Espa?a reclama a Bruselas que no d¨¦ marcha atr¨¢s en las obligaciones verdes para las empresas
Transici¨®n Ecol¨®gica env¨ªa un escrito a la Comisi¨®n en el que advierte de que el proceso de simplificaci¨®n de la burocracia no puede ¡°cuestionar¡± la ¡°ambici¨®n en los valores europeos clave¡±
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La UE se convirti¨® durante el anterior mandato de la Comisi¨®n Europea en el referente internacional en regulaci¨®n sobre finanzas verdes al establecer herramientas para que las empresas informen de su huella medioambiental y marcar criterios a trav¨¦s de la denominada taxonom¨ªa, la clasificaci¨®n en la que se establece qu¨¦ inversiones se pueden considerar realmente que aportan a la lucha contra el cambio clim¨¢tico. Pero, con una Comisi¨®n mucho m¨¢s derechizada tras las ¨²ltimas elecciones europeas, ese edificio legislativo corre el riesgo de saltar por los aires. El 26 de febrero Bruselas tiene previsto presentar la primera tanda de su reglamento ¨®mnibus, cuya raz¨®n es avanzar en una simplificaci¨®n normativa ante las quejas de algunas empresas. Sin embargo, una pulsi¨®n desregulatoria recorre Europa y los que antes eran los grandes defensores de esa taxonom¨ªa y esas obligaciones de reporte para las empresas ¡ªcomo el presidente franc¨¦s, Emmanuel Macron, y el canciller alem¨¢n, Olaf Scholz¡ª tienen en el punto de mira esas normas verdes. En este contexto, el Gobierno de Espa?a ha enviado este lunes una carta a la Comisi¨®n Europea en la que advierte de que la necesaria ¡°simplificaci¨®n¡± no debe ¡°cuestionar¡± la ¡°ambici¨®n en los valores europeos clave¡±.
¡°La consecuci¨®n de nuestros objetivos clim¨¢ticos y el refuerzo de la agenda verde contribuir¨¢n en gran medida a reforzar la competitividad de la Uni¨®n Europea¡±, se sostiene en el escrito enviado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Sara Aagesen, que tambi¨¦n firma el ministro de Econom¨ªa, Carlos Cuerpo. Los destinatarios son cuatro comisarios que est¨¢n encima de esta reforma ¨®mnibus, entre los que figura la vicepresidenta europea Teresa Ribera. El Gobierno espa?ol, que no rechaza que se tenga que acometer un proceso de simplificaci¨®n, quiere sin embargo que se quede en una intervenci¨®n quir¨²rgica de precisi¨®n. ¡°Pero lo que se est¨¢ planteando ahora es una operaci¨®n a coraz¨®n abierto, con el riesgo de demolici¨®n¡±, advierten fuentes conocedoras del proceso y que en su d¨ªa estuvieron muy encima de la configuraci¨®n de la taxonom¨ªa.
En la carta, Espa?a establece varias l¨ªneas rojas. Por ejemplo, exige que en lo referido a la taxonom¨ªa ¡ªque en el escrito define como ¡°la piedra angular del marco de finanzas sostenibles de la UE¡±¡ª el plan de simplificaci¨®n deber¨ªa circunscribirse al nivel 2 de los actos delegados, es decir, a los reglamentos de desarrollo. Pero no se debe reabrir el nivel 1, algo as¨ª como la ley en la que se establecen las definiciones sobre qu¨¦ se puede considerar inversiones sostenibles y las obligaciones generales para las empresas. El temor de los defensores de estas herramientas de finanzas verdes es que si se abre este mel¨®n del nivel 1 en este contexto, para volver a negociarlo con los pa¨ªses y las instituciones europeas, esto pueda significar su fin. ¡°Se puede mejorar la taxonom¨ªa y reducir la carga de presentaci¨®n de informes evitando la reapertura de la legislaci¨®n de nivel 1¡å, apuntala el Ejecutivo espa?ol.
En el caso de la llamada directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD, por sus siglas en ingl¨¦s), que cost¨® mucho sacar adelante el pasado a?o y se rebaj¨® considerablemente en las negociaciones entre las instituciones comunitarias, Espa?a exige directamente que no se toque: ¡°debemos proporcionar la certidumbre necesaria a las empresas que ya est¨¢n trabajando con vistas a la aplicaci¨®n de esta directiva en los pr¨®ximos a?os. Cualquier orientaci¨®n adicional que pueda ser necesaria, se abordar¨¢ en las directrices que se est¨¢n preparando actualmente¡±. Pero la norma general, de nuevo, no debe tocarse, apunta el escrito del Ejecutivo nacional. Esta directiva obliga a las empresas a prevenir, mitigar, corregir y reparar los efectos adversos en el medio ambiente y en los derechos humanos que puedan ocasionar sus operaciones y las de sus filiales, teniendo en cuenta su cadena de valor. Es decir, que se consideren los efectos negativos que puedan provocar sus actividades tambi¨¦n fuera de las fronteras europeas directa o indirectamente.
El Ejecutivo deja claro en su escrito que ¡°alcanzar nuestros objetivos clim¨¢ticos y reforzar la agenda verde es esencial para seguir construyendo una Uni¨®n Europea m¨¢s sostenible, resiliente y competitiva¡±. En esa l¨ªnea, la vicepresidenta Aagesen advert¨ªa este domingo en una entrevista en EL PA?S que en el Gobierno iban ¡°a estar muy atentos¡± a todo el proceso de simplificaci¨®n del reglamento ¨®mnibus y que no contemplaban ¡°la posibilidad de dar se?ales que distorsionen, por ejemplo, al mundo financiero¡±. ¡°Los inversores piden certidumbre y eso es lo que ha dado Europa con nuestra agenda de transici¨®n ecol¨®gica¡±, a?ad¨ªa. Y en la carta defiende que son ¡°esenciales¡± los requisitos ¡°s¨®lidos de informaci¨®n clim¨¢tica¡± para las empresas. Espa?a s¨ª se muestra partidaria de dar algo m¨¢s de margen y retrasar el calendario de aplicaci¨®n para los informes que deben presentar las peque?as y medianas empresas. Pero insisten en que todas las empresas deben estar sujetas a ¡°informes clim¨¢ticos obligatorios, aunque proporcionados¡±.
