Las distintas formas de quedarse con tierras de pueblos ind¨ªgenas en Per¨²

La pugna por el control de la tierra, el acaparamiento, es un gran problema para la conservaci¨®n de valiosos ecosistemas y para la supervivencia de comunidades locales en muchas partes del mundo: esto a veces sucede de forma legal, cuando una compa?¨ªa compra grandes superficies de terreno, pero tambi¨¦n ocurre directamente por la invasi¨®n del territorio o la obtenci¨®n de concesiones de manera irregular. En Per¨² cada vez son m¨¢s los casos de comunidades ind¨ªgenas que denuncian que sus tierras les son arrebatadas de esta segunda forma, seg¨²n l¨ªderes comunitarios, abogados y la Defensor¨ªa del Pueblo de este pa¨ªs latinoamericano, que aseguran que esto ocurre por la uni¨®n de tres elementos: empresas privadas, mafias y funcionarios corruptos.

En la ¨²ltima d¨¦cada, la mayor¨ªa de gobernadores regionales peruanos ha terminado preso por corrupci¨®n y en la actualidad la Fiscal¨ªa investiga al gobernador regional de Madre de Dios por su presunta participaci¨®n en una organizaci¨®n criminal dedicada a la extracci¨®n ilegal de madera. Las tierras m¨¢s afectadas pertenecen a pueblos ind¨ªgenas amaz¨®nicos o son concesiones de bosque para conservaci¨®n a las cuales las autoridades cambian el uso para cederlas a terceros que las explotan. A menudo, este acaparamiento de tierras se produce para el cultivo de palma o de coca destinada al narco, pero tambi¨¦n puede estar relacionado con la miner¨ªa ilegal o el tr¨¢fico de terrenos con fines inmobiliarios. Los testimonios de los afectados parecen sacados del viejo oeste norteamericano: tierras invadidas, amenazas y, por lo general, comunidades dejadas a su suerte por las autoridades.

Seg¨²n la ONG Paz y Esperanza, una primera modalidad de acaparamiento ocurre en San Mart¨ªn, donde asegura que el gobierno regional ha autorizado el cambio de uso de concesiones de bosque dedicadas a conservaci¨®n y luego las ha cedido para extracci¨®n de madera, cultivo de palma, producci¨®n de biodi¨¦sel o miner¨ªa no met¨¢lica. ¡°De 126 comunidades ind¨ªgenas y campesinas solo 36 est¨¢n tituladas [cuentan con t¨ªtulos de sus tierras comunales], y el gobierno regional ha asignado derechos sobre algunas de estas tierras que generan conflictos¡±, explica el abogado Rub¨¦n Ninahuanca, de Paz y Esperanza.

En ¨¢reas contiguas al parque Cordillera Azul ¡ªllamadas zonas de amortiguamiento¡ª hay cultivos de coca destinados al narco desde la d¨¦cada pasada y la presencia de invasores amenaza a los pueblos ind¨ªgenas. Como ocurre a menudo, estas poblaciones no disponen de t¨ªtulos de propiedad a pesar de tener una fuerte vinculaci¨®n con la tierra. En este caso, como incide Melvin Mestanza, tambi¨¦n de la ONG Paz y Esperanza, el parque nacional Cordillera Azul se superpone con los terrenos de las comunidades nativas de Ricardo Palma y de Callanayacu (en la regi¨®n San Mart¨ªn), aunque fue creado de forma posterior a la presencia all¨ª de estas comunidades. Estas reclaman el derecho a su territorio, pero las autoridades no expiden t¨ªtulos en ¨¢reas naturales protegidas.

Como destaca Ninahuanca, otra forma de acaparar tierras es con la compra de predios a precios bajos a colonos, en referencia a los caser¨ªos cercanos a las comunidades ind¨ªgenas o que invaden sus terrenos. La comunidad nativa de Reformallacta es una de las afectadas por ese problema, refiere el abogado.

Un informe de 2017 de la Defensor¨ªa del Pueblo de Per¨² indic¨® que la deforestaci¨®n por los cultivos extensivos agroindustriales de palma y cacao en San Mart¨ªn, Loreto y Madre de Dios era consecuencia de la ilegalidad y de la ineficacia estatal. El Instituto de Defensa Legal tambi¨¦n ha denunciado que Santa Rosillo de Yanayacu, en San Mart¨ªn, ha perdido parte de su territorio debido a terceros que se dedican al tr¨¢fico de tierras, la tala ilegal y el cultivo para el narcotr¨¢fico. Es una de las comunidades ind¨ªgenas que al no tener t¨ªtulo de propiedad no puede defenderse legalmente. El 45% de su territorio est¨¢ superpuesto a predios (concesiones) de la maderera Timberland.

Litigios y denuncias

Uno de los casos de mayor concentraci¨®n de tierras que ha llegado al Tribunal Constitucional de Per¨² es el de la comunidad Santa Clara de Uchunya, territorio del pueblo shipibo, con m¨¢s de 200 hect¨¢reas tituladas desde 1986. La d¨¦cada pasada, la Direcci¨®n Regional Agraria de Ucayali entreg¨® cientos de t¨ªtulos de propiedad de este territorio a terceros que luego los vendieron a empresas agroindustriales de palma. ¡°La comunidad hizo denuncias en 2012 y 2013, y luego de siete a?os de investigaci¨®n y un paquete de acciones legales, tuvimos que acudir al Tribunal Constitucional¡±, explica ?lvaro M¨¢squez de la ONG Instituto de Defensa Legal. ¡°La comunidad espera la restituci¨®n de 7.000 hect¨¢reas de territorio ancestral que est¨¢ en posesi¨®n de la empresa Ocho Sur¡±, precisa.

