Un exconsejero de Murcia y un director general de Valencia, al banquillo por la contaminaci¨®n del mar Menor

El exconsejero murciano de Agricultura y Agua Antonio Cerd¨¢ y el excomisario de Aguas de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS) y actual director general del Agua de la Generalitat Valenciana, Manuel Aldeguer, se sentar¨¢n en el banquillo por su presunta responsabilidad en los vertidos de aguas contaminadas procedentes de desaladoras ilegales al mar Menor. El juez que instruye el denominado ¡°caso Topillo¡±, que investiga esos vertidos que en buena medida han contribuido al actual estado de colapso de la laguna litoral, ha ordenado la apertura de juicio oral contra los dos dirigentes pol¨ªticos, a los que imputa posibles delitos de prevaricaci¨®n, y tambi¨¦n contra 37 empresas agr¨ªcolas del Campo de Cartagena, a las que acusa de posibles delitos contra el medio ambiente.

La resoluci¨®n, hecha p¨²blica este viernes, considera que Cerd¨¢ y Aldeguer pudieron incurrir en conductas de prevaricaci¨®n ambiental por omisi¨®n de las inspecciones obligatorias a las empresas y explotaciones que generaban esos vertidos ilegales, pese a conocer que se estaban utilizando en la zona desalobradoras sin autorizaci¨®n, que generan contaminantes que eran desechados directamente sobre el Mar Menor. El pasado 19 de enero, la Fiscal¨ªa ya solicit¨® penas de 21 meses de prisi¨®n para los dos ex altos cargos, adem¨¢s de multas de 5.760 euros e inhabilitaci¨®n especial para ejercer cualquier cargo p¨²blico durante 9 a?os.

Por su parte, las acusaciones populares del caso, integradas por los grupos ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acci¨®n, ANSE y SEO/Birdlife elevan hasta los tres a?os las peticiones de penas de prisi¨®n para ambos acusados y hasta 8.640 euros las multas. Para las empresas agr¨ªcolas que ir¨¢n a juicio, el fiscal solicitaba penas de entre cinco meses y seis a?os de prisi¨®n y multas de entre 1.800 hasta 1,7 millones de euros por los da?os causados.

El juez les impone ahora a esas empresas fianzas que suman un importe total de 16,25 millones de euros y declara que el asunto se juzgar¨¢ en la Audiencia Provincial de Murcia. Tambi¨¦n desestima un total de ocho recursos presentados por los acusados, que se basaban en la falta de indicios suficientes o la falta de competencia del juzgado. Y recuerda en su auto que esta ¡°no es una causa general sobre todos y cada uno de los factores que han podido influir en la degradaci¨®n¡± del mar Menor, porque eso ser¨ªa ¡°una cuesti¨®n inabarcable¡±, sino que se centra solo en la actuaci¨®n de determinados cargos pol¨ªticos y empresas agr¨ªcolas que pudieran haber afectado a ese ecosistema.

Una segunda parte de este mismo caso ha sido recientemente dividida en 39 procesos judiciales diferentes, uno por cada una de las compa?¨ªas acusadas, para individualizar as¨ª los posibles delitos cometidos en cada caso. Respecto a la segunda pieza, recientemente escindida, el instructor desestima en una resoluci¨®n los recursos planteados contra el auto que acordaba la pr¨®rroga de las actuaciones por falta de competencia del juzgado n¨²mero 2 de Murcia. El magistrado insiste en su necesidad por la complejidad de las actuaciones que hab¨ªan de practicarse y el corto lapso restante para la extinci¨®n del plazo de instrucci¨®n y recuerda que esta resoluci¨®n fue anterior a la inhibici¨®n.

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