El cerco a los 250 agricultores con cultivos ilegales en Do?ana se estrecha

Cientos de agricultores freseros en el entorno de Do?ana han expoliado durante d¨¦cadas el acu¨ªfero de la reserva y una multa tras otra no les han disuadido de cultivar al margen de la ley. Sin embargo, es posible que esta vez sea distinta. El asedio de las autoridades ¨Dagentes medioambientales, guarder¨ªa fluvial, Seprona y la Fiscal¨ªa de Huelva con condenas penales, pero sin c¨¢rcel¨D tuvo hace 10 d¨ªas un episodio in¨¦dito hasta ahora: la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional pidi¨® al Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica y Reto Demogr¨¢fico que cierre las 250 fincas detectadas por la Guardia Civil como ilegales por carecer de permiso o sobrepasarlo. Y que lo haga mediante precintos o multas coercitivas, cualquier m¨¦todo radical que impida la sucesi¨®n eterna de pozos ilegales, seg¨²n confirman fuentes del ministerio p¨²blico.

El paso dado es trascendental por la contundencia que implica la ¡°suspensi¨®n temporal de actividades¡± solicitada por la Fiscal¨ªa, justificada para evitar que se sigan extrayendo aguas subterr¨¢neas. El grave da?o medioambiental ha minado los niveles del acu¨ªfero y provocado que desaparezcan la inmensa mayor¨ªa de humedales del parque nacional. Otra cosa es c¨®mo interprete el ministerio la urgencia de ese cierre masivo e inmediato de fincas, ya que tendr¨¢ que detallar con informes t¨¦cnicos la carencia de permisos legales para regar o que los agricultores hayan sobrepasado la cantidad de litros permitida.

Al margen de la medida de suspensi¨®n inmediata, el plazo para completar el expediente administrativo en marcha y fulminar esas 250 fincas agr¨ªcolas ¨D198 en Huelva, 51 en Sevilla y una en C¨¢diz¨D es de solo seis meses. Pero los agricultores recurrir¨¢n previsiblemente las decisiones del Ministerio ante la justicia contencioso-administrativa para intentar retrasarlas al m¨¢ximo, como siempre han hecho. Pondr¨¢n palos en la rueda administrativa para ganar tiempo, apurar m¨¢s cosechas lucrativas, antes de que muchos de ellos se acojan a las ayudas econ¨®micas anunciadas hace 15 meses por el Ministerio y la Junta de Andaluc¨ªa.

Porque esa es la gran paradoja de esta historia: el mismo Estado que ha iniciado el mecanismo m¨¢s dr¨¢stico para acabar de una vez con los cultivos de esos agricultores esquilmadores y exigirles la reparaci¨®n ambiental, les conceder¨¢ jugosas ayudas econ¨®micas de hasta 100.000 euros por hect¨¢rea para que las abandonen. El Ministerio cerr¨® un acuerdo por Do?ana con la Junta de Andaluc¨ªa a finales de 2023 para compensar a los freseros y lograr que abandonen los cultivos junto al parque a cambio de muchos ceros. Ser¨¢ el dinero o los expedientes y la presi¨®n de las multas acumuladas durante a?os lo que acabe con esos agricultores, pero todo apunta a que m¨¢s pronto que tarde el expolio finalizar¨¢ y el acu¨ªfero recuperar¨¢ sus niveles de anta?o si el cambio clim¨¢tico lo permite.

De momento, con la petici¨®n de la Fiscal¨ªa a¨²n fresca, Transici¨®n Ecol¨®gica no confirma el paso de cerrar fincas y conf¨ªa en que la presi¨®n de sus agentes medioambientales surta efecto. El cierre progresivo de cada vez m¨¢s pozos ilegales acabar¨¢ pronto con los esquilmadores, seg¨²n el Ministerio, aunque a¨²n restan 560 hect¨¢reas fuera de ordenaci¨®n, seg¨²n sus ¨²ltimos datos. ¡°Trabajamos desde 2018 en la l¨ªnea que la Fiscal¨ªa propone con resultados muy notorios que han reducido un 20% la superficie y un objetivo claro: cero pozos ilegales. Como ya hemos logrado en el mar Menor, donde tenemos activo un modelo de restauraci¨®n hermano del que tenemos en Do?ana¡±, destacan fuentes del Departamento de Sara Aagesen.

En los ¨²ltimos siete a?os, la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, el brazo del Ministerio en Do?ana, ha tramitado 1.272 expedientes sancionadores con 14 millones en multas y restauraci¨®n de da?os al dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, cantidad de la que no detalla cu¨¢nto han podido cobrar a los agricultores.