La empresa que se benefici¨® con las acciones irregulares del gobierno regional fue Plantaciones Pucallpa, que formaba parte de la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible (RSPO, por su sigla en ingl¨¦s). La ONG Lands Right Now se?ala que tras las denuncias, fue expulsada de la organizaci¨®n y los terrenos fueron subastados. La nueva compradora, Ocho Sur P, es una compa?¨ªa ligada a Peruvian Palm Holding Ltd, ¡°una red compleja de firmas extranjeras que ha sido usada para evitar el debido proceso local¡±, indica Lands Right Now. El Constitucional realiz¨® la vista de la causa en 2019 y desde entonces la comunidad aguarda el fallo. ¡°Lamentablemente, falleci¨® Carlos Ramos, el magistrado ponente y nos preocupa qui¨¦n ser¨¢ el nuevo: a las taras que ya existen en el sistema de justicia se suman estas fatalidades¡±, se lamenta el abogado M¨¢squez.

Igualmente, la comunidad ind¨ªgena huitoto-murui, llamada Centro Arenal en la regi¨®n Loreto, ha denunciado a la Direcci¨®n General Agraria de esa jurisdicci¨®n porque desde 1997 entrega t¨ªtulos irregularmente a terceros, mediante ¡°mecanismos de simulaci¨®n de adjudicaci¨®n de predios¡± pertenecientes a la comunidad. Los beneficiados por dicho tr¨¢fico de tierras conforman un caser¨ªo llamado Picuro Yacu, del que m¨¢s de 400 hect¨¢reas se superponen con el territorio de Centro Arenal.

En un v¨ªdeo grabado por el abogado Marcos Chung, el apu (jefe ind¨ªgena) de Centro Arenal, informa que desde que el Ministerio de Transportes anunci¨® la construcci¨®n de una carretera que atraviesa la comunidad, invasores han abierto una trocha para extraer madera ilegalmente. ¡°Esto que ven ¡ªdice mostrando el bosque comunal¡ª la pr¨®xima semana ya no va a estar¡±, denuncia Arthur Cruz, mientras se escucha el ruido de fondo de las m¨¢quinas taladoras.

¡°El ministerio nunca consult¨® previamente al pueblo ind¨ªgena acerca del proyecto de la carretera¡±, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, a?ade el dirigente. En otro punto de la Amazonia, una organizaci¨®n ind¨ªgena de la regi¨®n Ucayali ha denunciado hace dos meses a depredadores de bosques comunales: unos siembran coca con tractores, otros lavan oro ilegalmente en las riberas del r¨ªo Ucayali. ¡°No tengo exactamente la dimensi¨®n, pero son 13 comunidades ind¨ªgenas y cuatro caser¨ªos (de colonos) los m¨¢s afectados por los cocaleros y los taladores ilegales¡±, comenta Misael V¨¢squez, presidente de la Organizaci¨®n de Desarrollo de las Comunidades Nativas del Distrito de Tahuania (Ordeconadit). ¡°Hemos visto a las madereras, los tronqueros, los narcotraficantes invadiendo territorios. Tenemos mucho miedo, porque somos ind¨ªgenas no nos hacen caso. Cuando vamos a denunciar nos dicen que no entregamos evidencias: no tenemos justicia porque no tenemos plata¡±, a?ade por tel¨¦fono Lourdes Urqu¨ªa, dirigente de Ordeconadit.

Tronqueros llaman a los grandes camiones sin identificaci¨®n que trasladan la madera extra¨ªda ilegalmente. V¨¢squez reporta que a¨²n no hay resultados de las denuncias que han presentado a la polic¨ªa por la invasi¨®n de territorios de Tahuan¨ªa con decenas de hect¨¢reas sembradas de coca. Los ind¨ªgenas est¨¢n entre los primeros colaboradores de la Fiscal¨ªa Ambiental, recientemente interceptaron 243 piezas de madera taladas ilegalmente en el distrito. Indica que los invasores y las empresas ¡°est¨¢n invirtiendo en peque?os tractores, incentivan las peque?as actividades. Es una corrupci¨®n muy inmensa¡±, comenta. Aunque tiene esperanza en que la amenaza no vaya a m¨¢s, dado que el gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo, fue detenido la semana pasada a ra¨ªz de una investigaci¨®n fiscal sobre corrupci¨®n en contrataciones estatales durante el primer a?o de la pandemia.

Un caso sobre pueblos en aislamiento

El acaparamiento de tierras ocurre tambi¨¦n en una zona donde viven pueblos ind¨ªgenas en aislamiento voluntario en una regi¨®n fronteriza con Bolivia y Brasil. La Federaci¨®n Nativa de Madre de Dios (Fenamad) ha cuestionado p¨²blicamente a la maderera Canales Tahuamanu, que vali¨¦ndose de un limbo legal ¡ªsobre las actividades permitidas en reservas ind¨ªgenas¡ª extrae madera de una zona donde est¨¢ documentada la presencia de poblaci¨®n mashco piro. Incluso durante la pandemia, seg¨²n critica Daniel Rodr¨ªguez, antrop¨®logo y asesor de Fenamad, el Ministerio de Salud aprob¨® en 2020, durante la cuarentena de la covid-19, que la maderera pudiera seguir operando concesiones forestales en la Reserva Territorial Madre de Dios en la que ancestralmente est¨¢ asentado el pueblo mashco piro.

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