La reparaci¨®n de la deuda hist¨®rica y la democracia

Con la promulgaci¨®n de la ley que reconoce y repara la deuda hist¨®rica con el magisterio, nuestro pa¨ªs celebra una jornada de hondo significado en la b¨²squeda de justicia, en la dignificaci¨®n de la profesi¨®n docente y en el robustecimiento de su democracia. Esos fueron los prop¨®sitos que inspiraron este proceso, y guiaron el d¨ªa a d¨ªa de la mesa de trabajo donde se elabor¨® la propuesta que hoy nos permite rectificar, en parte, este hist¨®rico agravio.

Tal como lo hemos hecho en las distintas instancias que marcaron la tramitaci¨®n del proyecto, en esta hora corresponde recordar los rostros, nombres y biograf¨ªas de quienes encarnaron el compromiso y el largo tr¨¢nsito de esta demanda, que nos acompa?a como deuda desde la municipalizaci¨®n de la educaci¨®n p¨²blica en la d¨¦cada de 1980. Este paso es un homenaje a ese esfuerzo, y tambi¨¦n una se?al potente para un pa¨ªs que no puede bajar su guardia frente a la impunidad y la indiferencia ante el pasado.

Esta ley nos reencuentra con la justicia porque ofrece una respuesta concreta a m¨¢s de 57.000 profesores y profesoras que durante d¨¦cadas esperaron una respuesta satisfactoria por parte de nuestras instituciones, respuesta que les fue esquiva a pesar de contar con el respaldo de sentencias jur¨ªdicas, de la publicaci¨®n de nutridos informes parlamentarios, y del apoyo transversal de la ciudadan¨ªa.

Con el objetivo de poner fin a esa injusta espera, cumpliendo adem¨¢s lo que era un compromiso de campa?a, el presidente Gabriel Boric nos instruy¨® avanzar en una propuesta de reparaci¨®n viable, con un monto ajustado a nuestra capacidad presupuestaria, con una n¨®mina certificada de potenciales beneficiarios y una temporalidad razonable para el total cumplimiento de este compromiso.

No perdemos de vista que se trata de una reparaci¨®n simb¨®lica que para muchos llega tarde; en otro escenario podr¨ªamos haber proyectado condiciones distintas de reparaci¨®n. Pero las circunstancias hist¨®ricas no se eligen y las sociedades se prueban precisamente posibilitando avances a pesar de lo que las determina.

Es por ello que hoy cabe poner en perspectiva, junto a la historia de esta demanda, la historia de los esfuerzos que hicieron posible arribar a una soluci¨®n. Porque es precisamente en democracia, y haciendo uso de sus mejores instrumentos, que hoy comenzamos a reparar una injusticia nacida en dictadura. Se trata de un gesto importante en estos tiempos de incertidumbres y pulsiones autoritarias.

Porque este avance no se explica sin la fuerza y compromiso de las infatigables profesoras y profesores que sostuvieron esta demanda durante ocho gobiernos democr¨¢ticos, por m¨¢s de 40 a?os, sin jam¨¢s perder la confianza en las instituciones. A pesar de las negativas, e incluso de los intentos por desconocer la existencia misma de la deuda, su demanda respet¨® siempre las fronteras y las formas de la democracia.

Este logro tampoco ser¨ªa posible sin la consistencia del Colegio de Profesoras y Profesores, que jam¨¢s comprometi¨® el car¨¢cter prioritario de esta demanda, defendi¨¦ndola con independencia de las circunstancias, por encima de las diferencias pol¨ªticas, y construyendo en torno a ella una lealtad gremial sustantiva. Es bajo ese encuadre que se comprende el macizo ejemplo de deliberaci¨®n democr¨¢tica que dieron los propios docentes al plebiscitar la propuesta de reparaci¨®n presentada por el Gobierno. El amplio respaldo que concit¨® la propuesta ratific¨® el peso simb¨®lico del reconocimiento y confirm¨® una vez m¨¢s la generosidad pol¨ªtica de las y los afectados.

Tambi¨¦n fueron indispensables los avances que tuvieron lugar en distintos gobiernos y por diversos poderes del Estado. All¨ª est¨¢ el informe de la Comisi¨®n Especial relativa a las denominadas de Deudas Hist¨®ricas de 2009, encabezada por el entonces diputado y hoy ministro Carlos Montes, clave en el reconocimiento de esta deuda por parte del Estado; similar importancia cabe al minucioso trabajo en torno a la primera n¨®mina de docentes traspasados a la administraci¨®n municipal bajo dictadura, elaborada entre 2016 y 2017 durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que fue actualizada y verificada en 2022 en el gobierno del Presidente Gabriel Boric para abordar este tema.

Por cierto, este proceso no hubiese llegado a puerto sin el compromiso del Congreso nacional, que demostr¨® en este tr¨¢mite lo mejor de nuestra tradici¨®n pol¨ªtica. La expedita tramitaci¨®n del proyecto, la empat¨ªa general con la justicia de esta demanda, la pasi¨®n que inspir¨® a varias de las intervenciones en comisiones y en sala, la abrumadora mayor¨ªa que hizo posible la aprobaci¨®n, cada una de esas escenas vino a coronar un trabajo democr¨¢tico de una pulcritud inusual en la historia reciente.

Son procesos como este, cuando las instituciones pol¨ªticas y la sociedad logran coordinarse para corregir las injusticias y reparar los agravios del pasado, que la democracia se llena de sentido. Por esta lecci¨®n debemos agradecer, una vez m¨¢s, a las y los profesores de Chile.