Espa?a sacar¨¢ del limbo legal los suelos contaminados por accidentes nucleares tras a?os de ignorar el problema

Silencio. Quiz¨¢s sea la palabra que mejor resume todo lo que rodea a los suelos contaminados por accidentes nucleares en Espa?a. Silencio durante la dictadura, pero tambi¨¦n en democracia. Porque ministerios y organismos p¨²blicos con competencias en este asunto ¡ªcomo el Centro de Investigaciones Energ¨¦ticas, Medioambientales y Tecnol¨®gicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)¡ª siguen callando o se pasan la pelota de unos a otros. Una parte importante del problema reside en que los distintos gobiernos centrales han dejado guardada en un caj¨®n durante m¨¢s de una d¨¦cada una modificaci¨®n de la Ley sobre Energ¨ªa Nuclear, una norma franquista que todav¨ªa sigue en vigor. Ese cambio en la ley de 1964 es necesario para que en Espa?a se pueda declarar oficialmente un terreno contaminado por radiactividad y terminar as¨ª con el vac¨ªo legal existente.

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez se ha comprometido ahora en su plan anual normativo de 2022 a aprobar por fin esa modificaci¨®n que permitir¨¢ que se elabore un inventario oficial de las zonas afectadas. De momento, el CSN reconoce seis emplazamientos, entre los que est¨¢n el canal del Jarama ¡ªdonde hay enterramientos clandestinos de lodos radiactivos resultantes de una fuga en 1970 desde un reactor experimental situado en Madrid¡ª y Palomares ¡ªla pedan¨ªa almeriense sobre la que cayeron varias bombas nucleares en 1966¡ª. Tambi¨¦n otros que ¡°presentan radiactividad¡± ya sea por accidentes o por actividades industriales, como es el caso de las balsas de Fosfoyesos de Huelva.

La inclusi¨®n de esta modificaci¨®n en el plan normativo de 2022 llega despu¨¦s de que la Comisi¨®n Europea enviara en junio al Gobierno un dictamen motivado en el que amenaza con llevar a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de la UE si no cumple con la directiva que obliga a los pa¨ªses miembros a tener estrategias de control y seguimiento de las zonas contaminadas por radiactividad. Los Estados deben delimitarlas y fijar las medidas para su descontaminaci¨®n o para restringir los usos de los suelos, seg¨²n esa directiva de 2013 que Espa?a sigue incumpliendo. El CSN tambi¨¦n envi¨® al Ejecutivo una carta este verano recordando la necesidad de modificar la ley de 1964, seg¨²n fuentes conocedoras de este caso. Este organismo pidi¨® lo mismo a principios de la d¨¦cada pasada al Gobierno del PP, que en 2014 lleg¨® incluso a redactar esa reforma pero que tampoco la aprob¨®.

Una vez se haya acometido esa modificaci¨®n, que tambi¨¦n reclam¨® el Senado al Ejecutivo en 2018, el Gobierno a trav¨¦s de un real decreto deber¨ªa establecer los criterios necesarios para elaborar el inventario de zonas afectadas y las estrategias que se deben seguir en cada caso para su descontaminaci¨®n o la limitaci¨®n de los usos a partir de los datos recopilados por el CSN.

Pero, mientras llega esa reforma prometida de la ley y ese inventario, las zonas afectadas por contaminaci¨®n radiol¨®gica siguen en el limbo legal. En algunos casos ni siquiera est¨¢n se?alizadas ni caracterizadas completamente a pesar de que el CSN ha reconocido que existe presencia de radiactividad. As¨ª ocurre, por ejemplo, con los enterramientos de los lodos con Cesio-137 y Estroncio-90 que hay en varios puntos del canal de riego del Jarama.

En noviembre de 1970 varias decenas de litros de l¨ªquido altamente radiactivo procedentes del reactor experimental que hab¨ªa en el Centro Nacional de Energ¨ªa Nuclear Juan Vig¨®n, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid, acabaron en las alcantarillas. El vertido fluy¨® por el Manzanares, el Jarama, el canal de riego de este r¨ªo y, finalmente, el Tajo. El franquismo trat¨® de ocultar el accidente y realiz¨® una operaci¨®n de limpieza en el canal de riego ¡ªa los agricultores de la zona se les dijo que el vertido hab¨ªa sido de gas¨®leo¡ª. La acequia se dren¨® y parte de las tierras contaminadas fueron a parar al almac¨¦n de El Cabril, en C¨®rdoba. Pero otra parte se enterr¨® secretamente en al menos ocho zanjas junto al mismo canal, las conocidas como banquetas del Jarama.

