¢s all¨¢ de la evaluaci¨®n t¨¦cnica que pueda merecer el proyecto de ley (que puede ser revisada aqu¨ª), la soluci¨®n que se propone tiene como pilar central seguir condicionando el desarrollo de actividades econ¨®micas a un complejo r¨¦gimen de permisos. Como sugiere con pesimismo David Graeber, esta propuesta parece aceptar tambi¨¦n que, ante la complejidad de las sociedades modernas, debemos resignarnos a navegar en una inevitable incertidumbre burocr¨¢tica.

Es cierto que se avanza en ordenar el ca¨®tico y fragmentado sistema de permisos, pero no as¨ª en su simplificaci¨®n. No se sustituye el paradigma existente por un r¨¦gimen de control basado en el riesgo de la actividad econ¨®mica que busca desarrollarse ni se avanza con audacia en el uso de t¨¦cnicas regulatorias alternativas como declaraciones juradas o comunicaciones. Tampoco se fortalecen las capacidades de los ¨®rganos reguladores en la tramitaci¨®n de permisos o la coordinaci¨®n institucional que su otorgamiento muchas veces requiere. Menos a¨²n se ofrece una soluci¨®n para agilizar la tramitaci¨®n de muchos permisos prioritarios para la inversi¨®n que todav¨ªa aguardan una respuesta del Estado.

Matices m¨¢s, matices menos, el desarrollo de proyectos de inversi¨®n sigue estando entregado en la propuesta legislativa al otorgamiento de una multiplicidad de permisos por parte de autoridades dotadas de una amplia discrecionalidad, respecto de las cuales no se avanza en fortalecer su autonom¨ªa t¨¦cnica. De aprobarse as¨ª esta propuesta, quienes deseen invertir en Chile seguir¨¢n vi¨¦ndose enfrentados a algunos de los dilemas retratados por la Trampa 22. No debemos olvidar que entre quienes integran la OCDE, Chile es uno de los pa¨ªses que presenta una mayor complejidad en la tramitaci¨®n de los permisos regulatorios.

Si lo anterior no fuera poco, la iniciativa del gobierno contrasta adem¨¢s con los esfuerzos considerables que en la ¨²ltima d¨¦cada han emprendido muchos pa¨ªses en la simplificaci¨®n de sus sistemas de permisos. La experiencia de Estados Unidos, Espa?a o Portugal son reveladoras del pragmatismo que caracteriza estos intentos de modernizaci¨®n regulatoria a nivel comparado y evidencian la falta de audacia chilena para avanzar hacia soluciones estructurales.

Como resultado, el laberinto regulatorio que seguir¨¢ caracterizando nuestra permisolog¨ªa parece olvidar otro dilema todav¨ªa m¨¢s importante al que nos enfrentamos como pa¨ªs: la ausencia de incentivos para invertir en Chile. La libre circulaci¨®n de capitales que supone la globalizaci¨®n que tanto nos ha beneficiado por d¨¦cadas conlleva a que irremediablemente no seamos m¨¢s que uno de los muchos posibles destinos para los inversionistas. Porque cualesquiera sean las justificaciones que busquen explicar nuestra complejidad burocr¨¢tica, ellas no eximen que la permisolog¨ªa a nivel internacional sea simplemente una barrera de entrada al mercado chileno. Si realmente se busca fomentar el crecimiento econ¨®mico, parece entonces necesario sincerar que cualquier soluci¨®n a este problema demanda negar la posibilidad de la Trampa 22 como un dilema burocr¨¢tico sin escape.

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