A la caza de los pozos ilegales de Do?ana

La imagen es asombrosa: 770 metros del cauce del arroyo Algaida Quemada, con un ancho de siete metros, cubiertos por completo de pl¨¢stico negro. En el entorno de Do?ana, un agricultor ha ocupado el arroyo p¨²blico que nutre el corredor ecol¨®gico del arroyo La Ca?ada en Almonte (Huelva), y lo ha convertido en una alargada laguna temporal que rodea los invernaderos para regar sus fresas.

Es un ejemplo extremo de la ocupaci¨®n del territorio y de la necesidad de agua que genera la agricultura intensiva a las puertas de la reserva natural. El agricultor decidi¨® impermeabilizar el arroyo al paso por su finca y apropiarse de todo su caudal mediante un motor port¨¢til y tuber¨ªas de pl¨¢stico que lo transportan hasta una enorme balsa de unos 600 metros cuadrados en una colina elevada, desde la que riega por decantaci¨®n sus frutos rojos.

Hace un a?o que los agentes medioambientales de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG) denunciaron al empresario fresero por da?o al dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, pero ah¨ª sigue el arroyo plastificado, su curso natural congelado, las tuber¨ªas, la balsa y los invernaderos a pleno rendimiento. Es una de las consecuencias de una Ley de Aguas muy garantista, que dilata los plazos de recursos y ofrece mucha protecci¨®n al regante, tambi¨¦n al ilegal.

A cierta distancia de la finca dos agentes muestran los planos del corredor fluvial de La Ca?ada, donde se observan con claridad los invernaderos ilegales, fuera de la zona coloreada en amarillo. Hace sol, fr¨ªo y viento este lunes por la ma?ana, y las temporeras extranjeras sonr¨ªen cuando pasan a su lado por los caminos de tierra junto a un invernadero de tantos que copan 13.600 hect¨¢reas en esta provincia andaluza, l¨ªder en la producci¨®n europea de esta fruta.

La presi¨®n de algunos empresarios freseros para obtener agua y su deseo de regularizar fincas ilegales ha llegado esta semana al Parlamento andaluz, que ha aprobado este mi¨¦rcoles iniciar la tramitaci¨®n de una ley para legalizar estas explotaciones con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y la sorpresiva abstenci¨®n del PSOE. La extensi¨®n de estos invernaderos ocupa entre 1.605 hect¨¢reas ¨Dque calcula la derecha andaluza¨D y 1.903 hect¨¢reas, seg¨²n la organizaci¨®n ecologista WWF, que equivalen a 2.664 campos de f¨²tbol. A pesar de que la Comisi¨®n Europea ha amenazado a Espa?a con una multa millonaria y de las peticiones de la Unesco, la iniciativa saldr¨¢ adelante al tramitarse por v¨ªa de urgencia a no ser que lo impida la convocatoria anticipada de elecciones.

Mientras, ajenos a la pol¨¦mica pol¨ªtica, los agentes medioambientales peinan las fincas de la comarca del Condado en busca de pozos ilegales ¨Destimados en un millar¨D que han esquilmado el acu¨ªfero, declarado sobreexplotado por el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica hace un a?o y medio. Desde 2019 los agentes han cerrado 600 captaciones clandestinas, 450 de ellas en procedimientos de regularizaci¨®n y 150 por ejecuci¨®n forzosa.

La casu¨ªstica es muy diversa. ¡°El ilegal no suele ser ilegal del todo, y aunque tiene derechos de agua, cultiva m¨¢s hect¨¢reas de las concedidas. Son zonas atomizadas de entre tres y ocho hect¨¢reas¡±, precisa Antonio Santos, jefe de ¨¢rea de an¨¢lisis de la informaci¨®n y control y vigilancia del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico de la CHG. Es decir, predomina el gris. Son agricultores con invernaderos que quedaron fuera del plan de 2014 para proteger el acu¨ªfero, suelen tener tambi¨¦n plantaciones regularizadas y con derechos de agua adquiridos.

Los agentes medioambientales son los ojos de la Administraci¨®n estatal sobre el terreno, donde la mayor¨ªa de las veces son recibidos con recelo, por lo que necesitan una orden judicial para acceder a las fincas. Buscan sondeos ocultos, balsas y cuadros de luz para la electrificaci¨®n de las fincas. Cuando acceden e identifican un pozo ilegal, levantan acta y lo precintan para inutilizarlo, pero el cierre requiere de un proceso administrativo tortuoso y suele culminar con una obra ejecutada con camiones de tierra sellada con una capa de hormig¨®n.

La experiencia dicta que cuando se cierra un pozo se vuelve a abrir otro, pero lo cierto es que las hect¨¢reas de cultivo bajo pl¨¢stico no autorizadas han ca¨ªdo desde las 1.202 en 2019 a 762 hace un a?o, seg¨²n las im¨¢genes de sat¨¦lite. Estas cifras hacen que los agentes vean con optimismo el problema del riego ilegal, que al final pagan caro la fauna y flora del espacio protegido. El agua bajo tierra no entiende de l¨ªmites burocr¨¢ticos, est¨¢ toda conectada, y los pozos ilegales han provocado que tres masas de agua de Do?ana est¨¦n bajo m¨ªnimos y en situaci¨®n de alerta: La Rocina, Almonte y Marismas.