La petici¨®n de la Fiscal¨ªa del pasado viernes procede de la condena a Espa?a por el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea en 2021 y su petici¨®n para atajar el expolio del agua est¨¢ recogida en la Ley de responsabilidad ambiental de 2007, aplicada en casos muy contados durante estos 18 a?os en vigor. Entre ellos, el de los agricultores que minaron la Albufera de Valencia y otro por la muerte de miles de aves que causaron torres de alta tensi¨®n, ambos cerrados con acuerdos de medidas correctoras entre la Generalitat valenciana y los agricultores y las compa?¨ªas el¨¦ctricas, tras previas denuncias de la Fiscal¨ªa.

Esa ley de responsabilidad ambiental que surgi¨® tras una directiva europea achaca a la administraci¨®n p¨²blica ¨Den este caso Transici¨®n Ecol¨®gica¨D el deber de restaurar el acu¨ªfero de Do?ana, y no a los agricultores como causantes del da?o provocado. Por eso, la Fiscal¨ªa recibir¨¢ informes del avance de las acciones desde el Ministerio y si el saqueo no se frena, el ministerio p¨²blico denunciar¨¢ al Ministerio ante la justicia contencioso-administrativa, si considera que la soluci¨®n no es ¨®ptima para proteger el acu¨ªfero.

Entre la Fiscal¨ªa que pide velocidad y el Ministerio que conf¨ªa en que su labor dar¨¢ resultados definitivos antes o despu¨¦s, el equilibrio parece dif¨ªcil. Transici¨®n Ecol¨®gica recuerda que hace siete a?os los agricultores con pozos clandestinos copaban 1.200 hect¨¢reas, y estas se han reducido hoy a menos de la mitad, 560 hect¨¢reas. Adem¨¢s, conf¨ªa en que la desaparici¨®n de invernaderos ilegales se acelere gracias al nuevo sistema de teledetecci¨®n que con inteligencia artificial ha pegado un aceler¨®n el ¨²ltimo a?o: las hect¨¢reas ilegales han bajado de 707 a 560, un 20% menos. Mientras, la Fiscal¨ªa exige resultados ¨¢giles con medidas cautelares que frenen en seco el da?o, y le pide que abra 250 piezas contra esos 250 agricultores, identificados por los agentes del Seprona entre 2022 y 2023, para as¨ª ser m¨¢s eficaces.

Los agricultores sin permisos fueron apoyados por el PP andaluz, que tramit¨® una proposici¨®n de ley para ampliar regad¨ªos y que solo retir¨® tras alcanzar el acuerdo con el Ministerio por 350 millones para la comarca m¨¢s afectada, la de El Condado en Huelva. Para organizarse crearon la Plataforma en defensa de los regad¨ªos del Condado, cuyo portavoz ha rechazado pronunciarse sobre este ¨²ltimo movimiento de la Fiscal¨ªa.

La lluvia de ayudas millonarias para los 14 municipios del entorno de Do?ana, empresarios freseros y otros que en Sevilla cultivan frutales con y sin permisos de agua, est¨¢ al caer tras 15 meses de reuniones. Del total de ayudas directas con 150 millones, los primeros 40 millones saldr¨¢n ofertados esta primavera para los agricultores que supriman sus invernaderos para devolverlos a su estado natural y otros que los sustituyan por proyectos innovadores para la mejora ambiental del territorio.

Los expertos coinciden en que Do?ana ha alcanzado su punto cr¨ªtico, con el n¨²mero de aves migratorias en ca¨ªda libre, la muerte de numerosos alcornoques centenarios y ya sin humedales permanentes, todos temporales. Parece que esa alerta roja ha calado en los pol¨ªticos, tambi¨¦n entre los populares, que se posicionaron en el bando de los agricultores al margen de la ley.

¡°En los ¨²ltimos a?os la presi¨®n ha sido grande. Pero cuando los agentes medioambientales o incluso el Seprona acud¨ªan a las fincas, los agricultores no abr¨ªan las puertas y hac¨ªa falta autorizaci¨®n judicial. Ahora con los drones, las ortofotos y m¨¢s digitalizaci¨®n, la situaci¨®n ha cambiado¡±, afirma el comisionado para el acuerdo de Do?ana de la Junta, Jaime Mora. ¡°El plan ser¨¢ la soluci¨®n definitiva porque muchos agricultores optar¨¢n a las ayudas y tanto la Junta como el Ministerio les hemos dicho que no se ampliar¨¢n regad¨ªos ni habr¨¢ amnist¨ªa. Hubo a?os en que el mensaje no fue tan firme. Ahora es susto o muerte. Cuando acaben las ayudas habr¨¢ una mano dura terrible porque ya no habr¨¢ m¨¢s excusas¡±, concluye Mora.