El aborto clandestino en Chile: entre 30.000 y 150.000 cada a?o, sin apoyo m¨¦dico y con medicamentos del mercado negro

El Gobierno de Gabriel Boric presentar¨¢ el pr¨®ximo diciembre un proyecto de ley de aborto legal a plazos. En las discusiones parlamentarias previas se ha hablado de 14 semanas, pero a¨²n est¨¢ por escribirse este nuevo intento para reconquistar un derecho que se penaliz¨® en 1989, en el descuento de la dictadura de Augusto Pinochet. La ministra de la Mujer y Equidad de G¨¦nero, Antonia Orellana, defiende el impulso de la discusi¨®n pendiente argumentando que estaba en el programa de Gobierno y a la ¡°extendida situaci¨®n de clandestinidad¡± del uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, como el misoprostol y la mifepristona, ¡°con el peligro que ello conlleva y de manera de que no dependa del bolsillo el correcto uso de lo que la medicina que algo ha ido avanzando¡±, dice a EL PAIS.

Chile cuenta desde 2017 con tres excepciones al delito de abortar: que la vida de la madre est¨¦ en peligro, que exista inviabilidad fetal de car¨¢cter letal y embarazo por violaci¨®n (hasta 12 semanas de gestaci¨®n y hasta 14 semanas para menores de 14 a?os). La Administraci¨®n de izquierdas no busca solo despenalizar el aborto, sino tambi¨¦n garantizar una prestaci¨®n para que la situaci¨®n econ¨®mica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervenci¨®n quir¨²rgica. Como las ni?as, adolescentes y mujeres que abortan hoy en el pa¨ªs sudamericano lo hacen en la clandestinidad, salvo en las tres causales, no hay cifras oficiales de cu¨¢ntas interrupciones se realizan, pero las ¨²ltimas que se conocen, seg¨²n diversos estudios, hablan de 30.000 a 150.000 al a?o, que son las que maneja el Ejecutivo. Los datos tienen al menos una d¨¦cada, por lo que hay especialistas en el tema que creen que realmente el pa¨ªs est¨¢ totalmente a ciegas.

El n¨²mero de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, seg¨²n el registro del Departamento de Estad¨ªsticas e Informaci¨®n de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretar¨ªa del ministerio de Salud. De esos, poco m¨¢s de 6.500 se deben a aborto retenido (detenci¨®n del embarazo, aunque no se expulsa espont¨¢neamente el embri¨®n o el feto), seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicaci¨®n con infecci¨®n genital y pelviana y hemorragia excesiva o tard¨ªa), aborto espont¨¢neo (4.658) y embarazo ect¨®pico (3.561, cuando un ¨®vulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del ¨²tero). Solo cuatro figuran en la categor¨ªa de aborto fallido.

La Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) considera que el misoprostol es el medicamento m¨¢s recomendado para practicar un aborto m¨¦dico. El Instituto de Salud P¨²blica chileno permite su uso solo para tratamientos de ultrag¨¢strica. ¡°No tenemos las cifras exactas de su uso porque su venta es clandestina¡±, sostiene la ministra Orellana, ¡°pero basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho¡±.

Efectivamente es f¨¢cil llegar al mercado negro. Los comercializan desde 72.000 pesos, unos 78 d¨®lares (seis dosis para el periodo de cuatro a cinco semanas de gestaci¨®n) hasta los 144.000 pesos, 157 d¨®lares (12 dosis para las semanas 10 a 12). Pero comprado y usado en la ilegalidad, sin acompa?amiento m¨¦dico, se trata de procedimientos peligrosos, donde las mujeres se exponen a consecuencias inesperadas.

Adem¨¢s de los medicamentos, la ministra Orellana sostiene que ¡°hay harto mal uso del Yuzpe¡±, un m¨¦todo que consiste en tomar varias pastillas anticonceptivas de uso diario, lo que supone la ingesta de dos tipos de hormonas (estr¨®genos y progest¨¢genos), con importantes efectos secundarios. ¡°Tambi¨¦n se utilizan v¨ªas m¨¢s extremas como intentos de suicidio y en algunas zonas rurales todav¨ªa se reportan casos de uso de apio¡±, dice la ministra Orellana.

Camila Maturana, directora de la Corporaci¨®n Humanas, un centro de estudios y acci¨®n pol¨ªtica feminista, se?ala que las tres causales son muy restrictivas y que la mayor¨ªa interrumpe su embarazo fuera de la ley. ¡°Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las j¨®venes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes. Las distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminacion que se entrecruzan en materia de derechos sexuales y reproductivos¡±, asegura.