En un paseo en todoterreno, entre las fincas brotan los esqueletos de metal que sustentan los invernaderos. Son cultivos clausurados, sin pl¨¢stico ni fresones, ar¨¢ndanos o frambuesas, pero donde permanecen en pie los arquillos que el agricultor no ha retirado despu¨¦s de tirar la toalla en su empe?o por extraer agua ilegal. Las competencias en ordenaci¨®n del territorio pertenecen a la Junta de Andaluc¨ªa, que podr¨ªa obligar al empresario fresero a retirar la instalaci¨®n, pero a menudo no lo hace, por falta de voluntad o de medios.

La teledetecci¨®n mediante los sat¨¦lites multiplic¨® la eficacia de los agentes de la CHG y cambi¨® su vigilancia diaria. Ahora el an¨¢lisis de la informaci¨®n permite ver sobre plano mediante capas y filtros de colores y con cierta facilidad qu¨¦ invernaderos est¨¢n fuera de ordenaci¨®n. Todos los datos est¨¢n al alcance de un clic y son accesibles a los agricultores en el geoportal IDE de la Confederaci¨®n. Antes dos agentes se ocupaban de todo el territorio de la corona forestal de Do?ana, ahora son seis y el ministerio avanza que ser¨¢n m¨¢s, aunque sin dar fecha.

A pesar de que la presi¨®n sobre los esquilmadores aumenta, la demora de los procesos administrativos y judiciales sigue siendo muy alta, de hasta siete a?os. La justicia ha respaldado la inmensa mayor¨ªa de las actuaciones de los agentes y de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente, que ha denunciado a decenas de agricultores que decidieron extraer agua sin permisos. La comunidad de regantes del Condado dispone de 1.414 hect¨¢reas con 544 captaciones legales que extraen del acu¨ªfero 6,4 hect¨®metros c¨²bicos al a?o. Todo lo que se salga de esas cifras oficiales es perseguido por los agentes. El agricultor que ocup¨® el arroyo Algaida Quemada, que tiene hect¨¢reas legalizadas y otras fuera de ordenaci¨®n, rechaza ofrecer sus argumentos para justificar el expolio: ¡°No voy a contestarle¡±.

Detr¨¢s del trabajo de los agentes late la problem¨¢tica de los derechos de agua, que los agricultores sortean mediante sondeos clandestinos tapados a veces con maleza y cuyas tuber¨ªas entierran para que se pierda el rastro y as¨ª despistar a los agentes. Estos han detectado conducciones enterradas de hasta 14 kil¨®metros en los bosques de Lucena del Puerto, entre los pozos y los invernaderos. Y de fondo est¨¢n los supermercados que venden las fresas, cada vez m¨¢s concienciados de que el consumidor quiere saber si al comprarlas contribuye a desecar un poco m¨¢s Do?ana.

Dado el territorio tan vasto que deben cubrir los agentes medioambientales, la confederaci¨®n ha a?adido la inteligencia artificial para afinar su tarea en la elaboraci¨®n de datos en un convenio firmado con la Universidad de Sevilla. Adem¨¢s, gracias a la telemetr¨ªa, los dispositivos que se ir¨¢n instalando en los pozos legales mandar¨¢n una se?al continua sobre el agua extra¨ªda, que se sumar¨¢n a otros datos como los derechos inscritos, la superficie regularizada y declarada para ayudas p¨²blicas, y los niveles de los piez¨®metros de cada zona. ¡°Pretendemos generalizarlos y si la experiencia sale bien aqu¨ª, la exportaremos al resto de la cuenca para que el control del agua extra¨ªda sea cada vez m¨¢s certero¡±, concluye Santos.

M¨¢s hect¨¢reas de regad¨ªo

La organizaci¨®n ecologista WWF ha elevado este martes las hect¨¢reas beneficiadas por la reforma legal prevista por la derecha andaluza de las 1.460 iniciales a 1.903, seg¨²n un estudio con im¨¢genes de teledetecci¨®n. Los t¨¦cnicos de esta ONG conservacionista precisan que el consumo de agua de estas nuevas hect¨¢reas al borde de Do?ana aumentar¨¢ entre siete y nueve hect¨®metros al a?o. ¡°Esto tendr¨ªa un efecto dram¨¢tico para el acu¨ªfero, en un escenario de sequ¨ªa extraordinaria¡±, ha censurado Felipe Fuentelsaz, coordinador de proyectos de agua y agricultura de WWF.

La proposici¨®n de ley presentada por PP, Cs y Vox menciona una superficie de 1.600 hect¨¢reas que se convertir¨ªan en suelo agr¨ªcola regable tras la reforma legal, aunque los propios dirigentes de los dos partidos que gobiernan en Andaluc¨ªa y la ultraderecha han reducido las hect¨¢reas beneficiadas a la mitad de lo que dice su propio texto, 800 hect¨¢reas, para minimizar su impacto. Los parlamentarios que defienden la iniciativa alegan que defienden los ¡°derechos hist¨®ricos¡± de los freseros que cultivan sus invernaderos hace a?os. ¡°Es como si el que trae tabaco desde Gibraltar a Espa?a alega un derecho hist¨®rico porque lleva desde siempre tray¨¦ndolo¡±, ha censurado Juan Jos¨¦ Carmona, abogado de WWF.

Del nuevo c¨¢lculo ofrecido por esta organizaci¨®n de 1.903 hect¨¢reas, 1.432 corresponden a terrenos fuera de la superficie regularizable y 471 cultivados en suelos de uso forestal que podr¨ªan acogerse a la reforma legal propuesta.

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