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El proceso de ¡°simplificaci¨®n sin precedentes¡± abierto por la UE tiene como objetivo declarado ¡°liberar oportunidades, innovaci¨®n y crecimiento¡±, seg¨²n Bruselas. Se busca reducir la carga administrativa un 25% para las empresas en general y un 35% en el caso de las pymes. Pero el temor manifestado por muchos observadores ¡ªy pa¨ªses como Espa?a¡ª es que este masivo recorte de ¡°burocracia¡± afecte sobre todo a los est¨¢ndares medioambientales construidos ¡ªy algunos a¨²n por consolidar¡ª durante el anterior mandato de Ursula von der Leyen en el que la estrategia de crecimiento de la UE se bas¨® en una transici¨®n ecol¨®gica que permita alcanzar la neutralidad clim¨¢tica en 2050, el denominado Pacto Verde. Pese a desmentidos m¨¢s o menos tibios de la propia Comisi¨®n, el mismo calendario de simplificaci¨®n refuerza estos temores: el denominado ¡°paquete ¨®mnibus de simplificaci¨®n¡± se divide en tres partes. Las propuestas de simplificaci¨®n en torno a la ¡°sostenibilidad¡± ser¨¢n las primeras que presente el Ejecutivo europeo, este mismo trimestre.
La propuesta busca, seg¨²n adelant¨® la Comisi¨®n, una ¡°simplificaci¨®n de gran alcance en los ¨¢mbitos de la informaci¨®n sobre finanzas sostenibles, la diligencia debida en materia de sostenibilidad y la taxonom¨ªa¡±. Para ello, promete Bruselas, se ¡°garantizar¨¢ una mejor adecuaci¨®n de los requisitos a las necesidades de los inversores, plazos proporcionados, par¨¢metros financieros que no desincentiven las inversiones en peque?as empresas en transici¨®n y obligaciones proporcionadas a la escala de actividades de las distintas empresas¡±.
Las primeras reuniones de la Comisi¨®n con grupos de inter¨¦s ya se est¨¢n produciendo. A comienzos de mes, la uni¨®n sindical europea ETUC denunci¨® precisamente que una reuni¨®n a puerta cerrada para discutir la simplificaci¨®n de la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa ¡ªya muy rebajada a instancias de Francia y Alemania¡ª y la CSDR cont¨® con una masiva presencia empresarial, 57 representantes invitados, entre ellos lobistas de los gigantes petroleros ExxonMobil y TotalEnergies, y solo dos representantes sindicales y 10 ONG, una proporci¨®n de cinco a uno.
La carta espa?ola llega en un momento de grandes presiones, sobre todo desde Berl¨ªn y Par¨ªs, para que la Comisi¨®n rebaje o retrase esas normas medioambientales clave como la CSDDD o la directiva sobre informaci¨®n corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en ingl¨¦s). Seg¨²n revel¨® Politico en enero, el Gobierno franc¨¦s ha propuesto que la entrada en vigor de la directiva de diligencia debida sea pospuesta sine die. Mientras, tanto Macron como el canciller alem¨¢n, Olaf Scholz, quieren un aplazamiento de dos a?os para la CSRD. En una carta de Scholz a Von der Leyen enviada el 2 de enero, el canciller socialdem¨®crata tambi¨¦n presion¨® para lograr un aumento de los umbrales de facturaci¨®n y del n¨²mero de empleados en la normativa que regula los informes de sostenibilidad de las empresas.
En una nueva misiva, con fecha del viernes pasado y enviada a los vicepresidentes de la Comisi¨®n para Prosperidad y Estrategia Industria, St¨¦phane S¨¦journ¨¦, y de Derechos Sociales, Roxana Minzatu, as¨ª como al comisario de Econom¨ªa, Valdis Dombrovskis ¡ªprincipal encargado de la simplificaci¨®n¡ª, el Gobierno alem¨¢n insiste en la importancia de un ¡°alivio notable¡± de los requisitos de informaci¨®n sobre sostenibilidad de las empresas y del reglamento sobre taxonom¨ªa, aunque, subrayan, ¡°sin comprometer para ello los objetivos acordados en el Pacto Verde¡±. Entre otras cosas, la carta, consultada por EL PA?S, propone ¡°reducir al m¨ªnimo absolutamente necesario¡± los requisitos de informaci¨®n sobre sostenibilidad de la tarificaci¨®n del carbono y el arancel propuesto por el Ejecutivo europeo para que los productos fabricados fuera de la UE con menos est¨¢ndares medioambientales paguen para compensar esa ventaja competitiva.
A su llegada al Eurogrupo este lunes, Kukies ha ¡°alentado¡± a la Comisi¨®n para que tome medidas ¡°muy decisivas¡± en su primer paquete legislativo de simplificaci¨®n, centrado en la sostenibilidad. ¡°Es urgente reducir las obligaciones de informaci¨®n y racionalizar el sistema¡±, porque las cargas burocr¨¢ticas son uno de los ¡°mayores frenos¡± al crecimiento de la econom¨ªa alemana y europea, ha declarado. ¡°Es muy importante que la Comisi¨®n presente una propuesta de gran alcance y que la considere tambi¨¦n como un preludio para entrar en otros ¨¢mbitos¡±, ha agregado.
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