En Chile no existe un solo ¨®rgano que unifique el n¨²mero de causas judiciales vinculadas al aborto que ingresan por la Fiscal¨ªa, la Polic¨ªa de Investigaciones (PDI) y Carabineros. Seg¨²n las cifras del Poder Judicial, citadas por La Tercera, en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas a los abortos, en las que 19 correspondieron a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas. En base a una investigaci¨®n en curso de la Corporaci¨®n Miles, una ONG que defiende los derechos sexuales y reproductivos, en los ¨²ltimos 10 a?os se han registrado al menos 1.000 denuncias, en las que en torno al 60% provinieron de profesionales de la salud, seg¨²n los datos preliminares. Al menos tres han terminado en prisi¨®n. Para Javiera Canales, directora de Miles, la consecuencia de criminalizar el aborto no es ¨²nicamente terminar en la c¨¢rcel, sino toda la ruta: ¡°Es la persecuci¨®n y el trato de delincuente, con una firma mensual o semanal y eso impacta sus proyectos de vida y terminan marginadas de sus redes¡±.

El impacto de las tres causales

Despu¨¦s de d¨¦cadas de lucha feminista, en septiembre de 2017 se promulg¨® en Chile la Ley de Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (LIV), que regula la despenalizaci¨®n del aborto en tres causales. Hasta abril de este a?o, en total, se han efectuado 5.063 procedimientos (30% por riesgo vital de la madre, 47% por inviabilidad fetal y 23% por violaci¨®n). Dadas las cifras que se manejan en el Gobierno en base a diferentes estudios realizados por diferentes instituciones ¨Centre 30.000 y 150.000, un rango amplio justamente por la ilegalidad del procedimiento¨C la mayor parte de las interrupciones del embarazo se sigue realizando en Chile en forma clandestina.

La abogada Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), ha investigado a fondo el funcionamiento de las tres causales y ha detectado problemas de acceso a la informaci¨®n, falta de capacitaciones a los profesionales involucrados y muchos casos de sobre-objeci¨®n de conciencia: ¡°Hay un problema con lo que se ha denominado pseudo objeci¨®n de conciencia. Se declaran objetores por conveniencia personas que dicen ¡®no me quiero meter en un l¨ªo¡¯, ¡®esto es un tramite, tengo suficiente trabajo¡¯ y ¡®qu¨¦ tal si la mujer miente en el caso de la violaci¨®n¡¯. Tienes un conjunto de situaciones que no son el lenguaje de la extrema derecha sobre la protecci¨®n de la vida sino la comodidad de los prestadores de salud¡±.

Cuando el Gobierno de Boric asumi¨® en 2022, el ministerio de la Mujer junto con el de Salud inici¨® la primera fiscalizaci¨®n en las 16 regiones del pa¨ªs sobre la aplicaci¨®n de la LIV. En base a la informaci¨®n levantada presentaron un reglamento a la Contralor¨ªa la semana pasada para garantizar el derecho a la informaci¨®n de las pacientes respecto a la prestaci¨®n de salud consagradas en la ley y la continuidad de la atenci¨®n, independiente de los objetores de conciencia. Un estudio de la Corporaci¨®n Humanas revela que al menos cinco hospitales p¨²blicos, todos de zonas rurales, son objetores institucionales de conciencia de facto, ya que no cuentan con profesionales disponibles para aplicar la ley. El reglamento busca que exista al menos un m¨¦dico disponible en cada centro.

Una de las banderas de quienes est¨¢n a favor del aborto legal es el creciente apoyo ciudadano a la idea. Diferentes sondeos arrojan que un 30% de los chilenos apoya una ley para interrumpir el embarazo sin causales. En la ¨²ltima Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de mujeres j¨®venes (de 15 a 29 a?os) que estar¨ªa dispuesta a realizarse o inducirse un aborto antes de la semana 12 de gestaci¨®n escal¨® a un 37,1%, del 15% registrado en 2018. Bajo las tres causales retrocedi¨® de 26,4% a 18,2% en esos cuatro a?os y bajo ninguna circunstancia disminuy¨® de 54,3% a 42,9%.

Casi uno de cada cinco encuestados (hombres y mujeres) dijo haber vivido una experiencia de embarazo no deseado. Un 3,1% de las j¨®venes declararon haberse hecho o inducido un aborto: un 3,6% lo hizo bajo la causal de riesgo vital, un 4,0% indica por inviabilidad fetal, un 3,3% por violaci¨®n y un contundente 83,2% lo realiz¨® por una decisi¨®n personal.

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