Estos cementerios de residuos nucleares permanecieron en secreto hasta septiembre de 2018, cuando EL PA?S desvel¨® su existencia. En ese momento, el Ciemat y el CSN ¡ªlos dos organismos herederos de la antigua Junta de Energ¨ªa Nuclear del franquismo que fue responsable del accidente y de la limpieza¨D formaron un grupo de trabajo. Seg¨²n fuentes conocedoras de los trabajos de este grupo, el Ciemat en el ¨²ltimo a?o ha realizado una caracterizaci¨®n de la zona con georradar. Pero el Ciemat, dependiente del Ministerio de Ciencia, rechaza dar oficialmente cualquier informaci¨®n sobre esas labores y sostiene que debe ser el CSN el que informe. Y el CSN sostiene que est¨¢ a la espera de que el Ciemat le traslade el estudio sobre la caracterizaci¨®n de estos enterramientos clandestinos.

Mientras estos dos organismos se pasan la pelota, tres a?os y medio despu¨¦s de la formaci¨®n de ese grupo los terrenos en los que se enterraron los residuos nucleares de forma clandestina siguen sin se?alizarse ni acotarse. Cuando en 2018 se desvel¨® la existencia de los cementerios, tanto el Ciemat y como el CSN aseguraron que los niveles de radiactividad de las banquetas no eran ya peligrosos para el ser humano. Pero no existe ning¨²n reconocimiento oficial y p¨²blico de que esos terrenos est¨¦n descontaminados, como tampoco de que est¨¦n contaminados, porque sigue sin aprobarse la reforma de la ley de 1964 que lo permitir¨ªa. Fuentes de ambos organismos achacan a este vac¨ªo legal que no se haya tomado ninguna medida en esos terrenos, como el vallado, la limpieza o su declaraci¨®n oficial como zona segura.

En el plan normativo de 2022 de La Moncloa se se?ala que el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica es el responsable de la reforma de la Ley sobre Energ¨ªa Nuclear. Pero este departamento solo admite que se va a cambiar este a?o para ¡°introducir la definici¨®n de terreno contaminado radiol¨®gicamente¡± y que esto permitir¨¢ que el CSN elabore el inventario de los terrenos afectados, explica un portavoz del ministerio.

?Qui¨¦n se hace responsable?

El silencio ha sido una constante en otro de los casos emblem¨¢ticos de contaminaci¨®n tras un accidente nuclear: Palomares. La completa limpieza de la zona afectada por la ca¨ªda de las bombas at¨®micas tras el accidente de los dos aviones estadounidenses en 1966 todav¨ªa est¨¢ pendiente. Como ocurre en el caso del Jarama, los ministerios y organismos afectados eluden las responsabilidades. Lo sabe bien Jos¨¦ Ignacio Dom¨ªnguez, abogado ambientalista, que junto a Ecologistas en Acci¨®n pidi¨® a la justicia que ordenara la descontaminaci¨®n. Este verano la Audiencia Nacional descart¨® obligar a que se limpie la zona afectada y basaba su decisi¨®n en una ¡°incorrecta articulaci¨®n¡± de la demanda. B¨¢sicamente, los magistrados sosten¨ªan que el CSN, al que los ecologistas ped¨ªan que descontaminara Palomares, ¡°no es el ¨®rgano competente al que deb¨ªan dirigirse¡±.

As¨ª que Dom¨ªnguez escribi¨® al Consejo de Ministros para pedir que el Gobierno lleve a cabo la limpieza. En dos d¨ªas tuvo su respuesta: el 14 de julio el Ministerio de la Presidencia le contest¨® que no era un asunto de su competencia y que ¡°la cuesti¨®n¡± afectar¨ªa ¡°al ¨¢mbito competencial¡± de Transici¨®n Ecol¨®gica. As¨ª que Dom¨ªnguez escribi¨® a ese otro ministerio y, solo cinco d¨ªas despu¨¦s, tuvo su breve respuesta: ¡°Se comunica que con fecha 19 de julio de 2021 se traslada su petici¨®n al Ciemat, por ser de su competencia¡±. Y el 27 de julio lleg¨® la contestaci¨®n del Ciemat, que aseguraba que ¡°no tiene capacidad para realizar la descontaminaci¨®n de los terrenos¡±. Entonces, ?qui¨¦n es el responsable?

Dom¨ªnguez lamenta este ¡°peregrinaje administrativo¡±, que lo ha llevado ahora a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo para que se aclare qui¨¦n es el responsable y para que se fije un plazo para la descontaminaci¨®n de Palomares. ¡°No sabemos qui¨¦n es el competente, todos se lavan las manos¡±, resume este abogado sobre el limbo legal en el que est¨¢n los suelos contaminados por radiactividad en Espa?a.

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